Negociación colectiva en Colombia

Por José Alfonso Ibáñez

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En Colombia el derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación, y ambos están plasmados en la constitución política como herramientas jurídicas de las organizaciones sindicales para presentar pliegos de peticiones a los empresarios del sector privado; también para que los empleados públicos presenten memoriales respetuosos o simples solicitudes a las entidades territoriales o nacionales del Estado.

Hoy la negociación colectiva en nuestro país está en cuidados intensivos, ya que la clase trabajadora se enfrenta a dos fenómenos: uno, el modelo neoliberal que se desarrolla en toda su plenitud dentro de nuestra sociedad y que impone una cultura antisindical predominante entre las élites empresariales y gubernamentales; dos, los efectos colaterales de la pandemia del Covid 19, que han coadyuvado a que los empresarios se amparen y oculten la realidad financiera de las empresas, para llegar a una etapa nugatoria de derechos laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado que se perderán 345 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y, por supuesto, Colombia no es ajena a este flagelo, ya se han perdido 1.5 millones, a lo que se le suman las formas de contratación indignas que impulsan los empresarios. Entre esas formas está el trabajo por horas, donde se aprovechan de la migración venezolana para echarle mano y abaratar costos laborales, contratos de obra y labor, contratos de prestación de servicios, externalización (más conocida en nuestro medio como outsourcing) y otras tipologías de contratación, conllevando a resultados desastrosos en la clase trabajadora.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) menciona que las proyecciones macroeconómicas de crecimiento del país para este año se acercarían a cifras entre un 6% y 7 %, destacando sectores que aportan al incremento del PIB del segundo trimestre en hasta un 17.6% en comparación con el año pasado, como el transporte, alojamiento, servicios de comida, industria manufacturera y el sector mineroenergético.

Es decir, hay indicadores económicos que muestran tendencias positivas para el empresariado en la venta de sus mercancías con la reactivación económica y activación de labores del campo, a pesar de restricciones que aún se mantienen en escenarios públicos como son los distanciamientos, el uso de tapa bocas y las medidas de bioseguridad implementadas por el gobierno nacional.

Se observa objetivamente una mejoría en los indicadores económicos del país sumada al hecho que muestra que los grandes empresarios no han tenido pérdidas en sus balances generales y estados financieros, sino que dejaron de ganar cifras enormes; el resultado en definitiva les permite seguir siendo estables, sostenibles y competitivos en el mercado.

Constitución y contubernio Estado-patronal

En ese sentido, tenemos que decir que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con normas de orden constitucional y legal que son de estricto cumplimiento, las cuales vienen siendo ignoradas tanto por los empresarios como por el Ministerio de Trabajo y la rama judicial, en contubernio con el gobierno.

Los sindicatos estamos huérfanos al no tener entidades que sean garantes de los derechos colectivos, pues si bien es cierto que existen convenios de la OIT tales como el 151 y 154 así como la Constitución Política en su artículo 55, el Código Sustantivo de Trabajo en los artículos 429 a 484, este derecho positivo es negado por las prácticas empresariales asesoradas por bufetes de abogados que distorsionan las normas y complican enormemente los procesos de negociación colectiva.

Hay una tendencia preocupante que se empieza a establecer dentro de algunos sindicatos y consiste en no presentar nuevos pliegos de peticiones para no exponerse a perder derechos y conservar lo pactado, o sea, de ipso facto se prorrogan por periodos sucesivos de seis (6) meses (art. 478 C.S.T), y otros que negocian con la patronal, siendo su resultado final la elección de tribunales de arbitramento por cuanto no hay condiciones para realizar huelgas, abandonando, de hecho, la herramienta política más importante de un sindicato.

La pandemia del Covid-19 no solo ha golpeado cuantitativamente el empleo, también trastocó las relaciones entre las empresas y los sindicatos en el año 2020, conllevando a que 2021 haya sido un año perdido para la negociación colectiva. Los datos estadísticos aún provisionales del Ministerio de Trabajo -registro de convenios colectivos- son muy concluyentes: durante el año pasado se registraron 524 convenios colectivos, un 69% menos que en al año 2019 y los trabajadores afectados por estos convenios se han desplomado en idéntica proporción (69%), pasando de tres millones en 2019 a algo menos del millón el pasado año.

Pactos y contratos sindicales vs. convenios colectivos

Igualmente, en términos generales, si se tiene en cuenta no solo la firma de nuevos convenios que por la pandemia se han desplomado, sino los pactados en años anteriores, pero con efectos económicos en 2020, se observa que al término de diciembre pasado había tres millones de trabajadores menos protegidos por los convenios. En resumen, 7.6 millones de asalariados habían pactado sus condiciones laborales para este año, frente a los 10.6 millones al final de 2019, lo que supone un 28.3% menos de empleados protegidos por el paraguas de la negociación colectiva.

Es más, la realidad es que la negociación colectiva está aún más paralizada de lo que muestran las estadísticas, porque tampoco se están abriendo nuevas mesas negociadoras para los convenios que están próximos a vencer, con el agravante del incremento de pactos colectivos impuestos por los empleadores para quitarle fuerza a los sindicatos o en contrario sensu, los mal llamados contratos sindicales, que se dan particularmente en el sector público, desnaturalizando a los sindicatos y convirtiéndolos en empleadores.

El sistema neoliberal de explotación de mano de obra en nuestro país quiere darle un entierro de segunda a uno de los grandes logros del movimiento sindical: la negociación y el convenio colectivos. Los trabajadores tenemos la palabra.

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