Por Santiago Alarcón Serna

La pandemia ha agudizado las injusticias estructurales, sin embargo, el problema no es solo la pandemia, sino la forma en la que se ha incrustado como un engranaje en la maquinaria de injusticias que hemos creado, que causa dolor especialmente sobre ciertos cuerpos.

Cuando Iván Duque declaró la medida de aislamiento, la maquinaria de desigualdad fue más visible, el confinamiento obligatorio no era vivido de la misma forma por todos los cuerpos, la cuarentena era un privilegio de clase; efectivamente, para los cuerpos empobrecidos no es dable permitirse una medida tal como el aislamiento, y como respuesta estas clases pobres hondearon trapos rojos en sus puertas y ventanas, tenían hambre.

Y a pesar de que los cuerpos empobrecidos sintieron más hambre de cuenta de la pandemia, hasta en esto la maquinaria de injusticias no los afectó de la misma manera, pues existen cuerpos que además de luchar por la satisfacción de necesidades de subsistencias materiales, han luchado por ser cuerpos posibles, cuerpos que importan sin atención a sus tránsitos de un lugar del género a otro, después de todo y como lo expresaba Haraway en su Manifiesto para cyborgs “¿Por qué deberían nuestros cuerpos terminar en la piel o incluir, en el mejor de los casos, otros seres encapsulados por la piel?”

Me refiero entonces específicamente a los cuerpos trans, aquellas personas cuya identidad de género y/o sexual, al decir de la Corte Constitucional en sentencia T 771 de 2013, “es diferente a las expectativas convencionales basadas en las características físicas sexuales o el sexo que les fue asignado al nacer. El término es genérico toda vez que es empleado para describir una pluralidad de expresiones, experiencias e identidades, e incluye, entre muchas otras, a personas transexuales, transgénero, travestidos, intergénero, transformistas, drag queens y drag kings. Así mismo adoptó la noción de persona trans como la relativa a aquella que transita del género asignado socialmente a otro género”.

Estos cuerpos en tránsito que, además han sido empobrecidos, putiados, racializados, colonizados, cuerpos migrantes, cuerpos en exterminio, hoy se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la pandemia y las medidas que los gobiernos locales han asumido para contener la misma. Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, tomó la decisión de, y en aras de limitar el tránsito de las personas por las calles de la ciudad, implementar mediante el parágrafo 5° del artículo 2° del Decreto 106 de 2020, lo que llamaron “Pico y Género”, una medida que despertó la preocupación de grupos y personas que trabajan por los derechos de las personas Trans y No binarias, dado que las medidas generaban un peligro potencial y nuevo para estas personas.

La medida consistía en que, en lugar de limitar la salida de los ciudadanos a abastecerse de víveres, a realizar diligencias bancarias o a comprar medicamentos por medio del último digito de la cédula, como ha ocurrido en otros lugares del país, la salida de las personas estaría determinada por sí eran hombres o mujeres, unos saldrían los días pares y otros los impares. Aunque en un principio parece una medida inocente, comporta una serie de problemas.

Dichos problemas se vieron tanto en Perú como en Panamá, países donde la medida fue implementada primero. En el caso del primero, la medida solo duró una semana. En el caso de Bogotá, a pesar de que el acto administrativo contempla que las personas trans podrían salir el día correspondiente con su identidad de género, dejaba la verificación de la medida en manos de la Policía, una institución que históricamente ha agredido a la población Trans. Además, le entregaba una facultad de “vigilancia de género” para que fuera esta quien decidiera, según lo que consideraran qué es una mujer o un hombre, e impusieran las sanciones respectivas.

El decreto, además, dejaba de lado la existencia de las personas no binarias o de género fluido, a quienes no se sienten identificados con uno u otro; implícitamente facultó a cajeros, vendedores y dueños de establecimientos a decidir si vendían o no elementos a estos cuerpos en tránsito, facultó a éstos a vigilar sus cuerpos y su género. Pese a los múltiples llamados que realizamos las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, la administración distrital no modificó la medida, y al día de estar escribiendo esto se han presentado 12 casos de discriminación, incluido en estos un intento de homicidio en contra de la población trans y no binaria. Sin embargo, para la alcaldesa ha sido un éxito la medida.

En la ciudad de Medellín, pese a no haberse adoptado una medida que ahonda en la discriminación como el “pico y género” de la capital, en realidad no se ha tomado ninguna medida con enfoque diferencial y de derechos humanos frente a la población trans y LGBTI. En este sentido, la Red Popular Trans de la ciudad cuestionó a la administración municipal sobre las medidas para priorizar paquetes alimenticios; sin embargo, esta se limitó en respuesta a manifestar que la única plataforma para ello era “Medellín me cuida”, el espacio digital creado por la administración para enviar los auxilios durante la pandemia.

Las administraciones olvidan las recomendaciones en materia de derechos humanos dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA para el tratamiento de la pandemia. En Bogotá se implementan medidas discriminatorias y en Medellín se olvidan las condiciones especialmente precarias de estas comunidades, que difícilmente tienen acceso a internet, que no tienen lugares para vivir con cocinas para preparar alimentos y que en muchos casos su sustento proviene del trabajo sexual. Y aunque la ciudad posee un espacio como el Centro para la Diversidad Sexual, que podría ser adecuado por la administración para atender algunas necesidades de esta población, hoy permanece cerrado, y ha sido como siempre la misma comunidad trans de ambas ciudades quien ha gestionado auxilios y ha atendido los casos de abuso de autoridad sobre sus cuerpos, porque en pandemia el patriarcado no se detiene.