Mujeres en casa expuestas a “la otra pandemia”

Por Anyela Heredia

Imágenes: Tomadas accionverapaz.org

Según la ONU Mujeres, en el mundo, durante 2019, 243 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años sufrieron violencia física y sexual, en su mayoría, por parte de sus parejas; esto es, una de cada tres mujeres, o sea el 33%. La OMS alertaba ya sobre el mismo hecho en 2013, afirmando que “la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial”.

Pero, según las mismas instituciones internacionales, la situación se ha agravado desde que comenzó la pandemia del Covid-19, a causa principalmente de preocupaciones económicas, sanitarias o de seguridad, condiciones de vida limitadas, restricciones de movimiento y la evacuación de espacios públicos.

La pandemia en la sombra, le dicen. Y ésta llama particularmente la atención porque sobrecarga los servicios de salud y otros servicios esenciales como los refugios y las líneas de atención.

De hecho, la alarma fue desatada por el aumento de llamadas a las líneas de atención en todo el mundo. En Bogotá, la secretaria distrital de la Mujer, Diana Rodríguez, señalaba en junio del año pasado, durante una entrevista con el periódico El Espectador, que: “Al comienzo de la cuarentena las llamadas a la línea púrpura aumentaron un 230 %. Pasado el primer mes bajó el número, pero aún tenemos más del 100 % sobre las que recibíamos antes…”. En países como España, del 1 de marzo al 15 de abril de 2020, el aumento fue de un 500 %.

En Antioquia contamos con la línea Mujer Metropolitana, que atiende los llamados de emergencia en los municipios del área metropolitana (excluyendo a Medellín, que tiene su propia línea). Allí trabaja la abogada Catalina Botero, con quien conversamos sobre este hecho.

“La mayoría de las llamadas, alrededor de un 80%, son casos de violencia intrafamiliar… No obstante, el problema no es solo la violencia que sufren las mujeres, a ello se suman la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades, las barreras de acceso a la justicia, a la salud y a la protección”, lo que para ella constituye una verdadera crisis humanitaria.

“Hay un sinnúmero de ejemplos como el Hospital Marco Fidel Suárez, que se niega a dar atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia, cuando por ley esos casos deben tratarse como urgencias médicas de atención gratuita y prioritaria”. Además de los múltiples casos en los que los comisarios de familia se niegan a otorgar medidas de protección a las víctimas.

Aunque sabe de al menos unas 72.000 medidas de protección dictadas por la Fiscalía, Catalina Botero asegura que falta colaboración por parte de los funcionarios de la Policía que, cargados de prejuicios y estereotipos, se niegan a hacerlas efectivas.

¿Es la casa un lugar seguro para las mujeres?

En las dependencias de la Línea Mujer Metropolitana, 24 horas, de domingo a domingo, trabaja un equipo de profesionales, abogadas y sicólogas atendiendo las denuncias de violencia física y sexual. Su trabajo se ha multiplicado debido al aumento de denuncias, en especial los fines de semana, principalmente los domingos, y también durante los toques de queda. “Esto se debe, sobre todo, a que las mujeres, durante los momentos de confinamiento, deben convivir permanentemente con sus agresores”. Además, comenta Catalina, “el aumento de las violencias en el hogar viene acompañado de un notable incremento de agresiones con armas cortopunzantes (navajas, cuchillos, machetes), que son de fácil acceso en el entorno residencial y para las cuales no se necesita ningún permiso”.

También señala un incremento de las violencias por parte de los vecinos: “Llegan numerosos casos en los que una mujer se queja ante su vecino por su comportamiento, y este termina agrediéndola de forma verbal y física, y no solo a ella sino a otras mujeres de la familia”.

Otra situación que llama la atención de las profesionales de la Línea Mujer es que, como es bien sabido, la violencia intrafamiliar no sucede solo entre parejas, sino también entre padres e hijos y en el contexto del confinamiento se han exacerbado también las agresiones de los hijos hacia la madre: “Un gran número de esos casos son de agresores que han sido diagnosticados con problemas de salud mental, pues la pandemia ha incrementado también las enfermedades mentales, y no se trata solo de los hijos varones, sino también de hijas mujeres”.

Como si fuera poco, las denuncias de maltrato por parte de los hijos son aún más difíciles de tramitar, pues de ser necesarias las medidas de protección, no son las adecuadas. Por ejemplo, se debería remitir este tipo de agresores a centros de rehabilitación, pero según Catalina Botero eso nunca sucede.

En general, la abogada considera que las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia no son adecuadas, pues no se les garantiza el acceso a la justicia ni el derecho a vivir en un entorno libre de violencia: un caso muy común es el de los cónyuges maltratadores de sus esposas e hijos, que no reciben una orden de desalojo por ser propietarios de la vivienda. En esos casos, las mujeres están totalmente desprotegidas por el Estado, pues son obligadas a permanecer en el hogar con sus agresores.

El sistema aún es incipiente

No solo ha aumentado en este tiempo el índice de violencias, ha disminuido también la capacidad de respuesta de los mecanismos creados para la atención y prevención de las mismas. Las denuncias llegan indirectamente, a través de la línea general para emergencias de la Policía (123), allí los operadores reciben las llamadas y las remiten a la Línea Mujer.

En la Línea Mujer, las profesionales hacen primero una valoración del riesgo y activan la ruta de atención, que incluye, entre otros, atención prioritaria en salud, asesoría jurídica, la remisión a casas de refugio (en casos de riesgo de feminicidio) y paquetes alimentarios para ellas y sus hijos en casos de alta vulnerabilidad.

Es un proceso que implica un alto grado de articulación institucional que todavía es incipiente. “Por una parte, falta difusión para que cada vez más personas sepan cómo acceder al servicio, y por otra, existen muchas instituciones que no cuentan con personal especializado para atender estos casos. Durante la pandemia, además, el sistema se ha visto desbordado por falta de recursos y de personal calificado para garantizar que las mujeres reciban la atención oportuna sin llegar a ser revictimizadas por funcionarios de todas las instancias: médicos, enfermeras, abogados, policías…”. Las comisarías de familia, la Fiscalía y, por supuesto, los hospitales, han denunciado la saturación del sistema, lo que evidencia una verdadera crisis de salud pública y de seguridad desde un enfoque de género.

De ahí que, aunque muchas instituciones hagan campañas en las que invitan a vecinos, familiares y en general a las personas que viven en el entorno de las mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia física y sexual a denunciar, esta no es suficiente. Debemos generar estrategias de prevención mucho más amplias que nos impliquen a todos, hombres y mujeres, en procesos de formación específica en temas de género que contribuyan realmente a disminuir la violencia machista y sus impactos a largo plazo. Dice mucho de una sociedad el hecho de que sus miembros no puedan sentirse seguros ni siquiera en sus propias casas.

Las cifras engañan

Aunque las cifras generadas por la Policía y por el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) evidencian una aparente disminución en todas las violencias, incluidas las perpetradas en contra de las mujeres, organizaciones como Sisma Mujer, que observan permanentemente esa situación, insisten en que no necesariamente ha habido una disminución en los hechos de violencia. Se trata, más bien, de que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a los canales de denuncia, en el marco de las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus.

Como registra en un boletín especial de noviembre del año pasado sobre los derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia de Covid-19 en Colombia, las cifras de Medicina Legal dependen de una solicitud de la autoridad competente para hacer un examen médico legal, y dadas las restricciones a la movilidad, se reduce la posibilidad de que las víctimas denuncien ante las autoridades. El boletín cita al propio INML: “No es posible comparar 2019 y 2020 y no se puede decir que hubo una disminución en la violencia intrafamiliar, dado que la proporción del número de casos valorados y reportados en nuestro sistema de información SICLICO es muy bajo”.

También afirman que al evaluar la agudización de las violencias (basados en los datos de la Fiscalía, y otras fuentes gubernamentales y no gubernamentales) durante la pandemia, a la par de la disminución de algunos registros oficiales se evidencia el incumplimiento del Estado al no garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Según el informe, la Fiscalía atribuye el 76% de las denuncias de hechos violentos en 2020 a delitos contra la familia (violencia intrafamiliar). Otras cifras sugieren que cada cuatro horas se registró un proceso ante la Fiscalía por acoso sexual, cada 5 minutos se registró un proceso de violencia intrafamiliar y cada día se registró al menos un proceso por feminicidio.

Sin embargo, la Fiscalía habría reconocido que, durante el periodo de aislamiento preventivo, la convivencia de las mujeres víctimas de violencias con sus agresores y el aumento del nivel de riesgo pudo haber impedido que ellas presentaran sus denuncias.

Otro dato interesante es que, del 25 de marzo al 13 de noviembre de 2020, el mayor tipo de violencia reportado a la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia fue la violencia intrafamiliar (75,66%), y los territorios que registraron el mayor número de llamadas a la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencias fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander.

Como se puede observar en la gráfica, el aumento de las llamadas fue mayor en los meses de abril con un 181% y mayo 109%, justo en los meses en los que las medidas de confinamiento fueron más estrictas.

Finalmente, Sisma Mujer registra un número de 2.072 valoraciones calificadas de riesgo de feminicidio por parte de la pareja o expareja, con un aumento de 6% respecto al 2019. Las cifras oficiales, sin embargo, presentan una disminución de 16% en asesinatos de mujeres en general.

Las instituciones reconocen que, en el marco de la pandemia, han tenido dificultades para contratar personal calificado para clasificar las violencias denunciadas, y que, además, muchas mujeres no acceden a los mecanismos que ofrece el Estado por falta de información y de acceso a los medios tecnológicos para la denuncia, sobre todo en las periferias rurales y urbanas.

No está de más recordar que la violencia contra las mujeres se expresa en diferentes dimensiones: física, sexual, emocional, económica, institucional, entre otras y aquí solo hemos mencionado un par de ellas; las otras ni siquiera se denuncian, pero en el marco de la pandemia también se han exacerbado, como el alto índice de desempleo del que han sido víctimas principalmente las mujeres en todo el mundo.

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