Por Fredy Márquez Veliz

La campaña terminó hace dos meses. Keiko Fujimori ya no tiene que convencer a los peruanos de que puede gobernar: tiene que demostrarlo. Sin embargo, lo que se ha evidenciado hasta ahora es que no sabe qué hacer con el poder y manifiesta una clara dificultad para gestionar la crisis.

Llegó a Palacio con una promesa bastante clara: recuperar la seguridad, poner orden y devolverle al Estado la capacidad de enfrentar al crimen. Ella y buena parte de quienes hoy la acompañan en el Gobierno conocen a fondo el problema, han ocupado cargos públicos y llevan muchos años defendiendo las banderas del fujimorismo. Por eso resulta difícil aceptar que, apenas iniciado su gobierno, la explicación de sus dificultades vuelva a ser que no tiene las herramientas suficientes.

El Perú que recibió no es un país tranquilo que de pronto descubrió la delincuencia. La crisis viene de atrás y se ha agravado durante los últimos años. Las denuncias por extorsión llegaron a 26.585 en 2025, frente a 22.361 en 2024: un aumento de 18,9 %, según información oficial. Ese es el país que Fujimori sabía que iba a recibir. No puede decirse que haya sido sorprendida por la realidad.

Durante los primeros días de su gobierno, el SINADEF registró 248 homicidios, de los cuales 181 fueron causados por armas de fuego. Hay un dato todavía más preocupante: hasta el 12 de septiembre se habían registrado 72 homicidios de adolescentes en 2026, cuando durante todo 2024 fueron 62.

Detrás de esos números hay familias que han perdido a un hijo, un padre, una madre o un hermano; adolescentes asesinados, comerciantes amenazados y periodistas que salen cada día a ganarse la vida con el temor de convertirse en la próxima víctima. Esa es la realidad de unas estadísticas que nos golpean y que no pueden ser minimizadas.

¿Facultades extraordinarias para qué?

Aquí aparece una de las mayores contradicciones del nuevo Gobierno. Fujimori llegó diciendo que sabía qué había que hacer. Ahora pide facultades extraordinarias para poder hacerlo.

El Ejecutivo solicitó al Congreso 66 facultades legislativas por 120 días y planteó un paquete de medidas que abarcan seguridad, reestructuración del Estado, economía, prevención frente al fenómeno de El Niño y otras materias.

El Congreso puede delegar temporalmente determinadas competencias legislativas al Ejecutivo. Eso está previsto en la Constitución. El problema no es la existencia del mecanismo, sino la manera en que se pretende utilizarlo.

Si el Gobierno necesita facultades para modificar determinadas normas y acelerar respuestas urgentes, puede existir una justificación. Pero si cada dificultad termina siendo presentada como una razón para pedir más poder, entonces la pregunta inevitable es si realmente estamos frente a un problema de falta de herramientas o frente a un problema de gestión.

Mientras tanto, se permitió el regreso de la DEA para luchar contra el narcotráfico, una decisión que también genera cuestionamientos. Para sus críticos, se trata de una institución cuya intervención en la lucha contra las drogas ha tenido efectos controvertidos y que puede alterar el equilibrio entre organizaciones criminales.

Quizá esa sea la palabra que mejor describe el problema actual: impotencia frente a una realidad que el Gobierno conocía antes de llegar al poder.

La Policía y la corrupción

La seguridad tampoco se resolverá únicamente entregando más armas, vehículos o tecnología a la Policía. Fujimori ha anunciado equipamiento, videovigilancia, inteligencia artificial y fortalecimiento de la inteligencia criminal. Todo ello puede ser necesario. Pero si se quiere recuperar la confianza de la población, también habrá que enfrentar la corrupción dentro de la propia institución.

Si un policía entrega información a una organización criminal, cobra una coima, protege una actividad ilegal o utiliza su posición para beneficiar a una banda y el daño va mucho más allá de ese individuo. Se golpea la credibilidad de toda la institución y se facilita el trabajo de los delincuentes.

Una Policía fuerte no puede ser una Policía sin controles. La depuración de los malos elementos y la investigación de quienes mantienen vínculos con organizaciones criminales deben formar parte de cualquier estrategia seria de seguridad.

El Gobierno de las promesas

La presidenta llegó también con promesas económicas y sociales: aumento del sueldo mínimo, incremento del apoyo que se les proporciona a los adultos mayores de 65 años que no perciben jubilación; apoyo a las pequeñas empresas y obras de prevención frente al fenómeno de El Niño. Son compromisos importantes. Pero las promesas tienen una fecha de vencimiento: el día en que termina la campaña. Después se convierten en obligaciones.

El peruano que trabaja doce horas al día no vive de anuncios. El comerciante extorsionado no vive de conferencias de prensa; el obrero y el jubilado mal pagados necesitan resultados.

¿Cuántas organizaciones criminales han sido desarticuladas? ¿Cuántos cabecillas han sido capturados? ¿Cuánto dinero del crimen organizado ha sido incautado? ¿Cuántas denuncias de extorsión han terminado en investigaciones exitosas? ¿Cuántos policías corruptos han sido separados y procesados? Aún no hay respuestas.

Hora de demostrar experiencia

La presidenta llegó al poder diciendo que tenía experiencia, equipo y capacidad para enfrentar los problemas del país. Muchos de quienes hoy la acompañan políticamente también tienen una larga trayectoria. Entonces llegó el momento de demostrarlo.

No necesitamos que el Gobierno explique permanentemente por qué las cosas son difíciles. Eso ya lo sabe todo el país. Este necesita saber qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto va a costar y cuándo se podrán ver los resultados.

Nosotros, en el término explícito del concepto, sostenemos que este es el modelo neoliberal que se reinventa ingeniosamente para ser más de lo mismo. En lo que le conviene políticamente, ha demostrado una excepcional capacidad de acción: rompió relaciones con Irán, según la Cancillería, debido a que lo considera un país exportador de terrorismo, y ahora se ha unido complacientemente al Escudo de las Américas; y para ponerle la cerecita al postre, ha anunciado una fuerte relación bilateral con la Argentina del sionismo genocida y expansionista.

Para unas cosas somos expertos y para otras el Perú debe esperar. No nos equivocamos cuando anunciábamos los peligros sobre la presencia de esta dama en el poder.

Gobernar no consiste en explicar permanentemente las dificultades. Consiste en asumirlas, tomar decisiones, ejecutar políticas y responder por sus resultados. Esa es, finalmente, la hora de demostrar la experiencia y la capacidad que prometieron durante la campaña.