Barrio El Volador: nuevo objetivo de desalojo del Metro de Medellín

Por Álvaro Lopera

Fotos: Älvaro Lopera

El Metro de Medellín se convirtió en la vedette de los desalojos injustos de moradores pobres de la ciudad. Por donde ha pasado su siniestra mano, supuestamente pregonera del progreso, el resultado ha sido una catástrofe social: el Tranvía de Buenos Aires, con todo lo que ello significó y que explicamos en anteriores ediciones; la ampliación de la estación Acevedo y el Metrocable Picacho, con la injusta afectación de los habitantes de La Paralela y del Doce de Octubre; y ahora con la nueva megaobra del Tranvía de la 80 apareció de nuevo con la espada de Damocles, cuya empuñadura tiene estampada la violenta afirmación “Sí o Sí, y es así” ya conocida por los habitantes pobres de la ciudad, cuyo único pecado ha sido vivir en sitios estratégicos que los caprichosos burócratas, que más bien parecen virreyes, definen como imprescindibles para sus ejecutorias sin consideración social alguna, con el desparpajo de hacer lo que se les viene en gana con la propiedad ajena sin que ningún derecho humano o social, ni nadie, los detenga.

A los habitantes de este barrio estrato dos, que bordea el Cerro El Volador –en donde habitan aproximadamente 478 familias (2500 personas) y existen cerca de 240 unidades económicas entre pequeñas y medianas empresas, y pequeños y medianos negocios– les comunicaron abruptamente en octubre de 2020, en la cancha del barrio, que ese territorio lo requería la infraestructura del Tranvía de la 80, pues allí se construirían sus parque-talleres. Después los citarían en diciembre por tandas en donde no participaría toda la comunidad, y les harían dos talleres: uno cartográfico y otro jurídico, en un remedo de socialización del proyecto. Las manzanas 3, 4 y 5 serían afectadas, y esto se conoce a raíz de que el municipio está ahora concentrado en la zona de vivienda.

Como es usual en el tratamiento que le ha dado el Metro de Medellín a sus megaproyectos, aparecieron en escena funcionarios como el abogado Albeiro Galvis, del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, que les pintó en el taller jurídico pajaritos en el aire – convenciendo a muchos pobladores- y con un discurso demagógico aseguró que los actuales habitantes no iban a ser muy afectados, pues se les iba a reconocer la propiedad así no tuvieran las escrituras notariales y el certificado de tradición y libertad, sino que bastaba poseer los documentos de compraventa respectivos. Abrió también la posibilidad de que los vecinos terminaran reunidos de tal manera que no se rompiera el fuerte tejido social hasta ahora construido.

Nueve meses después, la administración de la obra, de nuevo apañada por esos funcionarios imberbes que como mercenarios operan -psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros- y que empiezan a vociferar el sempiterno sermón de “aceptar eso o la expropiación, eso o recibir cualquier suma de dinero, etc.” , ya no reconoce el pago de la propiedad como tal a quien no tenga todos los papeles “contemplados en la ley”, sino que pagarían las mejoras a todos aquellos que posean únicamente el papel de compraventa. Es decir, estos últimos saldrían con muy poco dinero de una propiedad en la cual viven o alquilan hace muchos años, no deben nada, no tienen problemas de microtráfico de estupefacientes ni de seguridad, disfrutan todos los servicios públicos y están a minutos de todas las infraestructuras básicas para vivir bien: plaza de mercado, terminal de transporte, colegios, universidades, centros comerciales, hospitales, iglesias, y un excelente servicio de transporte público.

Un poco de historia

Cancha de Fútbol construida por la comunidad

La ocupación del territorio actual se inició en la década de los años 60 del siglo pasado. Las razones históricas son las mismas: los grandes desplazamientos que ha dejado la violencia y la falta de vivienda de una población trabajadora para quien el Estado jamás ha tenido una política pública habitacional.

Jaime Lopera, uno de sus fundadores, maestro de obra y contratista, estuvo allí en los prolegómenos y tiene toda la historia en su cabeza: “Los terrenos de todo el barrio –anteriormente era una finca- que tiene una extensión grande (más de dos hectáreas), pertenecían al señor Alfredo Ospina, el cual tenía unos administradores –los Gallón- a quienes, cuando estos requirieron liquidación, Ospina les entregó las tierras en dación de pago. Algunos vinimos impulsados por la necesidad y les propusimos que nos vendieran los derechos de posesión de 19 años que ellos tenían, después empezamos el trabajo de topografía de una manera colectiva. Al final sacamos la respectiva escritura. Terminado esto, el territorio se “lotearía”, es decir, se dividiría en lotes de 9m X 6 m a finales de los años 70 y de esta manera llegaron familias enteras hasta construir con nuestras propias manos lo que es ahora el barrio”.

Las vías interiores, el acueducto, alcantarillado y la energía fueron dotadas por los habitantes del barrio, con el trabajo comunitario, de ahí que las vías internas son del barrio, privadas, y que el municipio no tenga autoridad sobre ellas. El municipio no intervino en nada. Las casas, una a una, se levantaron con material de construcción –con los respectivos permisos del municipio- y con la mano de obra de los vecinos. He ahí el porqué de la unidad tan grande que se vive dentro del sector. “Todos los vecinos somos amigos. Quien necesite algo se lo proporcionamos entre todos; acá nunca hemos tenido problemas de ninguna naturaleza porque somos como una familia”, cuenta Jaime.

El municipio de Medellín, desde siempre, de acuerdo con sus palabras, intentó sacarlos de cualquier manera, inventando muchas excusas legales e ilegales. Las anécdotas relatadas en boca de Jaime hablan de amenazas de muerte y de expulsión del territorio. “A principios de la década de los 80 el municipio, en cabeza de un inspector de control de obras, coronó una expulsión tras encarcelar temporalmente en la Permanencia del Bosque a otros compañeros y a mí por cinco días, basándose para ello en que éramos invasores. Este tenía misión de sacarnos, encomendada por gente pudiente, pero volvimos a tomar el control días después”. Y así se repitieron muchos intentos de desalojo en toda la década de los 80 hasta que se quitaron el sambenito con una orden de la Judicatura de Bogotá en donde citaron al dueño –Alfredo Ospina-, pero en su reemplazo llegó uno de los herederos que corroboró lo dicho por los habitantes del barrio.

De todas maneras, les ha rondado la figura del desplazamiento interno con la amenaza de obras tales como una glorieta en el sector en los años 80, la zona de desfogue del túnel de Occidente, el basurero que amenazó poner en el cerro El Volador el entonces alcalde Felipe Gaviria en 1983 y ahora el proyecto de los parque-talleres del Tranvía. A lo anterior se ha sumado una problemática latente de convivencia en el territorio: frente a su barrio vive un sector de clase media alta (estrato 5) –barrio Pilarica- que, desde los orígenes de la construcción del Volador, ha manifestado, una parte de ellos, incomodidad con sus vecinos.

Las alianzas y la Junta de Acción Comunal (JAC)

Miembros del Comité Ciudadano

Las obras, como se dijo arriba, afectarán no solo viviendas sino también unidades productivas, pero el Metro enfrascó a los habitantes en una problemática compleja: defender con las uñas lo poco que tienen de propiedad en una urbe como Medellín, y por ello aún están en el olvido los respectivos procesos de unidad que deberían impulsar con los comerciantes y empresarios del sector para que la resistencia tenga más contenido y mejor alcance, según lo da a entender Ethelberto Zapata, otro de los líderes visibles de la resistencia.

A lo anterior se suma que la JAC está en manos de una señora que la maneja a título personal, y con grandes apoyos políticos, a quien el barrio en su conjunto no ha podido defenestrar de su burocrático puesto y a quien la administración de la megaobra reconoce como vocera de la comunidad. Por ello tuvieron que crear el Comité Ciudadano Cerro El Volador a finales de 2020, que quiere ser el interlocutor con las instituciones que están al frente del proyecto, así como participar directamente en lo atinente a la Política Pública de Moradores, acuerdo 145 del Concejo, explicada virtualmente por la Universidad Nacional, y que se encuentra sin reglamentar. Ethelberto asegura que ese comité tiene que ser ampliado con todos los afectados, esto es, vivienda, comercio y empresas, superando la actual participación de afectados por la vivienda.

Reuniones, propuestas y contrapropuestas

El 8 de marzo de este año el Comité Ciudadano citó a una reunión presencial en donde participaron el ISVIMED, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, el Metro y la Personería. Para esta se prepararon muy bien los integrantes del Comité y les presentaron una propuesta de reasentamiento en sitio, con los debidos planos elaborados por el arquitecto Alberto Hurtado, el cual haría posteriormente la exposición a las instituciones en una reunión virtual. Cuenta Juan Carlos Duque, comerciante de la zona, que él se acercó, terminada esa reunión, a la directora de predial de la EDU, Ana María Sierra, quien muy tajantemente afirmó: “Usted tiene escritura, entonces es dueño del terreno; tiene compraventa, entonces no es dueño del terreno y se le pagan mejoras”. Juan Carlos no se pudo contener y le dijo: “La EDU y el ISVIMED pertenecen a la Alcaldía, ¿cómo así que el ISVIMED dice una cosa y la EDU está diciendo otra con respecto a la propiedad?”. A lo que ella respondió, como suelen hacerlo los burócratas, con desparpajo: “Nosotros que ya hemos hecho el proceso, sabemos cómo es. La única manera en que usted puede demostrar que es dueño del terreno es si usted hizo un juicio de pertenencia”. Empezó pues la fiesta de la legalidad o, mejor, del legalismo, para impedir que los derechos se ejerzan.

Asegura Juan que él le replicó: “Hay una ley que está vigente del período Uribe que dice que, si una persona tiene una posesión de más de 5 años, ya es dueña del terreno” (recordar aquello de los robos de tierras campesinas en el campo colombiano). Ella contaba con varios ases bajo la manga: “Claro, esa ley está vigente pero si usted no hace un juicio de pertenencia, no es beneficiario de esa posesión”. O sea, dice Juan: “Si yo no demando no puedo tener acceso a la posesión sobre el lugar así viva allí 100 años”. Posteriormente, el departamento jurídico del Metro se basaría en las palabras de Sierra para dividir a los habitantes en propietarios y poseedores.

En las posteriores reuniones virtuales –desde marzo no se hacen presenciales- hicieron precisiones a la burocracia: empobrecerían al 90% de la población que no tiene escritura porque les dio la gana de “hacer progreso”. Exigieron reasentamiento en sitio. Les hablaron de que tenían vistos 25 lotes cercanos al barrio –después visitarían algunos de ellos- donde podrían hacer el reasentamiento o los mismos talleres del Tranvía, pues la Política Pública de Moradores, la misma que no ha sido reglamentada, afirma que los pobladores desplazados por una obra deben quedar en iguales o mejores condiciones a las que tenían antes del hecho, pero lo que está presentando el Metro en sociedad es detrimento patrimonial.

Tras bambalinas hay un patrimonio inmaterial y cultural y unas deudas sociales que el Metro no tiene en cuenta. Tatiana Ramírez se preguntó varias cosas: ¿Qué sucederá con los comerciantes que tienen su negocio acá en el barrio, cuando salgan? ¿Qué pasará con los viejos inquilinos e inquilinas que llevan acá con nosotros casi el mismo tiempo del barrio y tienen todas sus relaciones aquí establecidas? ¿Qué van a hacer las personas mayores que tienen un arriendo en el barrio y viven de él? ¿Qué van a hacer las personas que salgan y que tengan que agregarle nuevos gastos a su vida, por ejemplo, transporte para ir a estudiar o trabajar?

Jesús Ruiz, uno de los fundadores del barrio, se lamenta de lo mucho que se perdería saliendo de este: “Acá todos los habitantes del barrio nos queremos, acá todos somos unidos. Aquí no ha habido problemas, no ha habido feminicidios, acá no hay narcotráfico, combos. Desafortunadamente, para algunos vecinos ricos del frente somos unos vándalos”. Lo anterior se detectó cuando salieron a protestar a la calle y en las redes algunos vecinos así los calificaron.

Jaime y otros contertulios agregan a las palabras de Tatiana esta otra salecita: “Nosotros hicimos la cancha de fútbol; hemos cuidado el cerro El Volador reforestándolo con campañas periódicas e inclusive hemos apagado incendios allí. Hemos construido altares, vías, un puente que cruza la quebrada para llegar a la cancha, y hasta trajimos el agua al barrio: ¿será que todo eso lo van a reconocer?”.

En el aire se respira una amenaza más: las casas de varios pisos que no están desenglobadas serán pagadas como una sola propiedad, o como una mejora de terreno. Hasta ahora el proyecto solo ha traído malas noticias. Como es de esperarse ya hay algunos habitantes que, debido al estrés, se han enfermado, y algunos se han infartado.

Parte de los habitantes están pesimistas, pero ello no quiere decir que todo esté perdido. Se está luchando con la Constitución en la mano, están recibiendo apoyos de afectados de otras obras, se están haciendo plantones, van a continuar las protestas con consignas de exigencia de justicia y se llegará hasta las últimas consecuencias, según sostienen los líderes.

La lucha apenas comienza.

El Barrio el Volador no se vende

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