¿Violencia sexual o persecución política?

Por Rubén Darío Zapata

En la foto: El Politécnico Jaime Isaza Cadavid

El drama para Jorge Gómez, profesor del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, y presidente del sindicato de profesores, comenzó el 27 de octubre de 2019. Eran más o menos las cinco de la tarde y él y su señora regresaban en el carro del municipio de Yolombó, donde habían pasado un domingo familiar. La que recibió la llamada fue su esposa y se puso muy nerviosa. Solo alcanzaba a decir: “Sí, ya nosotros sabíamos eso”. Cuando Jorge le preguntó qué pasaba, ella puso el teléfono en altavoz y entonces alcanzó a oír una voz de hombre que decía: “Las pruebas ya van a salir y él se va a morir”.

Unos días antes lo había llamado un amigo para advertirle del chisme que rondaba por la Facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas, donde estaba adscrito Jorge. Allí se decía que él tenía una mosa, una estudiante que estaba en embarazo. Lo que hizo Jorge fue reírse y decirle que estuviera tranquilo, pues él se había hecho la vasectomía poco después de que nació su segundo hijo, hacía ya casi 10 años. Efectivamente, Jorge pensó que la cosa no iba a pasar de allí y no llegó a imaginarse siquiera que fuera a terminar en una amenaza de muerte contra él.

Lo que hizo el amigo fue sugerirle que de todas maneras hablara con su esposa, que al parecer lo que buscaban, los que estaban generando todo aquel ruido, era destruirle la familia. Así lo hizo Jorge, y le explicó a su esposa Vilma que aquel chisme podría ser un caso de persecución por las incomodidades que estaba generando en la Institución con sus denuncias. Ella se asustó mucho y le preguntó en qué se estaba metiendo, que mirara si las peleas que se estaba dando en el Poli sí valían tanto la pena como para poner en riesgo así a su familia.

El asunto es que Jorge nunca pensó que su labor crítica a propósito de las gestiones que las directivas de la institución estaban realizando pudieran provocar como respuesta aquella reacción tan criminal. Tal vez la primera incomodidad grande la generó la denuncia frente a ciertas gestiones del rector tras haber sido nombrado. Y es que para el momento de la elección el señor Vicente García Quintero era el representante de los profesores ante el consejo directivo. Estando allí dio su voto por el actual rector y poco antes de los dos meses fue nombrado como vicerrector de docencia e investigación, con lo cual su sueldo aumentó significativamente.

La respuesta del vicerrector de docencia e investigación, una vez fue nombrado a comienzos de 2018, fue empezar una persecución contra el Aula Taller de Ciencias, tal vez el proyecto académico más importante que ha tenido el Politécnico y que habían montado Jorge, su hermano Julián y otros profesores vinculados y de cátedra de la Institución. Por orientación del vicerrector de docencia e investigación, el decano de la facultad no le renovó el contrato de cátedra con el que trabajaba Julián ni aprobó las horas para los demás profesores que acompañaban el proceso. Al verse solo, Jorge renunció al proyecto y entonces el decano y el vicerrector pudieron poner allí a su gente y darle la orientación que querían. “Lo que incomodaba a estos señores del Aula Taller era la perspectiva crítica, ética y política con la que se estaban formando los estudiantes -explica Jorge- El Aula Taller propuso una metodología de diálogo y experimentación para el aprendizaje de las ciencias. Su propósito fundamental fue reducir la deserción de estudiantes que reprobaban por tres y más veces, cursos como matemáticas, física, química y estadística, las materias que, según el sistema educativo actual, evidencian quién es y quién no es inteligente. Con esta estrategia, el Aula taller lograba un empoderamiento de los estudiantes y además desnudaba las falencias del sistema que condenaba a los más pobres a la deserción. Muchos de estos estudiantes después se convirtieron en grandes líderes estudiantiles.

Además, desde el sindicato se empezaron a denunciar prácticas de gestión que les parecían incorrectas o poco éticas. Por ejemplo, denunciaron que unos aportes del gobierno que llegaban a las instituciones con destinación específica, estaban siendo utilizados por las directivas para otras cosas. “Y, además, yo era el representante profesoral en el Consejo de Facultad, en donde empecé a denunciar la mala gestión y la incompetencia del decano”.

Un caso sin pies ni cabeza

El 28 de octubre de 2019, un día después de recibir la amenaza, el sindicato de profesores al que pertenecía Jorge emitió una alerta temprana y el 29 se fue a poner la denuncia en la Fiscalía. Mientras Jorge hacía el trámite, el rector del Politécnico daba una entrevista sobre el caso para Teleantioquia noticias. En aquella ocasión, el rector dijo textualmente: “A mí me gustaría que la señora de este profesor viniera y nos contara y que el profesor también se dirigiera a la rectoría y nos contara qué pasa. Yo no sé qué problemas personales tendrá, maritales o lo que sea. Pero sí me parece que es injusto que entreguen a la universidad como un sofisma ahí de dispersión en el ambiente”.

Ese mismo día, el funcionario que le recibió a Jorge la denuncia le advirtió que ya había en la Fiscalía dos denuncias contra él, pero no le dio ninguna información sobre ellas.

Una vez el abogado del sindicato pudo conocer la denuncia, lo llamó y le dijo que esa denuncia era muy grave, que el 90% de las personas que acusan de ese delito va a la cárcel antes de que pueda demostrar que son inocentes, si lo son. “Yo entré en Shock con mi señora -recuerda Jorge-. Ese fue un día muy duro y la noche simplemente terrible. Yo le decía a ella: Bueno amor, si yo me voy a la cárcel tenés que ser fuerte para coger este barco”.

A Jorge se le acusaba de tener una relación sentimental con una estudiante de la institución a la que había embarazado. En términos legales, estaba denunciado por acceso carnal en persona incapaz de resistir. La denuncia la interponía una joven, a quien por seguridad llamaremos M., a quien Jorge no conocía ni había escuchado siquiera nombrar. Y decía que ella tenía una amiga que llamaremos C., otra muchacha a la que Jorge no conocía, que, según M., sostenía una relación sentimental con el profesor hacía varios años. Supuestamente C. tenía tres meses de embarazo y Jorge la estaba obligando a abortar bajo amenaza de que, si no lo hacía, la mataba. De hecho, según contaba M., ya la había obligado a abortar en tres ocasiones y, además, la golpeaba frecuentemente.

La denuncia, además, involucraba a otros profesores, compañeros del sindicato. Los acusaba de hacer muchas cosas contra el Poli, que querían sacar al rector y al decano de la Facultad de Ciencias Básica Sociales y Humanas. Decía que alguno de los profesores les daba dulces a las muchachas para tener sexo con ellas, que un coordinador cambiaba notas en el sistema también como favores a cambio de sexo. M. sabía todo esto porque, supuestamente, en su relación amorosa Jorge se lo contaba a C. y esta, a su vez, se lo contaba a ella.

Jorge, entonces, se presentó a la Fiscalía, en la dependencia de violencia sexual, donde estaba radicada la denuncia. La fiscal que llevaba el caso se sorprendió de verlo y le dijo que allí habían estado yendo una joven y el decano de la facultad donde él trabajaba a pedirle reiteradamente que actuara en defensa de las jóvenes estudiantes, ya que Jorge tenía amenazada de muerte a la joven que había embarazado. Cada tanto llegaban diciéndole que en tal parte le estaban practicando el aborto o que en tal parte la estaban golpeando. La fiscal entonces mandaba un equipo de investigadores al lugar y nunca encontraron nada. Por eso, al final decidió cerrar el caso, por inexistencia de los hechos. Lo que hizo fue compulsar copias a otro juzgado para que lo investigaran, a lo sumo, por violencia intrafamiliar. Esa era la segunda denuncia que pesaba en su contra, aunque Jorge nunca supo de qué se trataba.

El cierre del caso de violencia sexual había sido el 21 de octubre, y el 27 recibió la amenaza. Así, la conclusión a la que llegaba Jorge era que sus enemigos habían recurrido primero a la judicialización y, cuando no les resultó la estrategia, recurrieron al terror.

El colmo de la infamia

Empezando diciembre de 2019 Jorge se enteró que tenía una tercera denuncia en su contra ante la Fiscalía, esta vez interpuesta por el equipo jurídico del Politécnico Jaime Izasa Cadavid, en la que, al parecer, se intentaba juntar todas las denuncias: acceso carnal en persona incapaz de resistir, violencia intrafamiliar, abuso de mujeres y hasta terrorismo. “Me culpaban -explica Jorge-de que todos los procesos de protestas, los paros estudiantiles y bloqueos de las vías que se estaban dando en el Politécnico eran mi responsabilidad”. Incluso lo acusaban de haberle pagado seis millones de pesos a un estudiante para que se autoamenazara, y hasta entregaron un recibo de respaldo.

Se trataba de un líder del movimiento estudiantil Sebastián Giraldo, que había sido muy activo en el paro de finales del 2018. En agosto de 2019, el muchacho recibió amenazas contra su vida, el sindicato de profesores emitió una alerta temprana, pero la institución las desestimó; ahora, según el equipo jurídico del Poli, aquella había sido una autoamenaza pagada por Jorge. La denuncia también insistía en que Jorge estaba intentando matar al decano y, adicionalmente, ahora intentaba matar a M. porque lo había denunciado. De respaldo entregaron a la Fiscalía más de 200 folios con acervo grande de pantallazos de chats que, supuestamente, había sostenido Jorge con su amante. Al parecer, la amistad entre las dos muchachas, M. y C., era tan grande, que habían decidido compartir su Whatsapp web y por eso M. podía aportar aquel material. También entregaban un registro amplio de audios de conversaciones telefónicas.

Antes, el 12 de noviembre se había realizado una reunión del Consejo Directivo del Poli. Allí estuvo, por invitación explícita del rector, Libardo Álvarez Lopera, el decano de la facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas, Juan Guillermo Ríos Noreña, para rendir supuestamente una versión extendida del caso de Jorge y para que aportara los documentos que lo soportaban. Jorge no estaba enterado de aquella reunión; se enteró del asunto unos días después porque la secretaría general envió un borrador del acta de la sesión con los pormenores de las acusaciones del decano contra Jorge, la cual fue, a su vez, enviada a los correos institucionales. Un día después la información del acta estaba circulando por todo el país.

Entonces Jorge decidió poner ante la Fiscalía una denuncia contra el rector y el decano por injuria y calumnia. “Es lo único que yo he hecho en contra de ellos -advierte Jorge-. Ninguno de los delitos que ahora les está imputando la Fiscalía tienen que ver con la denuncia que interpuse”.

Como Jorge sabía que el caso lo estaba investigando un equipo especial de derechos humanos de la Fiscalía, llevó una copia también ante la Unidad especializada en derechos humanos, en la Alpujarra. Algo extraño había en el ambiente, porque los porteros y algunos funcionarios no lo querían dejar pasar y guardaban una actitud de misterio. Hasta que salió uno de los investigadores del equipo de la Fiscalía (de tanto ir a allí ya todos lo conocían) y les dijo a Jorge y a Vilma que pasaran a la oficina. Adentro había una joven y una pareja de adultos mayores, todos en silencio. El fiscal entonces le preguntó a Jorge si conocía a la muchacha. Jamás la había visto y así lo comunicó. La chica respondió, cuando fue su turno, que a él si lo había visto alguna vez en el Poli, pero que no tenía idea de quién era y nunca había intercambiado ni una palabra con él. “Bueno -dijo entonces el fiscal-. Esta se supone que era la muchacha a la que usted había embarazado y estaba obligando a abortar, la que tenía varios puntos en la frente y muchos moretones de las golpizas que usted le ha dado”.

Los remiendos del montaje

Al parecer, M. y C. sí habían tenido algún grado de amistad; pero nunca al nivel de contárselo todo y hasta compartir el Whatssap. Resultó que C. no tenía ni idea de lo que estaba pasando; no solo no conocía a Jorge, sino que ignoraba que hubiera en la Fiscalía un caso contra él porque la tenía amenazada de muerte si no abortaba el hijo producto de su relación furtiva. El CTI de la Fiscalía terminó ubicándola en su residencia de la Unión, ante las muchas evasivas de los denunciantes para presentarla en la Fiscalía.

En aquel momento, la recomendación que recibió Jorge de su equipo jurídico fue que no interpusiera más denuncias que, a lo sumo, entorpecerían el proceso, que se quedara callado y dejara que la Fiscalía realizara la investigación. “Durante todo ese año -comenta Jorge- recibí en la institución cualquier cantidad de atropellos, desprecios, situaciones muy complicadas. Hubo incluso profesores que expresaban con malevolencia y por redes sociales su felicidad por el hecho de que yo estuviera enredado en semejante rollo”.

En septiembre del año pasado llamaron a la primera audiencia de imputación a los tres implicados: a M., al decano y al secretario jurídico. Debido a que el abogado del decano se encontraba enfermo y a que el secretario general no disponía de recursos económicos para subsidiar su defensa jurídica, la diligencia judicial no se pudo llevar a cabo sino hasta noviembre. Los dos últimos dijeron que no tenían abogado.

En la audiencia de noviembre, la Fiscalía evidenció todo el montaje: la investigación pudo determinar que los supuestos chats entre Jorge y C. habían sido imágenes construidas con una falsa aplicación de whatssap; era una conversación creada por M. y otras personas que están por determinarse. Parece que había un equipo editorial que tejió una serie de conversaciones falsas atribuidas a Jorge y C.

En cuanto a los audios, nunca apareció en ellos una conversación de Jorge. Eran conversaciones supuestamente entre M. y C., donde la última le contaba a M. lo que Jorge le estaba haciendo. La Fiscalía determinó que la conversación no era con la verdadera C. sino con una actriz construida que la interpretaba; eso se dedujo a partir de la prueba de cotejo de voz.

M. ya le reconoció a la fiscalía que las pruebas habían sido construidas. El ahora exdecano está imputado de falsa denuncia y amenaza contra líder social y sindical. El secretario jurídico, que ya es secretario general (fue ascendido después de la primera imputación) está imputado de falsa denuncia agravada, además tiene prisión domiciliaria. Los otros no tienen esa medida, pero no pueden salir del país, no se pueden acercar al Poli, no se pueden acercar a las víctimas.

Lo triste, según reflexiona Jorge, es que, si M. acepta cargos y asume toda la responsabilidad, podría ser sentenciada mínimo a 15 años de cárcel, cinco de ellos al menos en la prisión de mujeres. Tiene 22 años y va a salir de la universidad directo para la cárcel, mientras los otros, los verdaderos determinadores, los que cuidan con este tipo de estrategias su “poder”, podrían quedar tranquilos y continuar con sus carreras.

Ilustración tomada de laiguana.tv

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