Por Sebastián Rojo E.

En la foto: El presidente De la Espriella caminando entre cuerpos de presuntos guerrilleros, tomada de @ABDELAESPRIELLA

En septiembre de 2026 las imágenes del presidente Abelardo de la Espriella junto otros funcionarios, celebrando operativos militares y posando sobre cadáveres, circularon en medios nacionales e internacionales, generando debates profundos sobre los límites éticos de la seguridad estatal. Estas fotografías no son simplemente registros de tácticas efectivas, son símbolos de una política pública que prioriza el espectáculo sobre la legitimidad. Sin negar la amenaza terrorista en Colombia, surge una pregunta incómoda: ¿a qué costo moral defendemos la seguridad?
Para entender la gravedad de estas imágenes, es necesario profundizar en qué significa la dignidad humana. No se trata de un concepto inmaterial o filosófico sin importancia práctica. La dignidad humana es el reconocimiento fundamental de que cada persona posee un valor que no puede ser vulnerado, reducido o negociado, independientemente de sus acciones, su estatus social o su rol en un conflicto armado, es el pilar sobre el cual se construyen democracias legítimas y sociedades justas.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 12, señala que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Establece que la dignidad humana es un fundamento del Estado Social de Derecho, una obligación fundamental que debe mantenerse incluso en los momentos más difíciles. Particularmente, el Derecho Internacional Humanitario es categórico al señalar que la dignidad debe protegerse incluso en contextos de guerra. Los Convenios de Ginebra, que Colombia ha ratificado, establecen que los muertos deben ser tratados con respeto. Fotografiarse celebrando sobre cadáveres viola estas normas fundamentales.

Cuando fotografían cadáveres como trofeos de guerra, se comete un acto deliberado de deshumanización. La deshumanización es el proceso mediante el cual reducimos a otros seres humanos a objetos, eliminamos su capacidad de ser vistos como personas merecedoras de consideración moral. Investigadores como la psicóloga Emile Bruneau han demostrado que la deshumanización es el primer paso hacia la violencia sistemática y la justificación de abusos. Al convertir un cuerpo en un trofeo, un símbolo de victoria o un espectáculo, el Estado participa activamente en este proceso de deshumanización.

Lo preocupante es que esta no es una decisión accidental o espontánea, fotografiarse sobre cadáveres como celebración de una operación militar no es una necesidad táctica, es una elección política. Estudios sobre comunicación estratégica en conflictos demuestran que la teatralización de la violencia deteriora la autoridad institucional (Entman, 2003). Las imágenes de funcionarios posando sobre cuerpos transforman un acto de seguridad en un acto de humillación, igualando las instituciones con las organizaciones criminales que combaten; aquí es donde surge otra pregunta: ¿Quién es la audiencia real a la que van dirigidas estas imágenes? Si es la población civil, normalizamos la deshumanización, si es la población en conflicto, reforzamos su narrativa de un Estado tan violento como sus enemigos, en ambos casos perdemos.

La imagen también gobierna. En una sociedad dominada por las redes sociales, una operación militar ya no termina necesariamente cuando termina el combate, continúa en fotografías, videos, publicaciones institucionales, titulares y comentarios, el campo de batalla se traslada entonces al terreno de la representación.

El cuerpo del enemigo deja de ser únicamente una consecuencia de la confrontación y comienza a funcionar como un mensaje político: “ganamos”, “ellos perdieron”, “el Estado tiene el control”. El problema aparece cuando esa comunicación necesita exhibir la muerte para demostrar la victoria.

Colombia ha trabajado décadas para diferenciar al Estado de organizaciones criminales mediante el respeto a las normas legales. Cuando el presidente de la república deshumaniza públicamente a sus enemigos, invalida esa diferenciación moral. La investigadora especializada en conflictos Karine Nahon, señala que la percepción de brutalidad estatal genera ciclos de violencia que perpetúan el conflicto, un Estado fuerte no necesita demostrar poder mediante humillación, la legitimidad verdadera proviene de instituciones respetadas, no temidas

Un Estado fuerte no necesita demostrar poder mediante la humillación. La verdadera legitimidad no proviene de la capacidad de infligir daño o de la teatralización de la violencia, sino de instituciones respetadas por sus ciudadanos porque actúan conforme a leyes y principios que la sociedad valida. Cuando un presidente posa sobre cadáveres, no demuestra fortaleza; demuestra debilidad, porque necesita del espectáculo para validar su poder, un poder realmente legítimo es silencioso, eficaz y de principios.

Colombia tiene derecho a defenderse, sus fuerzas de seguridad merecen legitimidad y apoyo económico para ese fin, pero la fortaleza verdadera no se demuestra a través de fotografías que glorifican la violencia, sino a través de la capacidad de ejercer poder manteniendo principios. La pregunta final no es si podemos derrotar al terrorismo, sino si en el proceso de derrotarlo no nos convertimos en lo que combatimos. Las democracias fuertes no necesitan espectáculo, la verdadera seguridad descansa en instituciones legítimas que la población respalda porque ve en ellas un reflejo de sus valores, no solo de su poder. Es hora de que Colombia elija conscientemente el camino de la seguridad con dignidad efectiva, pero ética, posible, pero con principios. Eso es lo que verdaderamente nos diferencia de los que aterrorizan a los civiles.