Editorial No 43: Planeación para la vida en vez de para el capital

“The 30 Days Fax Painting (1994)” / Hundertwasser

A propósito del informe reciente de un periódico estadounidense que evidencia el resurgir de la política de falsos positivos como estrategia de las Fuerzas Militares, muchos formadores de opinión y muchos políticos han llamado la atención sobre la manera cómo esta estrategia deslegitima las instituciónes y al Estado. En realidad, no es la estrategia de los falsos positivos la que deslegitima al Estado, sino que el Estado recurre a ella precisamente por su incapacidad de sostener la apariencia de ser un poder legítimo, es decir, de representar el interés general. Los medios de comunicación, las instituciones culturales y las educativas tienen la función de presentar el interés de los grupos de poder como si fuera el de todo el país, y cuando no es suficiente el trabajo de estas instituciones para disuadir a las comunidades de reclamar sus derechos y confrontar al Estado, entonces interviene la institución militar y de policía.

Otra cosa es que la élite política colombiana haya privilegiado desde siempre la estrategia de la represión, y que practique la eliminación del contrario como deporte nacional. Con todo y eso, no hay que olvidar que la ilegitimidad del Estado colombiano, más allá de la recurrencia a la represión, se expresa en la política económica y social de los sucesivos gobiernos y que la represión no es más que una estrategia obligada ante unas políticas que día a día profundizan la inequidad, la pobreza y la exclusión, y ante unos sectores populares que se niegan a aceptar esta realidad como destino. La arremetida actual contra los líderes sociales da cuenta de ello de una manera dramática.

Aunque los medios masivos de comunicación han utilizado la categoría de líder social de una manera deportiva, intentando vaciarla de su contenido, no hay que olvidar que el denominador común de estos líderes asesinados es que pertenecen a organizaciones de desplazados, de indígenas, campesinos o afros que exigen la restitución de sus tierras y reclaman una política pública que permita el desarrollo autónomo de sus territorios, a organizaciones comunales que gestionan otras alternativas de desarrollo para sus comunidades, y ambientalistas que confrontan las políticas gubernamentales en favor de los intereses de las transnacionales y en contra del ecosistema y la biodiversidad. En una palabra, se trata de una estrategia, sistemática por demás, de eliminar a todos aquellos que reclaman sus derechos, los de sus comunidades y los de su territorio, amenazados permanentemente por la voracidad de los grandes acumuladores de capital.

Y esa voracidad es la que se refleja en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y en las políticas públicas que los aplican en cada territorio. No es solo el actual Plan diseñado por el gobierno de Duque y aprobado con diligencia por el Congreso. Desde que existen los PND en Colombia han funcionado como estrategias del capital privado para planificar desde el Estado las políticas que garantizan su acumulación en pocas manos y para imponerlas en forma de política pública a las comunidades dentro de sus propios territorios. Por eso no ha habido, a lo largo de la historia del país, un solo Plan Nacional de Desarrollo que no haya sido recibido por las comunidades como un atentado contra ellas y una agresión contra su territorio, ni uno que no haya sido aprobado por el Congreso sin mayores modificaciones, a pesar de las protestas enconadas de los sectores populares. Aunque cabe decir que pocos planes de desarrollo han presentado de forma tan descarada como el actual los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, y han despreciado con tal desparpajo las necesidades de las comunidades y el equilibrio de los ecosistemas.

Es un hecho que el desarrollo que promueven los gobiernos en sus PND nada tiene que ver con las necesidades y aspiraciones reales de las comunidades y las posibilidades vitales del territorio. Y es un hecho que no es de la aplicación de estos planes de donde podemos esperar los sectores populares un mejoramiento sustancial de nuestras condiciones de vida. Eso lo han entendido ya algunas comunidades indígenas y rurales que desde hace años han empezado a construir sus propios planes de desarrollo, a los cuales, en una clara protesta contra lo que hasta ahora la institucionalidad ha llamado así, han decidido llamar planes de vida. Y es que de lo que se trata es de promover la vida digna, y no solo la vida humana sino la vida en general, por eso dicho ejercicio de planeación considera siempre como prioritario construir una forma de vida humana y una relación con la naturaleza que sostenga la armonía y el enriquecimiento mutuo.

Hasta ahora, sin embargo, los planes de vida han estado reducidos en su mayoría a los territorios rurales y a estrategias de producción y distribución que garanticen la subsistencia colectiva. El reto que tenemos es extender estos planes de vida a los territorios urbanos, en donde la mentalidad individualista y competitiva promovida por el capitalismo ha tenido más arraigo, y llevar el trabajo comunitario al plano de la construcción de nuevas subjetividades. Tanto en el campo como en la ciudad el capitalismo y, con mayor énfasis su modelo neoliberal, han desarticulado el tejido comunitario. Si lográramos que en la ciudad el trabajo colectivo se ocupara más de la resolución de las necesidades materiales de las comunidades desde procesos de autogestión y que en el campo este trabajo avanzara también en el plano de la formación política y cultural, habríamos dado un paso importante en términos no solo del debilitamiento de la centralidad del mercado en nuestra existencia, sino en el fortalecimiento de unos sujetos capaces de construir otro mundo por fuera del predominio del capital y su lógica competitiva.

Sobre todo, habríamos fortalecido mediante estas estrategias el tejido comunitario y con ello la fuerza de los sectores populares no solo para diseñar sus propios proyectos de vida colectiva, sino para defenderlos ante las instituciones que pretenden imponer desde arriba los intereses del capital en contra de la vida. La articulación entre comunidades rurales y urbanas que han fortalecido sus procesos de autogestión y la construcción de nuevas subjetividades basadas en la solidaridad y el respeto por la vida podría engendrar la fuerza para que la movilización permanente en torno a una multitud de demandas sociales, culturales y políticas, obligará a las instituciones a atender no solo las necesidades sino también los anhelos de un pueblo maduro para la lucha.


“Aún vive con nosotros” / Denis Berrios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s