El TTP sesionará nuevamente en Colombia

Por Equipo Jurídico Pueblos

El 26 de enero de este año se realizó el lanzamiento y aceptación de competencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “El genocidio político en Colombia”. La acusación contra el Estado colombiano fue sustentada por el defensor de derechos humanos Javier Giraldo, quien en su intervención expuso los mecanismos y dispositivos a través de los cuales, por décadas, se ha desplegado el exterminio físico y simbólico contra las organizaciones populares, por parte de las clases en el poder. Asimismo, enfatizó en el libreto genocida que se repite contra colectivos que se proponen un modelo de sociedad distinta a la impuesta por el capitalismo. El TPP, a través de su presidente, el jurista Philippe Texier, declaró abierta esta nueva sesión.

Tribunal de carácter ético

El TPP forma parte de los tribunales de opinión. Tiene un carácter ético y no gubernamental. Se rige por el método de la confrontación, es permanente y de carácter internacional. Sus antecedentes fueron los dos tribunales Russell, el primero en 1966, que juzgó los crímenes de guerra cometidos por EEUU contra Vietnam y el segundo entre 1974 y 1976 que enjuició las dictaduras militares en América Latina. El TPP fue constituido en 1979 y está conformado por personalidades y referentes éticos del mundo nombrados por la Fundación Lelio Basso. Sus principales fuentes normativas son la declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel y sus propios estatutos.

El TPP es un ejercicio de justicia desde los pueblos ante la imposibilidad de que los Estados investiguen y castiguen de manera genuina a los responsables de crímenes internacionales perpetrados contra la humanidad.

La tercera sesión del TPP en Colombia

Desde su existencia, el TPP ha sesionado en 47 ocasiones; la última se hizo en mayo de 2018 y trató sobre Derechos Humanos, Fracking y Cambio Climático. En Colombia será la tercera vez que lo hace. En la primera abordó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina, culminó en Bogotá el 25 de abril de 1991. La segunda sesión, sobre “Empresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia”, tuvo lugar entre el 2006 y el 2008. Veintinueve (29) años después desde la primera sesión, activó de nuevo su competencia ante petición formulada por centenares de organizaciones colombianas que consideramos necesario acudir a escenarios de justicia y memoria propios, alternos a los hegemónicos, por el incremento de violaciones a los derechos humanos en nuestro país y la persistencia de la impunidad.

Del terrorismo de Estado a un proceso genocida

En esta oportunidad, el TPP en Colombia enjuiciará a los responsables del Genocidio contra el movimiento popular. Desde hace décadas acudimos a la categoría de Terrorismo de Estado para referimos a los crímenes de sistema. No obstante, las diferencias entre ambos conceptos es sustancial. Mientras la esencia del terrorismo son los actos indiscriminados, los procesos genocidas son racionales y planificados contra sectores de la sociedad que no encajan en la concepción de mundo de las clases sociales en el poder. Para el conjunto del movimiento de los derechos humanos y, en general, para los procesos populares victimizados por la represión estatal es un hecho significativo que logremos avanzar en la caracterización den modelo represivo, y este será tal vez uno de los aportes fundamentales del 48º periodo de sesiones del Tribunal.

La definición de genocidio y la realidad colombiana

Vale precisar que todo genocidio es político y que la redacción de la Convención de las Naciones Unidas (1948) es excluyente porque redujo y encasilló los grupos víctimas en unos pocos. El estatuto del TPP, por el contrario, contempla una definición más amplia, en la que entiende por genocidio cualquier acto cuando se cometa con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo seleccionado de acuerdo con un criterio discriminatorio.

Los procesos genocidas se dirigen contra grupos (oprimidos), no contra personas aisladas, y el victimario es otro grupo (opresor). Rapahel Lemkim señaló que con este crimen se pretende eliminar la identidad del primero e imponer la del segundo. Por su parte, el profesor Daniel Feierstein planteó con acierto que el genocidio moderno es de carácter reorganizador y busca la destrucción de “las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso de terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”. Los procesos genocidas acuden a tecnologías de poder solo aplicables desde los Estados.

El proceso genocida en Colombia no tiene fecha exacta de inicio y, a diferencia de otros casos en el mundo, aquí continúa. No existen múltiples genocidios, sino un proceso de exterminio con los mismos patrones y prácticas que se incrementan en distintos períodos históricos contra los procesos populares considerados como un peligro para el modelo de acumulación capitalista.

Audiencias del TPP en Colombia

Para los días 25, 26 y 27 de marzo de 2021, están programadas las audiencias en las que cada uno de los procesos expondrán ante los jueces las pruebas y argumentos que probarán el proceso genocida en Colombia. Los informes entregados hasta el momento remiten a los casos del movimiento estudiantil, el campesinado (exterminio de la ANUC-UR), las y los presos políticos, el pueblo Barí, la masacre de las bananeras, el movimiento Gaitanista, la Unión Patriótica, A Luchar, UNO, genocidio contra Sinaltrainal, contra la USO, asesinato de las y los firmantes del Acuerdo de La Habana, las y los lideres/as sociales, entre otros. El TPP analizará, además, el papel de los EEUU, la doctrina de seguridad nacional y el paramilitarismo como política de Estado, así como las prácticas de la desaparición forzada, despojo de tierras y las ejecuciones extrajudiciales.

El TPP es un escenario de justicia popular y memoria desde los pueblos. Pretende llamar la atención del mundo sobre lo que ocurre en nuestro país, denunciar a la clase política asesina que gobierna y desenmascarar la democracia genocida que tenemos. También busca señalar los beneficiarios del genocidio y aquellas instituciones que contribuyen a su ejecución, como el sistema de justicia, los medios corporativos de información, la Iglesia, el sistema educativo, entre otros.

Tener conciencia que existe un genocidio en curso contra el movimiento popular permite elevar el nivel de respuesta. Si el objetivo de los procesos genocidas es la modificación de las relaciones sociales mediante la destrucción de la identidad, la respuesta entonces es profundizar en los aspectos identitarios como clase popular.

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