Daniel Quintero, entre protocolizar e israelizar la protesta social

Ilustración: Puro Veneno

Por Santiago Alarcón Serna

El día 10 del “Innovation Tour” que Daniel Quintero emprendió para conocer otras experiencias y así crear su propuesta de gobierno, visitó Tel Aviv – Israel para aprender a direccionar la política en seguridad de la ciudad. El alcalde sonríe en su video y dice que se trata de aplicar a la seguridad tecnología de última generación; el referente de lo que ahora es la política de seguridad de la ciudad fue Israel, y lo hemos constatado en su posición frente a la protesta social en relación con el ESMAD, y cómo esto se ha direccionado para la aplicación de proyectos urbanos.

La intervención de Israel en Latinoamérica ha sido una constante gracias a las alianzas de EEUU con las derechas latinoamericanas. Israel juega el papel de proveedor de dispositivos de seguridad de alta tecnología relacionadas con ciberseguridad, cámaras de reconocimiento facial de precisión y bombas químicas cada vez más sofisticadas de uso permitido como las bombas lacrimógenas.

Medellín cuenta con su “gran hermano” para las movilizaciones, una conexión de cámaras de reconocimiento por toda la ciudad que permiten hacer seguimiento a cada paso de los manifestantes. Y, por supuesto, cuenta con el ESMAD de la policía como cuerpo antidisturbios con sus diferentes armas que en un juego lingüístico macabro han decidido llamar “de baja letalidad”, al menos por ahora, porque luego de que Medellín se convierta finalmente en el anunciado “Valle del Software” no sabemos qué podrá hacer la tecnología con nosotros o sin nosotros.

Esta ha sido la lógica del alcalde. El 21 de enero fue la primera manifestación del Paro Nacional en contra de las medidas económicas de Iván Duque, fue también la primera manifestación que tuvo que enfrentar el alcalde. Durante esta se dio una muestra de apoyo a la manifestación que ese día realizaban las trabajadoras del sindicato SintraIAS contra el liquidador de su empresa, el cual se encontraba hospedado en el hotel Dann Carlton, por la vulneración de sus derechos laborales y colectivos. Cuando se centró esta manifestación en el hotel con algunos marchantes del Paro Nacional, el alcalde envió al ESMAD para que, seguramente, “controlase” la protesta que ponía en peligro la tranquilidad de los empresarios que por la época se hospedaban allí.

Sin embargo, la técnica policial que ejerce el ESMAD no está orientada a “solucionar” un conflicto, su presencia simplemente lo profundiza y agranda; su estrategia es agudizarlo antes de detenerlo: muestra de ello fue la necesidad de que defensores y defensoras de derechos humanos tuvieran que realizar un cordón humanitario para garantizar la seguridad de manifestantes, para que luego de ello nos enteráramos que el ESMAD, que solo había sido llamado para “controlar” la situación que venía sucediendo en el Dann Carlton había llegado hasta el parque de El Poblado, donde ya no había movilización ni se estaba realizando actividad alguna, y solo quedaban algunos manifestantes y personas ajenas a la movilización protegiéndose de un torrencial aguacero. Pero, al perecer, a ojos el escuadrón esto parecía peligroso, así que decidieron comenzar a lanzar gases lacrimógenos, aturdidoras y a disparar en contra de las personas, de todas, porque en ese punto nadie se manifestaba.

Ahí le dispararon en la cien a Valentina, quien casi pierde la visión; lanzaron gases lacrimógenos a establecimientos comerciales, afectaron a niños y adultos mayores. Fue entonces cuando comprendimos que el ESMAD está desatado porque los gobiernos siempre les han promovido y dejado hacer sin mayores consecuencias, la impunidad y el respaldo institucional a sus acciones han sido la impronta permanente.

Hemos pedido el desmonte del ESMAD, aunque también sabemos que esto no sucederá; su existencia responde a una estrategia israelí de “pacificar” a todos los que hemos decidido vivir por encima de nuestras posibilidades, “sublevándonos” en las calles, y de esta forma lograr inseminar nuevas políticas neoliberales o hacer avanzar las existentes.

Luego del episodio en el parque de El Poblado se planteó la necesidad de un protocolo que garantice el ejercicio de la protesta, dado que el único instrumento con el que cuenta la administración municipal en ese sentido es el Decreto 2254 de 2013 expedido por el ex alcalde de Medellín y hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Este protocolo resulta ser abiertamente inconstitucional, dado que el entonces alcalde, por fuera de sus competencias, intentó reglamentar con éste acto administrativo la protesta social para la ciudad de Medellín. Por tanto, el protocolo que se demandaba debería partir de la revocatoria del Decreto 2254 y el inicio de conversaciones amplias para su creación con todos los sectores sociales, tomando en cuenta los estándares internacionales, la jurisprudencia constitucional y las metodologías propuestas por el Ministerio del Interior en razón a los compromisos del Acuerdo de paz firmado en la Habana.

Sin embargo, lo que obtuvimos fue una orden del alcalde por Twitter, que quiso llamar “protocolo” y que se refería al ingreso de la fuerza pública a las universidades cuando en estas hubiese presencia de explosivos. Sabíamos de entrada el error y los peligros que esto representaba; y así pasó, la fuerza pública entró a la Universidad de Antioquia, no garantizó los derechos humanos de los que habitan la U, no tuvo un protocolo que consultar porque solamente fue una orden, y una que, me temo, no responde a la presencia de explosivos en la universidad, porque unos días después vino el meollo de todo este asunto, retirar las mallas de la universidad con la excusa de “abrirla” e integrarla al sector circunvecino.

Pero ese tampoco es el asunto real, creo que, y como bien lo explica la teoría de la israelización, estos dispositivos de securitización buscan en el fondo permitir la expansión de medidas neoliberales. No es casual que la Universidad de Antioquia sea ahora el epicentro de toda la discusión, es en todo caso un lugar que será necesario intervenir si lo que se quiere es avanzar en el proyecto urbanístico del “Distrito de Innovación” acorde al “Valle del Software”, impulsados por institutos como el MIT y el centro URBAM –EAFIT.

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