Mas allá de los siete colores

Por Anyela Heredia

San Andrés, ese paraíso tropical reconocido por su mar de siete colores, es también y ha sido durante décadas un paraíso del narcotráfico del que poco conocemos. De vez en cuando recibimos con beneplácito la noticia de que cayó o incautaron un cargamento de cocaína que pasaba por allí, en tránsito hacia Centroamérica, y de ahí hacia los Estados Unidos, pero nada más.

Según algunos habitantes raizales de la isla, esto es así porque la institucionalidad se ha encargado de vender la imagen de que San Andrés es un remanso de paz, que es el único lugar donde el conflicto armado no ha hecho estragos, e incluso que fue el único lugar del país donde no hubo falsos positivos.

Laura, oriunda del archipiélago (su nombre fue cambiado por motivos de seguridad), asegura que esa imagen no se corresponde con la cotidianidad de los sanandresanos, quienes, si bien es cierto, no han tenido que vivir en medio de enfrentamientos entre grupos armados, sí lo han sufrido y lo sufren aún. Porque cuando se piensa en el conflicto no se piensa en cómo los actores armados consiguen sus armas, o lo que hacen para conseguirlas, en quiénes los apoyan y en toda la logística necesaria para fortalecer y mantener la guerra.

Y es justamente allí donde San Andrés juega un papel muy importante. “Parece que el narcotráfico fuera solo para lucrarse unos pocos, pero después del tratado de paz se han triplicado los cultivos de coca y de alguna manera se tiene que haber incrementado la exportación de droga a otros países ¿no?”, comenta Laura. Pues, según su visión, los territorios utilizados para desarrollar actividades estratégicas de la cadena económica del narcotráfico son los que más han sufrido la guerra, por eso su situación se asemeja, no quizás a la de territorios de montaña, pero sí a la de territorios como Buenaventura y Tumaco, entre otros.

Quienes terminan, por necesidad, involucradas en actividades ilícitas son aquellas personas excluidas de la cadena productiva diseñada desde el gobierno central para las islas: “No son los dueños de los hoteles ni de los negocios turísticos, sino la población de acá, los raizales. Ellos son los que manejan las lanchas porque conocen el mar, conocen el territorio. Los jóvenes no tienen oportunidades y terminan manejando esas lanchas que, de aquí para allá llevan droga y de allá para acá traen armas. Y esas armas ¿para quiénes son?”. Para los actores armados, responde Laura más adelante en su relato.

A finales de los años 80 y principios de los 90, al mismo tiempo que se impulsaba el llamado Plan 25 que fortaleció el turismo “todo incluido” pero dejó por fuera del sector a las familias isleñas y atrajo la presencia de empresas multinacionales, San Andrés seguía siendo puerto libre. “En esa época a San Andrés le iba bien. Pero a mediados de los 90, con el proceso de apertura económica, el comercio se vino abajo y lo que se impulsó fue un turismo masivo”.

Por esa época llegó a las islas del archipiélago mucha gente con la intención de lavar activos y se inició un proceso intensivo de construcción de apartamentos. Cuentan que llegó a ser tal la presencia del cartel de Cali que “había una zona a la que terminaron llamando ‘Cali mío’”. Pero ya desde finales de los 80 había sanandresanos involucrados en el transporte de drogas, como eslabones de una cadena logística mucho más grande y en lanchas que no salían desde las islas sino desde otros puntos de la costa Caribe.

A finales de los 90 se implementó lo que llamaron la ruta de la langosta. “Las lanchas salían cargadas de droga y en el algún punto intermedio lanzaban sus paquetes al mar”. Luego venían lancheros desde las islas que recogían los paquetes y los llevaban hasta embarcaciones más grandes que se encargarían de hacerlas llegar a su destino final. “A veces les pagaban en dinero y otras les daban armas en pago. Y no precisamente armas pequeñas, para la delincuencia común, sino armas grandes, munición y armas para la guerra”.

Para Laura resulta muy extraño que habiendo una presencia tan alta de Fuerza Pública (Armada, Policía y Ejército) en un territorio tan pequeño, sea posible exportar tanta droga desde allí o encontrar armas de largo alcance entre los jóvenes sin que “aparentemente” nadie se dé cuenta.

Hay quienes ubican dos grandes olas del narcotráfico en la isla, la de los años 80 y la que vino después de la desmovilización de las AUC. Según la investigadora sanandresana Shirley Cotrell Madariaga, es entonces cuando comenzaron a salir lanchas directamente desde San Andrés hacia lugares como Honduras, México, la Florida y Puerto Rico, entre otros. Desde ese momento se observa un incremento en la cantidad de droga exportada y también en la violencia.

De hecho, la UARIV (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas) registra un incremento del 135% en la tasa de homicidios ocurridos en este territorio justamente entre 2009 y 2011, lo que obedecería a la incursión de bandas criminales en disputa por las rutas del narcotráfico, quienes sentenciaban a sus víctimas mediante panfletos en los que exponían las razones que justificaban los asesinatos, explica Madariaga. Además, afirma que en esa época crecieron las extorsiones, ambos crímenes atribuidos a la disputa entre “rastrojos” y “paisas”.

Tanto Laura como la doctora Madariaga coinciden en afirmar que es obvio que no solo los herederos de las autodefensas se benefician del narco en las islas; seguramente hay funcionarios y miembros de las fuerzas armadas involucrados en el negocio. Ambas coinciden, además, en que es errado pensar el narcotráfico como un hecho aislado del conflicto armado, aun cuando haya una tendencia generalizada a verlo así y a “limpiar” la imagen de San Andrés y de esa manera ocultar lo que realmente pasa. Lo cierto es que no solo hay decenas de jóvenes desaparecidos que “se perdieron en el mar” sin que hicieran parte de aquellos que manejaban las lanchas. Es más, a partir del 2008 se crearon escuelas de “gatilleros” en la isla y los asesinatos ocurren a plena luz del día. Las estructuras criminales continúan hoy reclutando jóvenes no solo para el transporte sino para otras múltiples labores de vigilancia y logística, pequeños eslabones en la larga cadena de la exportación de drogas.