Por Diego Meza

Pintura de Cristóbal Isaza

Los terremotos, así como otras catástrofes socio-ambientales, tienen el poder de destruir en pocos segundos aquello que una sociedad ha tardado siglos en construir. El reciente sismo en Colombia arrasó con viviendas, carreteras, centros educativos e iglesias. Sin embargo, un análisis focalizado totalmente en los edificios averiados se tornó insuficiente. Lo que ha sido tambaleado es una red más compleja de objetos materiales y vínculos a través de los cuales las personas se alimentan, estudian, trabajan, descansan, se desplazan y dan forma a las condiciones de su existencia. Es decir, el terremoto trastocó la vida cotidiana de las personas, no solamente produjo daños en la infraestructura de las poblaciones.

Esta diferencia es importante. Durante los primeros días después del sismo, diversas organizaciones se han concentrado en determinar el número de edificios afectados, muertos, heridos, desaparecidos, carreteras e instituciones educativas destruidas, etc. Las cifras del impacto son necesarias tanto para determinar el impacto del desastre como para la formulación de las respuestas y alivios. Pero este modo de medir las secuelas puede invisibilizar una dimensión primordial. Una casa destruida no es únicamente un número de metros cuadrados que deben reedificarse. Las viviendas son espacio familiar, patrimonio económico, lugar de trabajo, pequeña unidad productiva, lugar de protección y cuidado, entre otros. Los daños materiales tienen una dimensión social de inmenso valor para las personas.

Desde esta perspectiva, se puede ver que la crisis ambiental, las desigualdades económicas y políticas, las condiciones de vivienda, la organización del trabajo y las relaciones comunitarias no son problemas aislados. Todos ellos hacen parte de una misma estructura de reproducción de la vida. No obstante, esta interdependencia no se explica con la afirmación genérica de que “todo está conectado”. Es perentorio interrogarse: ¿Cómo están conectados estos fenómenos y mediante qué relaciones de poder?

Los desastres naturales no se distribuyen equitativamente sobre las poblaciones. Las condiciones históricas en las que las sociedades organizan sus territorios jerarquizan las afectaciones. Un sismo puede dañar simultáneamente y con la misma fuerza a varios sectores sociales, pero la posibilidad de protegerse, desplazarse, encontrar alojamiento, interrumpir temporalmente el trabajo o reconstruir una vivienda está profundamente condicionada por la posición económica de cada familia. A pesar de que el trauma o la capacidad de afrontamiento no pueden darse por hecho, quienes tienen ahorros, sus propiedades aseguradas, empleos estables y redes institucionales como soporte fijo enfrentan situaciones radicalmente diferentes de quienes dependen de ingresos informales, están a merced de grupos armados o sobreviven de una infraestructura pública históricamente precaria. El fenómeno geológico es común, la vulnerabilidad es socialmente producida.

Por eso resulta difícil hablar del terremoto como un evento que ha sacudido una especie de normalidad colombiana homogénea. Antes de este sismo, muchas comunidades de nuestro país no gozaban de agua potable, vivienda digna, conexión a internet, escuelas y colegios en buenas condiciones o vías de acceso en buen estado. El terremoto no ha generado estas condiciones, ha actuado sobre ellas, más allá de haberlas hecho evidentes. Y, precisamente, sus impactos serán más intensos y prolongados entre quienes ya estaban en la base o al margen de la pirámide social colombiana.

Las rutinas de las personas también se han visto afectadas por el terremoto. A pesar de que algunos las consideran algo trivial, detrás de cada una existe una infraestructura material que las hace posibles. Para que una persona pueda llegar a su trabajo necesita también vivienda, energía, agua, transporte y una red de cuidados. La visión mercantilista de la vida suele no tener en cuenta estas actividades. Sin embargo, sin estas rutinas no sería posible aquello que sí aparece registrado como producción económica. El terremoto muestra esta relación precisamente porque la interrumpe. Cuando una escuela se cierra, el problema no afecta solamente a los profesores y estudiantes. ¿Quién asumirá las horas de cuidado de los niños y niñas? Buena parte del trabajo requerido caerá previsiblemente sobre las mujeres, como ocurre habitualmente en las crisis. La emergencia desatada por el sismo produce así una redistribución silenciosa del trabajo que difícilmente aparecerá en las estadísticas oficiales sobre pérdidas económicas.

¿Hay que volver a la normalidad? Probablemente una de las necesidades será regresar a la supuesta normalidad interrumpida. Es entendible: las personas necesitan regresar a sus casas, los niños y niñas a las escuelas, los trabajadores a sus actividades y las comunidades a sus formas habituales de organización. Sin embargo, muchas de las condiciones que han hecho que unas poblaciones sean más vulnerables que otras, pertenecían precisamente a esa normalidad que ahora se pretende reconstruir. Volver a la situación previa puede indicar reconstruir casas en los mismos espacios no aptos, restablecer economías precarias, reparar modelos deficientes de recolección de agua o reparar escuelas y colegios sin modificar las condiciones estructurales de aislamiento. En otras palabras, tornar a la normalidad implicaría invertir enormes cantidades de dinero para restaurar el mismo orden territorial y social que convirtió un fenómeno natural en una catástrofe profundamente desigual.

Por eso tampoco basta con repetir que las poblaciones afectadas son enormemente resilientes. El uso de este término, habitual en ámbitos humanitarios, transfiere una propiedad aparentemente natural a la agencia de los damnificados: comunidades resilientes, territorios resilientes, familias resilientes. Pero existe el riesgo de convertir esta característica en una exigencia para quienes menos responsabilidad tienen en las condiciones que producen su vulnerabilidad. No deberíamos celebrar indefinidamente la capacidad de los pobres y excluidos para aguantar crisis que podrían prevenirse garantizando mejores condiciones materiales de vida. Las poblaciones pueden organizarse y resistir, pero esto no exonera al Estado ni modifica las responsabilidades políticas que produjeron su precariedad.

El reciente terremoto destruyó una parte del universo material de miles de Colombianos. Tendremos que decidir si solo necesitamos reparar lo destruido, restablecer los servicios y regresar cuanto antes al funcionamiento anterior, o reconocer las desigualdades territoriales, económicas y ambientales que el terremoto hizo más visibles y que no deberían ser reconstruidas junto con las viviendas.