¿Y del Estado quién nos defiende?

Las violencias contras las mujeres aún persisten y son sistemáticas y estructurales, las vivimos en la casa, en la cama, en el campo, en la ciudad y ahora también por parte del Estado y las instituciones destinadas a garantizar nuestros derechos

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Ilustración

Por Catalina Botero Gómez

Casos como el siguiente son el pan de cada día:

“Nosotros convivimos un mes y como yo me di cuenta de que él era consumidor de drogas, lo quise dejar; él me dijo que no me iba a dejar en paz, que me iba a destruir mi vida. Y prácticamente la destruyó, me tocó irme de la casa, ahora vivo de arrimada en la casa de una señora; me hizo echar del trabajo en el que llevaba muchos años, porque llamaba a mi jefe a insultarlo, a tratarlo mal y a decirle que yo era una ladrona, que me echara. Me ha amenazado varias veces de muerte y me dice que si me ve con otro me mata, me corta los senos y que a mi mozo le corta el pene y me lo mete a la boca. Me persigue, me hostiga y ha acabado con mi vida; ya lo he denunciado varias veces (4), pero no ha pasado nada con esos procesos. La fiscal me ha hecho sentir muy mal, me ha dicho que por qué no vendo confites en los buses, que ellos no pueden ayudarme, que lo único que pueden hacer es dar una orden de alejamiento y nada más. Yo lo que quiero es recuperar mi vida y mi tranquilidad”.

El 25 de noviembre, día internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencias Contra las Mujeres, feministas de todo el mundo nos tomamos las calles para movilizarnos y denunciar la violencia patriarcal y machista que vivimos.

A través de la historia, que en todas sus manifestaciones es patriarcal, las mujeres han sido las que han llevado la carga más pesada; historias de tristeza, llanto, miedo, culpa, frustración; historias de abandono estatal, pobreza extrema: pareciera que la pobreza tiene rostro de mujer; pero también historias de resistencia, fuerza, lucha y coraje.

La vigencia de un sistema autoritario y patriarcal ha generado un continuum de violencia hacia las mujeres, que tiene como base común la dominación y el control del poder masculino. La violencia contra las mujeres genera impactos inmensurables en la vida de éstas, que implican afectaciones a la salud física y emocional y, para algunas, ha significado la propia muerte (feminicidio).

La respuesta por parte del Estado colombiano para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres ha sido insuficiente, ineficaz e inoperante. Devela, de fondo, una ideología patriarcal, estructural y violenta que tiene sus raíces históricas en la colonización. Cuando las mujeres acuden a las instituciones estatales ‘competentes’ a denunciar hechos de violencia son revictimizadas y en muchos casos se le ponen obstáculos para acceder a la justicia, derecho fundamental que el Estado debe garantizarles.

Obstáculos como: la ausencia de una visión integral de lo que son las violencias contra las mujeres; poco conocimiento por parte de los funcionarios sobre las leyes específicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres; desconocimiento de las rutas de atención; lentitud, ineficacia y poca fluidez en los procesos; naturalización de las violencias contra las mujeres; desfinanciación de las instituciones; colapso de las comisarías de familia (mucha demanda, pocos recursos, tiempos muy laxos); poca efectividad de las medidas de protección; no aplicación de protocolos de atención; persistencia de estereotipos patriarcales en la judicialización y revictimización, entre otros.

La violencia estatal que padecen las mujeres a través de las instituciones y funcionarios/as encargados de garantizar sus derechos humanos genera como resultado una doble victimización, discriminación, estigmatización y subvaloración de las violencias. Entre tanto crece el riesgo de maltrato, lo que genera que mientras la mujer espera la respuesta del sistema judicial ocurran nuevos hechos de violencia, en muchas ocasiones llevándola a la muerte (feminicidio). De ahí que en las mujeres sobrevivientes haya poca confianza y desesperanza ante la justicia, pues la ineficacia de las instituciones se traduce en una desresponsabilización de los agresores y les envía un mensaje a éstos y a la sociedad en general de que las violencias contra las mujeres son vanales, permitidas y toleradas.

La percepción de injusticia (o impunidad) se generaliza, en tanto muchos agresores no reciben una sanción acorde a los hechos deshumanizantes cometidos y asumen que pueden agredir a las mujeres tantas veces como ellos quieran, contando con el silencio cómplice del Estado, la sociedad y la justicia patriarcal. Por eso son frecuentes entre los maltratadores, expresiones como: “Si te veo con otro te mato y no me importa si me voy para la cárcel”. “Las normas como las mujeres son para violarlas”, “yo con la ley me limpio el culo”.

Todo lo anterior devela el incumplimiento del Estado colombiano en su compromiso de garantizar a las mujeres “una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como privado”, mandatos que están consagrados en la Convención para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer –CEDAW– y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres –Convención Belém do Para, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Todo ello lleva a concluir que, si el Estado colombiano ignora las necesidades vitales de las mujeres, ¿Que otra forma de justicia diferente a la patriarcal estamos llamadas a crear, construir y e implementar que permita contrarrestar, reparar y sanar los efectos que ha dejado esta guerra histórica en contra de las mujeres?

Hay que reinventar la justicia desde el cuerpo y entre nosotras, construir caminos de justicia que respondan a la necesidad vital humana de sanar, reparar los daños psicosociales que esta guerra ha dejado en el cuerpo y en la vida de las mujeres.

Para poner en recuadro, a manera de destacados

“Un tipo se enamoró de mí y como yo no le quise hacer caso, casi me mata y a él solo le dieron 4 años de cárcel. Yo siento que el Estado no me protegió, ni garantizó mis derechos, y cuando él salió libre yo ni me di cuenta”.

“La semana pasada fui a denunciar una violencia verbal y psicológica que vivo con mi ex esposo y en la comisaría no me quisieron recibir la denuncia dizque porque eso no era violencia, y no me quisieron dar las medidas de protección. A los días volvió a agredirme, pero esta vez me golpeó la cabeza y tuve que ir a urgencias y me pusieron 8 puntos”.

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