Aprobación de la Ley TIC: ¿Negocio o censura?

En medio de mucha polémica y críticas de varios sectores políticos en el Congreso, en el mes de junio fue aprobada la Ley TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ahora solo falta la sanción presidencial. Para varios sectores políticos la ley no permitirá la modernización ni disminuirá la brecha digital, más bien ampliará el pastel del negocio de las comunicaciones para los operadores dominantes; además, preocupa el posible control a los contenidos de las comunicaciones.

Por Carlos Gustavo Rengifo Árias

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La ley TIC recién aprobada es, en su esencia, una modificación a todo el articulado de la Ley 1341 de 2009. El gobierno ya la había presentado al Congreso en el primer semestre de 2018, pero la retiró antes de que el legislativo dejara de sesionar; en septiembre del mismo año, el gobierno la presentó nuevamente, pero su aprobación, por parte del Congreso, solo se dio hasta el pasado mes de junio, debido a algunos puntos de discusión que se presentan a continuación.

Operadores y brecha digital

Un objetivo fundamental de la ley TIC recién aprobada es la de reducir la brecha digital, definida por el Ministerio de las TIC como “la diferencia que existe entre las personas (comunidades, provincias, países …) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación en su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que, aunque las tengan, no saben utilizarlas”. En este orden de ideas, como lo señala la misma entidad, actualmente más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a internet. Para lograr disminuir dicha brecha, la ley promueve, como lo señala el artículo 4, un énfasis “en la protección a la inversión, que maximice el bienestar social generado por el recurso escaso, así como la reorganización del mismo, respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”, y como enfatiza el art. 7, para garantizar “la libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios”. Con lo anterior se pretende que los sectores rurales del país puedan acceder al uso de las TICs., lo cual puede materializarse, finalmente, gracias al permiso otorgado a los operadores de usar el espectro radioeléctrico hasta por un plazo definido inicialmente de veinte años (en un comienzo era de 30), el cual podrá renovarse a solicitud del beneficiario por un periodo similar.

Pero si el objetivo era lograr que la conectividad llegue “a la Colombia profunda de 20 millones de colombianos de los estratos 1 y 2, y áreas rurales”, como lo dijo Sylvia Constaín, ministra de las TIC, ¿cómo lograrán que esos sectores empobrecidos paguen el servicio de internet y comunicaciones? La ley tampoco define cómo accederán las personas y las comunidades a hardware (computadores, dispositivos móviles y tv) para usar la internet y tv, ni estipulan la creación de espacios de acceso público a los mismos, base material sin la cual ni siquiera podrán acceder a dichos servicios.

Respecto a lo anterior, Robinson Mejía, comunicador social y periodista, estudiante de derecho y docente universitario, afirma que “la gran pregunta es si realmente concesionar el espacio radioeléctrico por más tiempo implica que las redes lleguen no solamente a los lugares ampliamente poblados sino también a los lugares más lejanos con poca densidad de población, con pocos niveles de ingreso y con mayor dificultad en términos geográficos y de recursos económicos, etc.”. Mejía señala que desde la lógica privada eso no es un negocio. “Finalmente, una concesión más amplia traerá nuevas tecnologías como las 4G y 5G, pero no necesariamente estas irrigarán los territorios que no sean rentables; la respuesta empíricamente probada es que el privado no genera expansión (del servicio), a no ser que le genere ingresos”.

De esta manera, la ley de las TIC quedó sancionada con un claro enfoque neoliberal, no solo porque el servicio público de comunicaciones termina siendo prestado únicamente por el sector privado (fueron excluidas las redes comunitarias de comunicación), sino porque, además, con su énfasis en el incentivo y la protección a la inversión, terminará perpetuando la existencia de un mercado oligopólico de las TICs que querrá recuperar la inversión vía precios, y, dominado, en este momento, tan solo por cuatro operadores: ETB, Claro, Tigo-Une y Movistar. La mayoría de estas empresas están sancionadas con millonarias multas por ineficiencia en la prestación del servicio y por publicidad engañosa.

Regulación de las comunicaciones y control de contenidos

Otro punto que generó polémica y mucha preocupación tiene que ver con la financiación de la TV pública, la independencia de las políticas de televisión y, en general, de los contenidos, toda vez que la nueva ley (art. 15 y art. 17) estipula la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que financiaba la TV pública, y en su defecto crea una única Comisión de Regulación de Comunicaciones (mediante la cual se fusionará la regulación de la televisión y las comunicaciones).

La conformación de tal comisión significó, para varios congresistas que votaron negativamente el proyecto, que el nuevo ente regulador quedará configurado por mayorías del Gobierno, lo que podría implicar un riesgo de control sobre los contenidos. Al respecto, Mejía afirma que “si se miran adicionalmente las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, los recursos direccionados hacia la TV pública serán mucho menores, entonces finalmente, a pesar de que el gobierno diga que no va a haber censura a los contenidos y que la TV pública se va a mantener, esta se brindará con niveles de calidad inferiores: no van a haber recursos para el sostenimiento ni mantenimiento de los canales públicos, tales como el canal institucional, Señal Colombia, ni recursos para la radio pública”. Estos espacios de alguna manera se han configurado como medios de promoción de la historia y las identidades culturales de nuestro país, y de más pluralismo informativo, en contraposición al homogeneizante y alienante papel informativo que ha caracterizado a los canales privados de televisión. Esa labor de la radio y la televisión públicas es la que pone en riesgo la actual ley de las TICs.

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