Salud rural para consolidar la Paz

Por Mesa Por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia-MESSSA

Brigadas de salud San Jacinto Bolivar, Tomada de Fuente: caracol.com.co

El movimiento social que lucha por el derecho a la salud en Colombia ha acogido hace años la idea de que la salud está íntimamente ligada a la paz; no solo porque una sociedad saludable favorece un ambiente para tramitar los conflictos de manera pacífica a través del diálogo, sino porque la ausencia de guerra facilita las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Nuestra postura siempre estuvo y está a favor de la solución política del conflicto social y armado que por décadas ha sufrido el país, pero en especial las regiones rurales y apartadas de Colombia, precisamente las más empobrecidas, excluidas y violentadas.

Esta convicción está fundada no solo en el principio de la defensa de la vida humana y de las demás formas de vida como imperativo moral de una sociedad saludable, sino en la concepción amplia de que la salud más que simple ausencia de enfermedad, es una potencia creadora de posibilidades vitales y, en particular, del disfrute de otros derechos. Sin salud, igual que sin vida, no hay disfrute de ningún otro derecho.

Al respecto, el profesor Saúl Franco nos recuerda que la guerra es el peor estado de negación, la hecatombe de los derechos. Por lo tanto, era indispensable, y lo sigue siendo, terminar con la conflictividad armada para avanzar en la conquista de los derechos, entre ellos la salud en todo el territorio nacional.

Uno de los retos más grandes para la consolidación de la Paz en Colombia es hacer realidad la promesa del derecho a la salud, consagrado tanto en el punto uno del acuerdo de la Habana sobre Reforma Rural Integral, como en la Ley Estatutaria en Salud. Ambas son herramientas potentes que reclaman la necesidad de construir un modelo de salud que ayude a cerrar la injusta brecha entre el campo y la ciudad. Si logramos garantizar la salud en el más amplio sentido de la palabra para nuestras campesinas y campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas, esto significaría en la práctica un enorme paso hacia la inclusión de todos los sectores en la plenitud del concepto de ciudadanía; realmente ahí podremos decir orgullosamente que todas y todos somos colombianos.

Pero, como es bien sabido por las comunidades, los derechos que no son incorporados y defendidos por los pueblos se convierten en letra muerta, más en un Estado como el colombiano acostumbrado a hacerle conejo a toda promesa hecha a los de abajo. De ahí la importancia de que los acuerdos de paz sean conocidos, reflexionados y adaptados a los territorios por la misma gente, con acompañamiento de las organizaciones populares, los gremios y las universidades que hemos defendido desde siempre la salud como un derecho fundamental y una potencia vital.

Un modelo de salud hecho desde los territorios por el campesinado, las comunidades indígenas, las negritudes y los sectores históricamente excluidos tiene que integrarse en la discusión, permitir que su voz y sus cosmovisiones se vean reflejados en la organización del sistema de salud, de tal forma que este pueda conversar con sus formas organizativas y sus saberes y se adapte a la geografía local, acercándolo a la comunidad y habilitándola para que se apropie de él y vigile el buen funcionamiento de este. Un modelo de salud que nazca de una participación democrática real y concreta, y que de paso vacune el sistema contra la corrupción desde el nivel más local.

Asegurar la salud rural implica también discutir la incorporación de las tecnologías en salud apropiadas para la operación del modelo, así como la formación de los profesionales en el respeto y la garantía de las diferencias culturales en el territorio. Además, implica democratizar la educación para que las propias comunidades puedan participar de la atención y la gestión del modelo de salud rural.

Por supuesto, es fundamental reflexionar sobre la infraestructura sanitaria en la ruralidad. Las grandes distancias para acceder a los servicios de salud se convierten en barreras insalvables de acceso al derecho y en una odiosa manera de discriminación de muchas regiones, que terminan no solo apartadas geográficamente sino también marginadas de todas las decisiones que las afectan. Acercar la infraestructura sanitaria a todas las poblaciones contribuye a incluirlas con hechos concretos en la vida nacional.

Animamos a las asambleas populares y a todos los espacios comunitarios de deliberación a nivel nacional a reflexionar sobre este tema, a fortalecer sus argumentos e incorporarlos en las discusiones sobre la superación de la pobreza y la consolidación de la Paz. Igualmente les invitamos a organizarse para defender la vida digna y saludable por medio de la movilización y la lucha política como única manera de rescatar la salud del riesgo de quedar en letra muerta.

Las organizaciones sociales y populares que luchan por el derecho a la salud, en especial el Pacto por la Salud y la Vida, estamos dispuestas a acompañarlos para que entre todos logremos un triunfo contundente e indispensable para toda nuestra nación.

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