Por Diego Meza

Collage de Camila Bolívar para mutantes.org

Durante décadas hemos intentado explicar la guerra en Colombia atribuyendo su responsabilidad a quienes han empuñado las armas. Cambian los nombres, siglas, trajes, modos de operación, aparecen nuevos mandos, unas estructuras se fragmentan y otras desaparecen. La geografía de la guerra se actualiza y volvemos a preguntarnos quién controla cada región. La respuesta a esta pregunta es muy útil, pero resulta cada vez más insuficiente para comprender el ciclo de violencias que tenemos hoy. Quizás necesitamos invertir la cuestión. En lugar de interrogarnos únicamente quiénes hacen la guerra, deberíamos preguntarnos qué hace que la guerra siga siendo posible.

Una organización armada puede ser debilitada militarmente, negociar con el Estado, fragmentarse o desaparecer. Pero si permanecen las rentas, las rutas, los mercados, las redes de intermediación y las posibilidades de controlar poblaciones y territorios, continúan también los incentivos para que otros ocupen su lugar. El problema entonces no es solamente la existencia de un determinado grupo armado, sino la permanencia de estructuras que hacen posible su recambio.

Para comprender la capacidad de reproducción de esta espiral hay que mirar primero la economía de la guerra. La coca, la minería de oro, las extorsiones, el contrabando y otras actividades sirven a los grupos armados para la adquisición de dinero, es decir, para su financiación. No obstante, alrededor de ellas se forman cadenas económicas mucho más amplias y generalmente invisibles. Estas economías, al igual que otras, necesitan de una red de productores, trabajadores, transportadores, compradores, informantes, maquinarias, mecanismos financieros, corredores y mercados. Los grupos armados suelen controlar unos puntos de esta cadena, pero en muy pocas ocasiones dominan todo el circuito.

Así las cosas, si las violencias dependen de estas redes económicas, no basta con identificar los territorios donde operan los grupos armados. Es necesario seguir el flujo y destinación de las mercancías y el dinero. La minería de oro permite ver con claridad este movimiento. El control armado de una mina puede someter a una comunidad y producir graves impactos sociales y ambientales. Sin embargo, la extracción es apenas un momento del circuito económico. Hay que preguntarse quiénes están detrás de los otros focos de actividad y en qué momento, a través de qué modalidad y actores las rentas se incorporan a los mercados legales.

Mapear estas conexiones no significa aseverar que toda actividad empresarial o comercial ligada a los territorios donde actúan grupos armados sea criminal. Significa algo diferente, una mercancía puede terminar circulando legalmente aunque algunos momentos de su producción hayan estado atravesados por coerción, informalidad o ilegalidad. Por tal motivo, existe una diferencia fundamental entre seguir al actor armado y la cadena de valor de las economías que los sostienen. Si seguimos únicamente al primero, nuestra mirada termina allí donde se extiende su control territorial. Si seguimos el dinero, aparecen relaciones que pueden ir mucho más allá del lugar donde ocurre la violencia.

En la guerra colombiana, las geografías de la violencia no necesariamente coinciden con las geografías de la acumulación. Los costos de producción pueden concentrarse en territorios rurales: contaminación, deforestación, desplazamientos, confinamientos, reclutamientos, amenazas y comunidades sometidas al control armado. El valor económico generado allí, en cambio, puede desplazarse hacia ciudades, fronteras y mercados nacionales o internacionales. Por eso, tampoco basta con decir que el conflicto colombiano es territorial. Hay que precisar qué entendemos por territorio. Por ejemplo, hablar de paz territorial nos permitió reconocer que la guerra no se vive de la misma manera en Bogotá que en el Pacífico, el Catatumbo, Cauca, Nariño o la Amazonía. Sin embargo, territorializar la comprensión del conflicto no debería llevarnos a provincializar sus causas. Los territorios donde ocurre la violencia no son espacios cerrados. Una comunidad situada en una vereda remota puede estar conectada, mediante una cadena económica, con una cabecera municipal, una ciudad colombiana, un paso fronterizo o un mercado internacional. Los actores que empuñan las armas pueden permanecer fuertemente territorializados mientras el dinero y las mercancías circulan mucho más allá.

Sin embargo, tampoco podemos reducir la guerra a estas relaciones económicas. Si lo hiciéramos, caeríamos en otro reduccionismo. Los actores armados no solamente extraen y acumulan ganancias de los territorios. También construyen relaciones de poder sobre quienes los habitan. En numerosos lugares, los actores armados intervienen en la vida cotidiana de las poblaciones, regulan la movilidad, imponen horarios, resuelven conflictos, cobran extorsiones, establecen sanciones, controlan determinadas actividades económicas y definen aquello que las comunidades pueden o no pueden hacer. Paradojicamente, terminan imponiendo economías morales sobre las comunidades.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando desaparece un grupo armado? ¿Cuándo capturan un comandante? Generalmente, se fragmenta una organización, la estructura abandona un territorio, o suele generarse un “vacío de poder”. Sin embargo, pervive aquello que el grupo controlaba. Permanecen las minas, los cultivos, las rutas, la poblaciones susceptibles de una extorsión, los mercados y algunas formas de autoridad. Aquello que deja un cabecilla o un entero grupo no es un territoria vació, sino un espacio de oportunidades económicas y políticas que otros actores pueden controlar.

Las negociaciones o estrategias de combates suelen también quedarse enredadas en este punto. Ambas perspectivas pueden reducir violencias, producir acuerdos humanitarios y abrir caminos para abandonar las armas. Pero ambas propuestas tienen un límite cuando su objeto exclusivo son los actores armados. Si después de una operación militar, una extradición o un proceso de negociación permanecen las mismas rentas, compradores, rutas, mecanismos de financiación, vulnerabilidades institucionales y posibilidades de control social, la estructura que hacía posible la guerra puede sobrevivir a quienes la protagonizaban. Esto no significa que Colombia deba abandonar las políticas de seguridad ni las negociaciones. Significa que ambas necesitan insertarse en una estrategia más amplia que intervenga simultáneamente actores armados, economías y relaciones de poder.

Quizá una de las preguntas fundamentales para comprender la guerra colombiana actual ya no sea solamente cuántos grupos existen, dónde están o cuántos hombres tienen bajo su mando. Necesitamos seguir conociendo esas cifras, pero debemos añadir una cuestión más: ¿Qué condiciones permiten que el ejercicio de la violencia continúe siendo una forma viable de obtener rentas, controlar poblaciones y gobernar territorios? Este interrogante obliga a mirar simultáneamente las armas y los mercados, los territorios y los flujos económicos, las actividades ilegales y legales, los instrumentos de coerción y autoridad, el Estado y las comunidades. El desafío más profundo para Colombia no consiste solamente en desarmar a quienes hacen la guerra, consiste en desactivar las condiciones que permiten que la guerra vuelva a imponerse.