John Freddy Caicedo-Álvarez

Foto: EFE -Mauricio DueÒas

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida incluye líneas de política pública sobre la acción del Estado ante la desaparición de personas en Colombia. Destaca que el PND 2022-2026 recoja lo que muchas víctimas de desaparición forzada exigieron durante años de lucha y que, sin duda, tuvo que ver con el hecho de que fuesen perseguidas y desaparecidas: en los archivos de sus memorias vitales aparecen huellas de sus esfuerzos por lograr las transformaciones que rompieran con las desigualdades en sus territorios.

Mujeres y hombres víctimas de desaparición forzada soñaron una República donde la democracia pasara del papel mojado a la realidad. Donde las instituciones fuesen construidas desde el respeto integral a las características del territorio y de los pueblos que lo habitan. Exigieron con ahínco un ordenamiento territorial alrededor del agua, la flora, la fauna, el aire y las comunidades. Reivindicaron justicia social y ambiental para los campesino, indígenas, afros y habitantes de las ciudades.

Al recordar a las víctimas de desaparición forzada vienen al presente consignas, poemas, canciones y escritos que cuentan como lideraron batallas por la equidad, la inclusión, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas UBPD, datos al 24 de agosto de 2023, el universo de personas dadas por desaparecidas es de 103.955. Un universo en construcción. La UBPD registra 7.641 fosas, cementerios ilegales y sepulturas. La Comisión de la Verdad, entre otras, presentó la siguiente reflexión sobre las cifras de desaparición forzada:

“En su misión de aportar a la verdad, la Comisión según la integración final de datos realizada por el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG puede afirmar que: entre 1985 y 2016 existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia […] el proyecto permite estimar que el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede llegar a ser alrededor de las 210 mil víctimas”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, información al 22 de marzo de 2023, ha señalado que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han documentado 1122 nuevas desapariciones, incluidos 42 niños y niñas. Aclaran que la dimensión del fenómeno es mayor a lo reportado.

Una promesa del Acuerdo de Paz fue el respeto a los derechos de las víctimas, incluida la garantía de no repetición. Sin embargo, la desaparición sigue presentándose y ahogando en sufrimiento a miles de familias. Surge la pregunta: ¿cómo el Estado busca una cultura de paz para la “reconciliación sustentada en la verdad, justicia, reparación y no repetición”, si las personas desaparecidas y sus familias siguen en la penumbra?

Magnífico que el Gobierno Nacional busque cumplir “el Acuerdo Final de Paz y sentar las bases para la Paz Total”, trabajando por el fortalecimiento de la búsqueda, la integración de la oferta institucional, del Sistema Restaurativo de la JEP y de la socialización de los mecanismos restaurativos. Pero ¿cuáles son las garantías para la participación en la construcción de la política pública de búsqueda? ¿Cómo se garantiza la superación de barreras sociales asociadas al sexo, la orientación sexual o identidad de género diversa y la pertenencia étnica que dificultan los procesos de participación?

El PND contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas “en contexto y razón del conflicto armado”. Establece compromisos para crear un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y facilitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente – MBU. Muy importante. No obstante, la ineludible pregunta: ¿Qué pasa con las víctimas de desaparición por razones y contextos ajenos al conflicto armado?

Se promete articulación de la UBPD, la Fiscalía, Medicina Legal, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y demás entidades. Empero, los “avances” en varios departamentos evidencian que esa urgente articulación es una palabra hueca. Por lo mismo, la pregunta: ¿Cuáles son las medidas para que la burocracia kafkiana sea eficaz en la búsqueda de las personas desaparecidas y en las garantías de no repetición?

Sigue sucediendo que las víctimas, cuando acuden a las autoridades responsables del diseño y ejecución de una “política pública integral participativa de protección de derechos de las víctimas para la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas”, chocan con funcionarios ignorantes que repiten “debe esperar 24 horas para presentar la denuncia”, incluyendo altos cargos departamentales que desconocen cuestiones básicas como seguimiento y monitoreo y apenas tienen idea sobre la articulación territorial – nacional.

Las familias y organizaciones enfrentan a autoridades con ignorancias inexplicables sobre cuestiones que el PND expone, como gestión de “los cementerios que tengan en sus terrenos inhumados cuerpos o restos de personas no identificadas y/o identificadas no reclamadas”. El avance en el proceso de paz total, la creación de instituciones de búsqueda, el nombramiento de burocracias con mandato especializado en torno a la desaparición forzada de nada sirve si no mejoran los resultados. Los ajustes normativos e institucionales no pueden reducirse al reclamo de mejores contratos, a alimentar informes y a engordar currículos vitae, mientras el flagelo de la desaparición rompe familias, organizaciones y movimientos.

El aumento de los casos de desaparición de niños y niñas reclama la concreción de la promesa de una “generación para la vida y la paz: niñas, niños y adolescentes protegidos, amados y con oportunidades”. Pierde sentido toda apuesta estratégica si la niñez del suroccidente de Colombia es víctima de desaparición forzada.

Víctimas, familiares y comunidades tienen derecho legítimo a medidas de satisfacción y actos de reconocimiento y de reparación simbólica para que nunca más suceda una desaparición, sea por razones y en contexto del conflicto armado o de delincuencia común, narcotráfico, trata de personas u otras. Colombia debe llegar al día en que desaparezca el crimen de desaparición de la República.