El Guayabero en Resistencia

Por Lina Álvarez

Imágenes: Cortesía de El Cuarto Mosquetero

No habían transcurrido muchos días del 2021 y las y los campesinos ya estaban alertas con las llegadas de las tropas de las fuerzas militares a sus veredas bajo la amenaza de erradicación. Por ello, insistieron en que no se postergara más la socialización de “Hecho a tu Medida”, una nueva posibilidad de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Guayabero, pero que al no resolver de fondo las necesidades estructurales que han llevado a que ellos y ellas recurran como forma de subsistencia a cultivar coca, terminó en un encuentro infructuoso en el casco urbano de Puerto Rico. Regresaron a su territorio con la misma zozobra de terminar en cualquier momento en medio de un enfrentamiento.

No era la primera vez que las y los campesinos del Guayabero tenían que ver llegar al Estado a su territorio con todo el despliegue militar. No era la primera vez que tenían que sufrir atropellos por parte del Ejército y la Policía Nacional, inclusive con su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD. Ya antes habían tenido que tragar humo, recibir golpes y ser tildados de guerrilleros.

Entre el 18 y el 25 de mayo del 2020, campesinos y campesinas de la región del Guayabero se estaban reuniendo masivamente, como también sucedía a nivel nacional en territorios donde cultivan coca. El motivo era la amenaza a su subsistencia que representaba la llegada de las tropas del Ejército Nacional encargadas de la erradicación manual forzada.

Recordemos que, finalizando abril, el presidente Iván Duque informó que iniciaría la operación Artemisa, encargada de recuperar la selva húmeda y tropical, y por ello se priorizarían inicialmente las acciones y judicializaciones en los parques nacionales naturales: Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos. En el Meta sería la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada mediante disposición 060 del 09 de diciembre de 2003, la encargada de adelantar tanto la protección de las áreas protegidas, como llevar a cabo los procesos de erradicación manual forzada.

A partir de la firma del Acuerdo de Paz, miles de campesinos del sur del Meta empezaron a acogerse al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el sueño de cambiar los cultivos de coca por proyectos productivos agrícolas y/o agropecuarios. Según informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC a corte de 31 de octubre de 2019, se habían erradicado 2.478 hectáreas de coca en el Meta y habían sido vinculadas al proceso 2.507 familias en La Macarena, 1.260 en Puerto Rico y 2.202 en Vista Hermosa, lo que evidenciaba la confianza que depositaron más de 5.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, para tener la posibilidad de cultivar productos lícitos.

Sin embargo, otras familias de esta región –como en gran parte del Guayabero- decidieron no acogerse porque creían que el proceso de sustitución debería hacerse de manera gradual y con garantías para tener cómo subsistir durante el tiempo en que empezaran los proyectos productivos a producir y a ser rentables. De lo contrario, no tendrían cómo suplir sus necesidades básicas, ya que lo primero que exigía el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS era la erradicación voluntaria. Esto hizo más evidente en qué territorios se estaba concentrando la presencia de estos cultivos y allí directamente se enfocaron las avanzadas de erradicación.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega emitió un comunicado en el que manifestó que el accionar militar se debió a que campesinos y campesinas tomaron vías de hecho e iban a secuestrarlos con palos para impedir la erradicación. Además, ratificó su decisión de continuar con la erradicación, ya que así podrían desestabilizar al grupo residual liderado por Gentil Duarte.

A continuación, se profundizaba el proceso de estigmatización hacia los campesinos y campesinas. En entrevista con Marandúa Estéreo, el General Raúl Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, manifestó que “la comunidad viene siendo instrumentalizada por el grupo armado organizado residual, estructura séptima (…) obligan a la población a salir a enfrentar la tropa en asonada violenta por vías de hecho para fragmentar y secuestrar a quienes están adelantando operaciones, a quienes están haciendo erradicación manual”. Según el militar, la comunidad le ha informado que, si no participan en estas jornadas de protestas, deben pagar cinco millones de pesos ya que podrían hasta ser desaparecidos. Además, las mujeres están sufriendo porque se les llevaron a sus esposos y están solas en sus hogares.

Esta afirmación es apenas parcialmente cierta. Por un lado, las y los campesinos del Guayabero no necesitan que nadie los obligue para proteger el cultivo del cual viven en una zona sin carreteables, donde la única forma de llegar es por vía fluvial y tienen dos espejos en los que no quieren verse reflejados, que los motivan a no desistir: Por un lado, que las zonas donde las comunidades se acogieron al PNIS y subsistían totalmente de la coca están casi deshabitadas y con pésimas condiciones de vida, ya que, o no les cumplieron o les han llegado a cuentagotas los proyectos productivos durante los últimos cuatro años. Por otro lado, que años atrás, cuando les erradicaron manual o mediante aspersión aérea, tuvieron que aguantar hambre mientras nuevamente podían tumbar montaña para seguir cultivando coca. 

No obstante, en el recorrido que hice a otros municipios de zona PNIS, me encontré que las veredas relativamente cercanas a la zona del Guayabero, en donde se estaban generando las manifestaciones, recibieron varios llamados de auxilio por parte de las y los campesinos, quienes pedían la solidaridad de las Juntas de Acción Comunal, para que fueran delegaciones a apoyar la jornada de resistencia. La mayoría de veredas participó con dos, tres o cinco campesinos como en gran parte de Vista Hermosa; en otras participaron de forma distinta, incidiendo con la institucionalidad para que se respetaran los derechos humanos de las y los manifestantes como me lo contaron en La Macarena, pero no recibieron ningún tipo de amenaza de ningún actor del territorio por no asistir directamente.

Sin embargo, en las veredas que brillaron por su ausencia, no recibieron ningún tipo de reproche por parte de la comunidad, pero sí vacunas por parte de las disidencias del grupo residual de Gentil Duarte, como en el caso de “Palmeras” –según confirmó la Personería de Vista Hermosa-. También hicieron llegar al entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de La Reforma en Vista Hermosa una notificación que habían sido multados por con diez millones de pesos por su “falta de solidaridad”, por lo que tuvo que recoger el dinero y entregarlo al grupo armado. Pero, según afirma el implicado, desconocen en qué sería invertido el dinero o si aportaría o no de alguna manera a la resistencia que adelantaban las y los campesinos. 

El dignatario de la Junta se tuvo que ir de la vereda y, a partir de lo sucedido, se generó se generalizó el argumento dicho de que el proceso de resistencia que estaba tomando fuerza en el Guayabero era liderado por la guerrilla. Esto demuestra una realidad histórica que se ha impuesto en Colombia: los campesinos y campesinas siempre llevan las de perder cuando están en medio de la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, pues en este caso tanto quienes no estaban participando en las jornadas como quienes resisten en el Guayabero resultaron afectados.

Desde allí la institucionalidad empezó a tener espacio en medios masivos como Noticias Caracol, para minimizar las denuncias por violaciones de derechos humanos en el sur del Meta. Contraargumentó que estaban haciendo operaciones contra “la red de finanzas de las disidencias de las FARC” y, por ende, cualquier accionar desmedido, era necesario.

Ante esto, las y los campesinos sabían que lo peor apenas estaba por empezar. Desde marzo, a nivel nacional, otros seis departamentos empezaron a sufrir por el despliegue militar para adelantar labores de erradicación. Esto pese a que, a excepción de Chocó, todos se habían acogido al PNIS y tanto gobernaciones, alcaldías, como organizaciones de derechos humanos, solicitaban que por lo menos durante la pandemia pararan los operativos. 

*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo”.

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