Por Álvaro Lopera

El 27 de mayo nos enteramos por un comunicado de la embajada norteamericana y el Ministerio de Defensa Nacional que una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, compuesta por cerca de 45 militares, llegaría al país en los inicios de junio. La Constitución Nacional en el artículo 173, numeral 4, afirma que una de las funciones del Senado es “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”; y el artículo 237 habla de que “en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional… el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado”. Duque no respetó lo uno ni lo otro.

Venezuela, el objetivo

El 26 de marzo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y una docena de altos funcionarios. El 1 de abril, Trump lanzó la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos apoyada por buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros –según informó la BBC- y señalando el Caribe como el mar a controlar, a sabiendas que el Pacífico es el océano más utilizado por los carteles de la droga. Al mismo tiempo habló de un bloqueo naval a Venezuela, a lo que sumó, como todo un vaquero del viejo Oeste, US$15 millones de dólares por la cabeza del presidente Maduro.

El 3 de mayo fue abortado en Venezuela, en el estado de la Guaira, un ataque dirigido por mercenarios norteamericanos que habían partido de la Alta Guajira colombiana, apoyados por el narcotráfico y el gobierno de Duque. La pretensión era apresar o asesinar a Nicolás Maduro y generar el caos en toda Venezuela, jugada que salió ridículamente mal. Trump desmintió su participación.

Anteriormente, el gobierno de Obama había plantado la simiente para la destrucción del proceso bolivariano, declarando en el 2014 a Venezuela como una amenaza inusual contra la seguridad de Estados Unidos. Posteriormente Trump saquearía los fondos venezolanos en el extranjero, se haría con la mayor petroquímica en Estados Unidos -CITGO, y nombraría un pelele como presidente “encargado” de Venezuela para llevar a cabo la invasión. Todo pues está dispuesto estratégicamente contra el gobierno y el pueblo de la vecina nación.

Tareas de la brigada norteamericana

Así fue como Estados Unidos empezó a tejer la gran guerra de Vietnam con el envío, al principio, de cientos de asesores para el ejército de Diem, el tirano sudvietnamita; el número ascendió a cerca de 16.000 en 1963. El objetivo inicial era “entrenar” al ejército de Vietnam del Sur en la guerra contra el Vietcong; después pudimos apreciar el terror que el imperialismo llevó a toda la geografía de Vietnam con el asesinato de cerca de 3 millones de personas y el envenenamiento, con el taratogénico agente naranja, de millones de hectáreas necesarias para la agricultura.

Estos 45 “asesores” de la SFAB, que se quedarán en Colombia varios meses, de acuerdo al comunicado de la embajada, ingresarían al país “guardando todos los protocolos de bioseguridad” para “ayudar en la lucha contra los narcóticos”. Es un dèja vú de Vietnam. La embajada también informó que la diana de su acción son las denominadas Zonas Futuro establecidas por el gobierno en enero de este año para, supuestamente, y por la fuerza, “cambiar las economías ilícitas por lícitas”. Estas Zonas se encuentran ubicadas en 44 municipios campesinos de cinco regiones del país: Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños. Es de anotar que Catatumbo y Arauca lindan con Venezuela.

Antes de que llegaran los norteamericanos, y en medio de la pandemia, se habían presentado en esta zona choques con la fuerza pública, cayendo asesinados 3 campesinos, según información de la prensa oficial. La causa: la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de la Habana que establecieron la erradicación coordinada con las poblaciones y no forzada como lo ha hecho el gobierno. Ahora existe un gran temor en el movimiento campesino y de víctimas, pues la presencia no grata del ejército yanqui, de seguro, les traerá más dolores de cabeza.

No olvidar la historia

En la investigación de Renán Vega Cantor entregada a la Comisión Histórica del Conflicto, en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, cuyo título es “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”, y concretamente en el subtítulo ‘Imperialismo sexual’, se afirma contundentemente: “En uno de los casos más sonados, en Melgar y en la vecina Girardot, 53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico. También en Melgar, un contratista y un sargento de Estados Unidos violaron a una niña de 12 años en el 2007. Tanto por las actividades que realizan, como por su estatus de inmunidad, contribuyen a la inseguridad de la población en zonas de conflicto, pero también en otras áreas en las que se concentran y están en contacto con la población civil». Esto con toda seguridad se volverá a repetir.

El gobierno de Duque no maneja la situación, pues todo indica que está recibiendo órdenes del Norte sin posibilidad ni deseo de negociar siquiera la imagen. Y lo está haciendo muy bien: la emergencia económica, la parálisis de la justicia y del parlamento colombiano, amén del manejo político de la cuarentena que ha llevado a la parálisis de la protesta, le ha servido para realizar grandes reformas y violar impunemente la Constitución y la soberanía. Sin embargo, el gobierno y la bancada uribista niegan tal violación de la soberanía, disfrazando las intenciones gringas en la frontera como un “convenio de cooperación” y alegando que “esas tropas no vienen en tránsito para ninguna parte y no participarán en combates”.

Lo cierto del caso es que a la oligarquía de este país la tiene el imperialismo en sus manos no solo porque es su mejor aliada sino porque conoce su prontuario narco y criminal: lo que significa que si no le aceptan la orden que sea, les señala la cárcel en el Norte. Es un chantaje a una narcodemocracia de embajadores con plantas de tratamiento de cocaína en sus fincas, con un expresidente narco y paramilitar, con una economía a la que el narcotráfico le inyecta anualmente más de $US 5.000 millones de dólares y con un Congreso en donde la corrupción y el crimen pululan a ojos vistas.

En este paisaje de los nueve círculos del infierno de Dante, es donde viene a posicionar Estados Unidos su guerra contra Venezuela.