Por Sara Mejía Rodríguez

Ilustración: ÁCIDO

Hacia el año 2013 en Copacabana se levantaba la nueva sede de uno de los colegios más importantes del municipio, la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, con una infraestructura imponente, en lo alto de una montaña y visible desde casi cualquier calle. Era construido sobre el terreno de la finca Las Catas, antigua finca de uno de los narcotraficantes más reconocidos que haya tenido este municipio ubicado a 30 minutos de Medellín y al que la ruralidad lo constituye casi en un 70%. El predio perteneció primero al político conservador J. Emilio Valderrama, quien se la vendió a la familia Correa Arroyave, conocida por personajes como Ramiro Arturo, alias “Pablo Correa”, quien fue socio de Pablo Escobar en la banda “Los Pablos”, y años después fue asesinado por orden de Escobar.  

Allí estudié por unos 3 años y siempre se escuchaban historias sobre este lugar, de lo que solía ser, incluso muchas de ellas eran anécdotas supuestamente paranormales debido a los asesinatos que algunos suponían que ocurrieron ahí; algunos decían que, seguro, había cadáveres enterrados en el predio, otros decían que en eso que parecían ser tanques de reserva de agua había dinero y joyas escondidas. Las historias abundaban y, aunque ninguna de ellas era comprobable, es cierto que existe una oscura historia sobre el narcotráfico y la política sucia alrededor de este inmenso predio y otros tantos del municipio.

Entre los años 1980 y 1982 esta familia Correa creó al menos 4 empresas dedicadas a la construcción, entre ellas Concretos y Asfaltos S.A. (Conasfaltos), una empresa dedicada a “la gestión y ejecución de proyectos viales urbanos y rurales”, como dice en su página de internet. Aunque Fabio Castillo, en su libro “Los Jinetes de la Cocaína”, reveló que desde mediados de la década de los 80 la empresa ya celebraba millonarios contratos con el Estado.

Pero la historia de esta familia no termina con el asesinato de Pablo, pues él no era el único que sostenía nexos y relaciones directas con el narcotráfico y la clase política de este país. En el año 1980 José Miguel Correa compró la hacienda La Clarita, de 34.770 metros cuadrados y ubicada en Ancón, una vereda de Copacabana, a Inversiones Uribe Vélez, específicamente a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 1989 fue intervenida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y en 2003, durante la presidencia de Álvaro Uribe, fue regresada a Inversiones Crear (otra empresa “reencauche” de los Correa Arroyave) por orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En una investigación realizada por el medio periodístico digital Cuestión Pública a un exfuncionario anónimo de la Sociedad Especial de Activos (SAE), se reveló que la intervención realizada a la Hacienda La Clarita posiblemente correspondió a una medida de extinción de dominio.

La información es escasa, de Copacabana no se habla, mucho a pesar de haber sido el sitio donde fue asesinada Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, en el año1991, después de dirigirse allí a realizar una supuesta entrevista a uno de los comandantes del ELN. Esto terminó siendo una especie de engaño, pues realmente fue secuestrada por “Los Extraditables” y estuvo en cautiverio por casi 5 meses. Posteriormente fue asesinada en hechos que aún son confusos, pues algunas versiones dicen que las balas que impactaron su cuerpo provenían de las Fuerzas Armadas, en medio de un rescate fallido, otras dicen que fueron los secuestradores quienes la hirieron.

 Pero algo sí parece ser más claro hoy. En unos documentos desclasificados (“lista negra” del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter) a inicios de abril de 2024 por la agencia National Security Archive (NSA), aparece el nombre de Julio César Turbay. Allí se menciona que, a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, el expresidente sostenía vínculos con el narcotráfico. En estos documentos también se afirma tener información que vincularía a Aníbal Turbay con personas lo suficientemente influyentes dentro de los organismos encargados de “hacer cumplir la ley” en el país, para el momento de la mención Julio César aún era candidato a la presidencia, cargo que posteriormente asumió entre los años 1978 y 1982. Algunos investigadores afirman que el secuestro y posterior asesinato de Diana Turbay fue más una especie de “ajuste de cuentas” a razón de los vínculos de su padre y no una respuesta a su ejercicio periodístico, como se sugirió al comienzo.

25 años después de lo ocurrido, su hija, Maria Carolina Hoyos Turbay y viceministra de las TIC en el año 2016, fue reconocida por el municipio de Copacabana como hija adoptiva. En un acto de homenaje, el entonces alcalde Oscar Restrepo pidió perdón por los hechos ocurridos.

Este municipio, carente de memoria y también de herramientas para crearla, permanece aparentemente tranquilo ante las dinámicas criminales de otros municipios aledaños, aunque ante los ojos de los habitantes no sean un secreto las lujosas fincas, las numerosas caballerizas y los casos, que parecen no tener relación, de capturas a líderes de grupos y bandas poderosas provenientes de municipios del Área Metropolitana. Hay en el municipio quienes aseguran que los poderes políticos y del narcotráfico aquí son lo suficientemente grandes y oscuros como para que tal dinámica no se atreva a pisar fuerte.

Aun así, los habitantes anhelan el día en que su municipio sea reconocido por algo más que las fincas o el narcotráfico que lo habita bajo la mesa. Muchos se han intentado organizar alrededor de la memoria para reconstruirla, para compartirla con quienes no la conocen y, a partir de allí, transformar la visión de comunidad, sin olvidar el pasado que ha manchado su historia, pero construyendo un nuevo devenir, alejado de todo aquello que en algún momento pretendía destruirlo.