Catatumbo: represión y resistencia  

Por Equipo Jurídico Pueblos

Foto de la apertura de la Comisión de Vida del Catatumbo

La región del Catatumbo la conforman 10 municipios del Norte de Santander, además los resguardos Motilón Barí y Catalaura-La Gabarra del pueblo Barí. La tierra del trueno, como suele llamarse a esta región, la habitan comunidades que, por décadas, incluso siglos, han resistido a la pretensión de destruir su identidad como pueblos indígena y campesino.  

El Catatumbo se ha enfrentado históricamente al abandono estatal, la militarización, la presencia de empresas trasnacionales que explotan los bienes naturales en el territorio y la existencia de grupos paramilitares y tropas mercenarias que configuran un escenario de conflicto armado al confluir en zonas de contrapoder por parte de la guerrilla. El campesinado y las comunidades han tenido que sobrellevar las consecuencias devastadoras de las violencias sistemáticas que atentan contra su derecho a autodeterminarse, a existir, a la educación propia, a acceder a los servicios públicos y tener salud, tierra, vivienda, economía propia y trabajo digno.   

En medio de la pandemia por la Covid-19 estas crisis se profundizan. “Hay un militar por cada 10 habitantes y un médico por cada 5.000, solo hay una IPS en el Departamento con el nivel 3 de atención”, dice un campesino, describiendo los efectos devastadores de la privatización y desfinanciación de la salud. La única respuesta del gobierno colombiano a las problemáticas complejas de la región ha sido la militarización, la presencia de tropas estadounidenses y la ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos mediante Aspersión Terrestre.  

El territorio ha sido convertido en un permanente teatro de operaciones militares donde se desarrolla la guerra total de los Estados Unidos contra Venezuela. En el primer gobierno de Uribe fue considerado zona de orden público, el siguiente período se declaró zona de consolidación y ahora, con Duque, fue incorporado a las llamadas zonas futuro. Estas denominaciones responden a una misma línea de acción estratégica a través de la cual se articula la intervención de toda la institucionalidad estatal, con un especial enfoque en operaciones cívico-militares y acciones encubiertas de tipo paramilitar y mercenarias. De esta manera se han movilizado –al servicio de la agresión imperialista- todos los recursos y capacidad militar disponibles.  

El 5 de junio de 2020, el General Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, anunció que la presencia de militares estadounidenses en la región de Catatumbo tiene como objetivo “asesorar en materia de acción integral y comunicaciones, en apoyo logístico. Además, entrenarán a algunas tropas militares colombianas, en cuanto a derechos humanos, derecho internacional humanitario, manejo de protestas sociales y asalto aéreo”.  

Los militares extranjeros quedarán agregados a la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar comandada por el general Oliverio Pérez, conformada por 5.000 efectivos y responsable de violación a los derechos humanos. Está demostrada su participación en el asesinato de Alejandro Carvajal ocurrido el 26 de marzo de este año. El 18 de mayo en la vereda Vigilancia, tropas de esa misma estructura abrieron fuego contra varios campesinos quitándole la vida a Digno Emérito Buendía Martínez y dejando heridos a Miguel Hernández León, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González. Ambos hechos ocurren en el marco de operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.  

El 27 de junio en el municipio de Teorama ejecutó extrajudicialmente al campesino Salvador Jaime Durán. Días después intentó relacionarlo con el ELN a través de una orden de batalla falsa, que no solo generó el repudio de la comunidad sino incluso un pronunciamiento de la organización insurgente aclarando la situación. El hecho puso en evidencia el regreso de los falsos positivos –como modalidad represiva- a la región del Catatumbo.  

A mediados de julio, el Ministerio de Defensa dirigió una comunicación escrita a los mandatarios locales anunciando el regreso de la aspersión terrestre con glifosato, lo que incrementará la conflictividad social en la región. La presencia de asesores militares gringos y este anuncio guardan estrecha relación: evidencian que la guerra contra las drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos es una verdadera guerra contra los pueblos de Colombia y Venezuela.     

Mientras tanto, el asesinato de luchadores populares, las masacres y los desplazamientos forzados van en aumento. El pasado 18 de julio, en la vereda Vigilancia, según se lee en un comunicado de la Asociación Campesina del Catatumbo-Ascamcat, “siendo aproximadamente las 8:00 a.m. fue abordado por actores armados Ernesto Aguilar Barrerasde 34 años de edad, campesino que hacía parte de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, quien por versiones de la misma comunidad fue retenido y conducido a la vereda Totumito en donde posteriormente es asesinado”.  

Ese mismo día, en la vereda El Totumito del corregimiento Carboneras, del Municipio de Tibú, la estructura paramilitar conocida como Los Rastrojos, al mando de Camaleón y Brayan, perpetró una masacre. De acuerdo con el relato de un miembro de la comunidad “fueron asesinadas siete personas, dentro de ellas una mujer”. A raíz de estos hechos, se desplazaron 25 familias: 414 personas en total, de las cuales 23 son adultos mayores, 132 niños/as, 5 presentan condición de discapacidad y 47 son migrantes venezolanos. Ellas y ellos se vieron obligados a dejar sus cultivos, animales y fincas abandonadas, debido a la situación de zozobra y a la amenaza del grupo armado de posicionarse en el territorio.  

Como es costumbre, las autoridades policiales han acudido a la estrategia negacionista de desinformar y confundir. En contra de lo evidenciado por las comunidades, el coronel Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta, le atribuyó públicamente la responsabilidad de esta masacre al ELN. De esta manera, pareciera ocultar la magnitud de la tragedia humanitaria y represiva que sufren los habitantes del Catatumbo y zona rural de Cúcuta.    

Las comunidades catatumberas son referente de lucha y resistencia para el conjunto del movimiento popular colombiano. Los paros campesinos de los 80 hasta los últimos de 2019 así lo referencian. Allí habitan comunidades que han diseñado colectivamente proyectos de vida que se proponen la construcción de procesos de resistencia desde la perspectiva del poder popular. La movilización y la denuncia en contexto de pandemia exigen el apoyo del movimiento social colombiano y latinoamericano. Los intereses de la burguesía imperialista son evidentes. Contrarrestarlos es nuestra obligación.

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