FARC: “Seguiremos resistiendo a pesar del desangre”

Taller de capacitación Finca El Alto, Fotos: Guillermo Yepes

Por Guillermo Yepes y Álvaro Lopera

Ellos, 13.000 reincorporados, no lo esperaban cuando, sonrientes, Timochenko y el expresidente Santos firmaban el Acuerdo, un mes después del negado plebiscito. No se imaginaban que, cuatro años más tarde, no los acompañarían ya 222 compañeros que habían sobrevivido tras esa cruel guerra prolongada por más de 52 años, pero no sobrevivirían a la nueva “paz” que se desataría supuestamente cuando los fusiles de las FARC se callaran para ir en procura de una vida digna y sosegada.

Pasar la página, un imperativo

Querían pasar la página tremebunda de la guerra. Enfocaron sus mejores esfuerzos en construir un nuevo colectivo político, ya no político-militar como cuando estaban en el monte. Soñaban un Estado más democrático y justo, y entendían que tenían que poner todo de su parte para que la sociedad colombiana, tan desinformada, tan desconocedora de los intríngulis de la violencia -especialmente aquel 80% que habita las ciudades-, empezara a asimilar a esos hombres y mujeres que habían luchado por una utopía que el humo de la guerra había ocultado.

Ahora querían trabajar en el campo, al fin de cuentas esa guerrilla era fundamentalmente campesina: su líder, Manuel Marulanda, era un hombre que pertenecía a esa Colombia profunda, campesina. También querían crear un nuevo tejido social para que aquellos campesinos circundantes saborearan las mieles del desarrollo que, con toda seguridad, llegaría de la mano de ellos, hombres y mujeres que planearon cambiar el fusil por el azadón, las balas por semillas y las botas militares por máquinas y herramientas para construir vías.

Manos a la obra

El Acuerdo tenía un tema central: la tierra (Reforma Rural Integral), y en el marco de ella, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Una cifra sonó en sus cabezas como un disparo: 10 millones de hectáreas, de ellas, 3 millones, serían para campesinos sin tierra, y 7 millones para legalización de títulos del campesinado pobre y nuevas adquisiciones.

Planificaron proyectos y se concentraron en sitios de trabajo colectivo: organizaron, como parte del Acuerdo, 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en varios departamentos, reconocidos por el Estado. Emprendieron el trabajo casi con las uñas, en vista del lerdo paso del gobierno Santos. Este movió paquidérmicamente los hilos del Acuerdo, pero no objetó el papel de los países garantes y de varias ONG internacionales, ni el apoyo económico de la Comunidad Internacional como sí lo haría el gobierno Duque.

Gallinas y Conejos en corral cerrado

La diáspora de la ETCR de Santa Lucía, en Ituango

Marcos y Alejandro, cuadros políticos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), narraron con sencillas palabras el trabajo que allí desarrollaban los excombatientes del frente 18 y sus familias, en 114 hectáreas: “Desde el inicio, en 2017, el Estado ha impulsado el arriendo de todas las tierras en donde nos hemos asentado, lo cual dio para sembrar un cierto pesimismo, porque, ¿cómo le pone uno ganas a algo que no le pertenece?”.

“Éramos 234 cuando iniciamos los esfuerzos de construcción de este ETCR -situado a cuatro horas de la cabecera municipal-. Inicialmente alambramos y pusimos nuestras carpas. Posteriormente construimos las casas, la escuelita, el salón para reuniones, las canchas de fútbol y microfútbol, trajimos la energía eléctrica y construimos la vía carreteable”. A la vez interactuaban con los campesinos de la vereda y compartían el pan coger.

Con parte de los dineros de la ayuda internacional y de la renta básica pactada -90% del salario mínimo- que recibían a cuentagotas, pudieron comprar colectivamente los primeros animales para empezar un programa de ganadería de doble propósito, gallinas ponedoras y algunos carneros que, junto con distintos cultivos, hicieron parte del plan sostenible de soberanía alimentaria y comunitaria.

Mejoraron infraestructuras para el manejo y comercialización de la leche y desarrollaron prácticas orgánicas en el cultivo del café, que luego se exportaría a EEUU con marca propia: “Café Paramillo”. La agricultura hortícola y frutícola también estaba en su ideario.

Más adelante se instaló el puesto de salud, del cual también se benefició la comunidad. En Ituango, y de común acuerdo con el alcalde, empezaron a prestar el servicio de Internet. Se pretendía adelantar un proyecto económico sostenible de servicios.

Cuando ya había sufrido 10 asesinatos, todos en las afueras del espacio territorial, ocurrió un nuevo crimen en enero de 2020: caía baleado el joven excombatiente Herrera sin que el Ejército, que se encontraba a 200 metros del herido, le hubiera brindado primeros auxilios. La chispa de la desazón prendió el miedo en los 53 hombres restantes, generándose una tumultuosa salida hacia Ituango. Antes, en 2019, ya habían salido decenas de compañeros para Medellín, el Oriente antioqueño y Mutatá –nuevo refugio–, debido a las múltiples amenazas y muertes. Siete se mantienen en dicho espacio.

¿Quién nos mata?

“Salvo contadas excepciones, todo iba muy bien. Nosotros dentro del ETCR no teníamos problemas de seguridad”. Desde el inicio del proceso hubo acercamientos fraternales con los soldados y policías rasos.

Marcos resalta que “el Estado no tiene el monopolio de las armas ni el control territorial”. Nunca hizo presencia ni copó el territorio. “Son territorios en disputa y no solo es el narcotráfico, es también la minería, pues se dice que esa tierra aloja muchos minerales, además de la hidroeléctrica”. A lo que se agrega la biodiversidad. Afirma vehementemente que son estrategias para 15 o 20 años y que hay demasiados actores, tantos, que se confunden: paramilitares, delincuencia, disidencias. Y por ello invoca la figura de la investigación exhaustiva para cada caso particular.

Alejandro sumó una anécdota que muestra la intencionalidad de las instituciones: “El exgobernador Luis Pérez era venenoso: salía de las reuniones y después de aclararle nuestra participación pacífica y productiva y las necesidades y compromisos que habíamos adquirido, salía a vociferar a los medios que la FARC estaba involucrada con las disidencias, el narcotráfico, dizque porque tenía información de inteligencia militar al respecto”. El gobierno nacional de Duque completaría el cuadro: con él, la desprotección, los muertos, los desarraigos y, por supuesto, la desinversión.

Crearon, por necesidad, más de 80 colectivos a nivel nacional llamados Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), las mismas que el gobierno Duque no reconoce y por ello no tienen derecho a alimentación, seguridad, etc. En Antioquia hay 4 ETCR y 6 NAR, incluida la del Área Metropolitana, donde hay 325 compañeros y compañeras; más de la mitad han llegado desplazados y ahora están arrinconados en los barrios más pobres. De las 26 iniciales, subsisten 24 ETCR.

Marcos asegura que “más del 90% de los excombatientes continúan firmes en el proceso”.

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