Por María Paulina González Álzate
Todo régimen autoritario que busca borrar la resistencia empieza por desaparecer sus palabras.
El gobierno de Abelardo de la Espriella lleva poco más de un mes y ya dejó clara cuál es su verdadera prioridad. No es la redistribución de la tierra ni la protección integral de la infancia; su urgencia es controlar el diccionario. Resulta paradójico que un gobierno con tan poca rigurosidad y sutileza en sus propios discursos pretenda dictar cómo debemos nombrar el mundo.
El pasado 18 de agosto, una directiva interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ordenó el uso exclusivo del término «niños y adolescentes» en sus comunicaciones oficiales. En la práctica, esa simple decisión elimina una palabra fundamental: niñas. Ante los reclamos, la directora de la entidad intentó justificarse asegurando que la palabra «niños» ya las incluye a todas. Es la vieja trampa del masculino genérico: seguir normalizando un lenguaje que camufla a las niñas como si sus realidades, sus dolores y las violencias específicas que sufren en una sociedad profundamente machista no merecieran ser nombradas.
Pocos días después, el 5 de septiembre, el turno fue para el campo. Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se emitió una recomendación para evitar el uso del término «campesinos» y reemplazarlo por «productores rurales» o «pequeños empresarios del campo». La postura institucional fue tajante al señalar que la palabra «campesino» resulta despectiva. Pretenden resolver las deudas históricas del campo cambiando la palabra, como si maquillarla transformara las condiciones de vida de quien trabaja la tierra. Ser campesino no es un estigma ni una carencia; es una identidad histórica y una dignidad que se cultiva con las manos. Quien siembra lo que comemos en las ciudades no necesita que lo maquillen con eufemismos mercantiles; necesita que se le reconozca lo que es: la columna vertebral que sostiene la soberanía alimentaria de todo un país. Decir campesino no debería generar incomodidad institucional; debería pronunciarse con el orgullo de la tierra.
Esta violencia simbólica se vuelve doblemente complicada cuando golpea a las niñas del campo. Al borrar a las niñas del ICBF y a los campesinos de la ANT, a la niña rural la desaparecen dos veces de la historia. Son ellas quienes crecen sosteniendo las labores del cuidado, la siembra y la supervivencia comunitaria, mientras enfrentan barreras machistas ancestrales. Dejar de nombrarlas es complicidad con su desprotección. Nombrarlas con todas sus letras es el primer paso para exigir que tengan escuelas dignas, vida libre de violencia y derecho a decidir sobre sus vidas y sus territorios.
No se trata de casualidades ni de simples preferencias gramaticales. El gobierno y sus voceros les temen a las palabras porque le temen a la memoria que esas palabras convocan. Decir «niñas» no es una moda: es el resultado de décadas de movilización feminista para que las mujeres dejaran de ser tratadas como un mero apéndice de lo masculino. Decir «campesino»
evoca luchas históricas por la tierra, despojos y resistencias que han costado sangre. Borrar los nombres es un intento por borrar la memoria colectiva.
Lo que realmente les incomoda no es la forma en que hablamos, sino lo que las palabras le exigen al poder. Quieren un papel limpio de rastros donde ya no quede evidencia de la desigualdad, de la violencia patriarcal ni del despojo. La lógica es implacable: a quien no se nombra, no hay que garantizarle nada. Si en el discurso oficial no existen las niñas, el Estado no tiene por qué financiar políticas específicas de protección; si no existen los campesinos, desaparece la urgencia de redistribuir la tierra o frenar el acaparamiento.
El lenguaje es un campo de batalla político. La historia oficial siempre la han escrito los vencedores imponiendo su relato, mientras se pretende invisibilizar la resistencia de quienes han dado la vida por la justicia social. Sin embargo, las palabras no desaparecen por un decreto, solo mueren cuando dejamos de pronunciarlas.
Por eso hay que nombrarlas y nombrarlos con fuerza, en las aulas, en las calles, en los medios y en las veredas. Hay que decir niñas y hay que decir campesinos con la frente en alto. Nombrar es nuestra primera trinchera de defensa, porque este país ha sido, es y seguirá siendo tierra de niñas y campesinos.
Cada vez que nombramos a las niñas, cada vez que le decimos campesino a quien trabaja la tierra con orgullo, le estamos ganando una batalla a la desmemoria que nos quieren imponer desde los escritorios del poder
Por eso, la resistencia empieza en la casa y en la palabra cotidiana. Si eres madre, tía, hermana, prima y tienes a una niña corriendo por tu casa; o si tienes un familiar campesino o campesina que con el sudor de su frente sostiene la mesa de este país, no permitas que reduzcan sus vidas a un eufemismo técnico. Espero que te sientas profundamente orgullosa de tus raíces y de la fuerza de tu gente. Frente a un gobierno que quiere borrarnos del diccionario, nuestra respuesta debe ser retumbar con fuerza: aquí estamos, existen las niñas, existen los campesinos, y nombrarles es la forma más bella y firme de defender lo que nadie nos va a quitar
