Desaparición forzada, repetición y no reparación de las víctimas en Colombia

Por Víctor Andrés Muñoz Marín

¿Adónde van los desaparecidos? / Busca en el agua y en los matorrales / ¿Y por qué es que se desaparecen? / Porque no todos somos iguales. / ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? / Cada vez que los trae el pensamiento. / ¿Cómo se le habla al desaparecido? / Con la emoción apretando por dentro”. Fragmento de la canción Desapariciones, de Rubén Blades.

Foto: Víctor Andrés Muñoz, toma cultural de 2019

El MOVICE – Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – y el CNMH – Centro Nacional de Memoria Histórica -, estiman que en el país hay alrededor de 83 mil desaparecidos forzadamente. Si sumamos otras modalidades como el reclutamiento, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y el temor de gran cantidad de víctimas para denunciar, elevan el índice de desaparecidos aproximadamente a 120 mil personas en todo el territorio nacional. Actualmente, el CNMH registra 9.078.038 víctimas, y en Antioquia se concentra el 20 % con 1.827.971, siendo el Oriente antioqueño el más afectado.

Los grupos paramilitares han sido responsables del 46,1 % entre 1970 y el 2015, las guerrillas del 19,9 %, los grupos posdesmovilización del 8,8%, y agentes del Estado un 8%, según las estimaciones del CNMH. Si bien el registro data desde 1970, hay que advertir que a mediados de los 80 el índice se multiplicó con el accionar del grupo paramilitar MAS -Muerte A Secuestradores- al mando de Ramón Isaza, con nexos militares. Y se mantuvo arriba en la década del 90 y buena parte de la primera década del 2000 con el accionar de las Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el contexto de la política de Seguridad Democrática que criminalizó la protesta y agudizó la persecución sobre los líderes sociales y políticos.

De esta manera, el concepto de víctimas va más allá del conflicto armado. No solo se debe de entenderse por la guerra, sino también por el modelo de desarrollo económico, que, con nociones de progreso, ha despojado y acaba con la vida de los territorios de manera impositiva con mega proyectos, proyectos minero energéticos y de infraestructura como los puertos y zonas francas. Esto acarrea una fuerte presión para que las comunidades tengan que salir de sus territorios, porque terratenientes y políticos estatales en alianza con actores armados ilegales como el paramilitarismo y el narcotráfico, agudizan el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos por resistir a estas prácticas de despojo.

Las víctimas por desaparición forzada en Colombia están ligadas a la disputa territorial entre grupos armados ilegales que pretenden el control de las rutas del narcotráfico, al modelo de desarrollo económico y a la doctrina del enemigo interno, que acude a la estigmatización, perfilamiento y señalamiento, contra estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, ambientalistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, disidencias sexuales, líderes de partidos políticos de oposición, organizaciones sociales y al poder popular del movimiento social, percibidos como un peligro para la hegemonía armada y política del país.

Históricamente, Colombia ha vivido en el régimen del enemigo interno, que ubica a los opositores que propenden por trasformaciones políticas, económicas y culturales como enemigos, y los criminaliza por buscar una mejor sociedad, por exigir otras formas de gobierno, de ejercer el poder democrático. Aunque se han vivido procesos de paz, no se ha dado una transición y reparación de las víctimas, por la poca voluntad política de las élites económicas e institucionales del país; aún no hay respuesta de reparación, ni garantías para la no repetición, a pesar de existir la ley 1448, creada en el marco de justicia transicional, que compromete a los gobiernos a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas; pero no hay reparación y sí repetición.

Aunque la JEP -Jurisdicción Especial para la Paz – estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, no hay una verdad y esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, continúan las mismas prácticas, tal como sucede en Ituango, donde, en pro de los megaproyectos y en medio de la disputa por las rutas del narcotráfico del nudo de Paramillo, desaparecen y desplazan de manera forzada a las personas.

Los gobiernos afirman que cumplen con la verdad, pero en realidad lo que buscan es la construcción de una memoria histórica sin la verdad. Ha sido evidente que al gobierno de Iván Duque no le interesa cumplir las normativas para la reparación y no repetición, porque no reconoce a las víctimas como sujetos políticos y de derechos, como defensores del territorio. La reparación y no repetición debe ser transversalizada por el respeto a los ríos, las montañas, la fauna, la flora, las economías campesinas, los saberes tradicionales y las dinámicas culturales de los pueblos afros e indígenas.

Ante el incumplimiento y no esclarecimiento de la verdad, hoy las comunidades siguen en lucha por la verdad, por la defensa de la memoria, la restitución de tierras que hasta el momento no se cumple, a pesar de ser un punto clave del acuerdo de paz. Sobre todo, reclaman conocer la suerte de sus desaparecidos y poderlos enterrar, si están muertos, para realizar sus duelos respectivos, algo fundamental para la paz interior y la de las comunidades. Aunque hay un acuerdo “transicional”, hoy se siguen presentando desaparecidos forzadamente, tal como se ha dado durante el estallido social y político que comenzó el 28 de abril de 2021. La doctrina del enemigo interno, la práctica de desaparición y asesinato continúan.

Hoy se ha establecido en el país un sistema jurídico y político que no favorece la paz, a las víctimas, sino a ganaderos, a terratenientes cómplices del despojo. Sigue la doctrina del enemigo interno. De esta forma, desde el 2010, cada 30 de agosto las víctimas reivindican la memoria, aunque la insistencia es diaria, y en el contexto del estallido social y político se han dado suficientes motivos para exigir al gobierno nacional la verdad y seguir preguntando: ¿Quién dio la orden?

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