Por Diego Meza

Imagen: Alberto Jerez

El concepto de “guerra cultural” se está empleando intensamente en los recientes debates colombianos para denotar una confrontación que va más allá de las dimensiones económicas o políticas. Su uso pretende abarcar e incidir sobre cuestiones como la familia, el género, la educación, la religión, la identidad nacional y la memoria histórica. La expresión es beligerante y su carácter metafórico no es inocente. Hablar de guerra significa sostener la existencia de un adversario cultural al que debe doblegarse y unos valores que tienen que ser recuperados.

Aunque esta discusión está siendo presentada como una noveda, la tarea es desconfiar de aquello que la política presenta como una innovación. ¿Realmente Colombia entra ahora en una fase de guerra cultural? ¿O estamos simplemente observando la emergencia de una nueva forma de nombrar disputas mucho más antiguas?

Antonio Gramsci nos enseñó que ninguna sociedad está al margen del combate por la hegemonía. El poder no radica exclusivamente en el control del Estado. Gobernar implica también la generación permanente de legitimidad, consensos y de una visión del mundo (a veces visiones) que se imponga como sentido común. Esta producción de consentimiento nunca ha sido monopolio de una única institución. Generalmente, es el resultado de la interacción compleja y contradictoria de los partidos políticos, las escuelas y universidades, la familia, las religiones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y el Estado. Por tanto, la lucha por la hegemonía no es una excepción, sino que representa el común denominador de la vida social.

La historia colombiana ofrece varios ejemplos. La Regeneración de finales del siglo XIX buscó implementar una específica comunidad moral a través de la alianza entre el poder político y la Iglesia católica. La escuela gestionada por comunidades religiosas transmitía una idea específica de la patria y la familia. El Concordato de 1887 concedió al catolicismo una función cardinal respecto a la educación, el matrimonio y la formación ética de la población. La Constitución de 1991, por su parte, adoptó el lenguaje de pluralismo, los derechos fundamentales y la participación democrática. El Estado continuó así produciendo legitimidad bajo la presencia de otros actores: organizaciones indígenas, agrupaciones religiosas, organizaciones defensoras de derechos humanos, etc. Más que difuminarse, la producción del sentido común se tornó más diversificada y al mismo tiempo conflictiva.

Sin embargo, la cuestión de la lucha por la hegemonía no está circunscrita a las cuestiones públicas. Las decisiones aparentemente más privadas, como la interpretación de la muerte de un familiar, el cuidado de un hijo, el afrontamiento de un desengaño afectivo, nunca son simples opciones individuales. Al contrario, son el resultado de un complejo proceso de negociación entre los saberes y prácticas de médicos, sacerdotes, políticos, activistas sociales y parientes. La moral, como a veces se piensa, no existe con anterioridad a estas relaciones, nace de ellas. Las diferentes sociedades en contextos y tiempos diversos producen continuamente aquello que consideran digno de respeto o aceptable, qué debe ser recordado u olvidado, qué puede ser visibilizado y qué debe ser escondido. El sociólogo francés Didier Fassin conceptualiza estos procesos bajo la noción de “economías morales”.

Desde este punto de vista, la llamada guerra cultural adquiere una connotación distinta. No se trata simplemente de la contienda entre un proyecto conservador y otro progresista. Se trata de una disputa por el derecho y la posibilidad de definir las economías morales del país. ¿Qué clase de familia debe considerarse ejemplar? ¿Qué memorias del conflicto armado merecen ser oficialmente recordadas? ¿Qué papel le corresponde a la religión en el espacio público? ¿Qué valores deben orientar la educación? Todas estas cuestiones han formado parte del debate político mucho antes del actual gobierno. La novedad, en este momento, radica en la intención de convertirlas en el principal instrumento de legitimación presidencial. En el discurso del presidente y de los nuevos ministros ocurre que la pugna por los valores deja de ser un vehículo para gobernar y se transforma en un modo de definir el propio acto de gobernar.

Esta dinámica no es exclusivamente colombiana. En varias democracias occidentales se tiende a estructurar la contienda política a través de la multiplicación de relaciones antagónicas en la esfera moral. Los líderes populistas favorecen este panorama mediante la promoción de identidades culturales antes que intereses sociales. La política, entonces, empieza a interesarse en determinar quién tiene autoridad para definir la identidad colectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la hegemonía no puede reducirse a una estrategia comunicativa ni a una sucesión de slogans. Un consenso amplio y duradero no se establece porque un gobierno anuncie ciertos valores desde el poder. Se da cuando esos valores consiguen arraigarse en instituciones, creencias, prácticas sociales, formas de vida y experiencias compartidas. La hegemonía requiere una lenta sedimentación cultural que sobrepasa la publicación de decretos.

El principal dilema para el gobierno de Abelardo está en que mientras proclama la urgencia de recuperar la autoridad moral del Estado, el contexto en el que se da esta declaración se encuentra más descentralizado que nunca. En toda la historia de Colombia, no habíamos tenido tantos actores capaces de producir sentidos, disputar narrativas y construir imaginarios al margen de las instituciones estatales como ahora. El deseo presidencial de controlar y generar las economías morales del país tendrá que enfrentarse a una sociedad mucho más plural, fragmentada y autónoma que aquella sobre la cual descansaban las viejas hegemonías del pasado.

La cuestión fundamental, por tanto, no estriba en definir quien será el vencedor de esta guerra cultural.  Esta disputa siempre ha existido y seguirá en pugna. El planteamiento verdaderamente relevante es otro: ¿qué tipo de pluralismo moral está dispuesto a aceptar el gobierno entrante? En una democracia no se deben eliminar las diferencias sobre las familias, las religiones, las memorias, las identidades o la nación. Al contrario, los gobiernos deben crear instituciones para que esas diferencias puedan coexistir sin convertirse en enemistades irreconciliables. Si esta guerra cultural busca dar de baja a la pluralidad para hacer imperar una lucha entre ortodoxias excluyentes, la democracia se debilitará de muerte. Recordemos que las sociedades siempre están en disputa en torno a sus valores, prácticas y creencias,  pero la legitimidad de un orden político no depende de que una visión moral derrote definitivamente a las demás.