En Córdoba, Quindío, también dicen “NO” a la megaminería

Por Camila Botero Cardozo

art. quindio
Foto: Escuelas Campesinas de Agroecología

Hace poco menos de un mes y gracias a las denuncias de las comunidades, líderes ambientales e incluso alcaldes y servidores públicos de diferentes municipios del Quindío, además de los medios masivos de comunicación, se inquietaron por las concesiones para megaminería que se estaban tramitando en el departamento, especialmente en el municipio de Salento. Esto sobre todo por el impacto negativo, social y ambiental, que dicha actividad podría traer para la región, pues en Salento se encuentra el Valle del Cocora, que hace parte del Parque Nacional Natural de los Nevados, y el árbol nacional, la palma de cera.

Luego de la agitación por este tema y el pronunciamiento de la gente, sobre todo a través de redes sociales, la Agencia Nacional Minera y las empresas que se encontraban en procesos de licitación, entre ellas la Anglo Gold Ashanti, dieron un paso atrás y dijeron que no tenían elementos para otorgar títulos en el Valle del Cocora. Sin embargo, los procesos de licitación para exploración y explotación de tierras en megaminería en el Quindío no han parado, y otros municipios a los que no se les ha prestado tanta atención en los medios se movilizan contra estos proyectos que amenazan sus territorios. Ejemplo de esto es el municipio de Córdoba.

Ubicado en el centro oriente del departamento, Córdoba es un municipio de vocación agrícola, rodeado de un paisaje cultural cafetero y de guadua, ¡mucha guadua! El 18 de marzo del año en curso el alcalde del municipio recibió una carta de la Agencia Nacional de Minería en la que le informaban que “se encuentra en trámite de estudio y evaluación la propuesta de concesión minera JAS- 08321, ubicada en su jurisdicción…”.

En dicho documento también se daba cuenta de los minerales que buscan para la explotación (plata, oro y sus concentrados), y de la cantidad de hectáreas libres para la “exploración y explotación”: 1.626. Adicionalmente, la carta pide una respuesta por parte de la Alcaldía en un término no mayor a 30 días, con posibilidad de 30 días más de prórroga, no sin antes recordarle “que de conformidad con la normatividad vigente, la participación de la entidad territorial que usted representa y las propuestas que formule, deben estar soportada en estudios técnicos, sociales y ambientales…”.

Los habitantes del municipio saben desde mucho antes de esta comunicación qué es lo que se les viene encima. Por eso, desde hace más de 6 años se vienen pronunciando en contra de la megaminería en sus territorios. Orlando Osman Méndez, campesino y habitante de Córdoba, cuenta que “cuando nos enteramos de la amenaza que representaba el proyecto La Colosa para el Quindío, en el municipio de Córdoba realizamos un foro sobre minería, informando a la comunidad para que estuviera atenta”.

Dicho foro se realizó en junio de 2010 y entre las reivindicaciones que se expresaron en el documento que salió del evento se encuentra la defensa del territorio contra la amenaza que representan los proyectos de megaminería a cielo abierto, “por la consecuencias nefastas del deterioro al medio ambiente, desplazamiento campesino, contaminación del agua con mercurio”. También les preocupaban las amenazas, desapariciones y asesinatos de líderes campesinos e indígenas de la región y la presencia de ejércitos privados, que casi siempre vienen con estos megaproyectos.

Más tarde, cuando tuvieron conocimiento del área prevista para concesiones mineras, realizaron un cabildo abierto. “En ese momento se creó un equipo de trabajo alrededor del tema –dice Orlando-. Luego, en el mes de mayo de 2015, el concejal Jaiver A. Rico presentó ante el concejo municipal una proposición para solicitar al alcalde adelantar gestiones administrativas y jurídicas para realizar la consulta popular”. Pero en junio 16 de 2015, el alcalde le respondió al concejal que “mientras no se tenga absoluta seguridad jurídica sobre la viabilidad de adelantar consultas populares sobre el tema de minería, exploración de hidrocarburos y similares y sus consecuencias en las decisiones que nos afectan, no es conveniente ni oportuno realizarlas”.

El 3 de octubre de 2015, en una reunión realizada en la Finca El Oasis, en el municipio de Córdoba, algunos candidatos a la alcaldía y al concejo se comprometieron con la comunidad a convocar una consulta popular sobre el tema de la minería. Entre los firmantes se encuentra el alcalde actual, al que en abril, un grupo de ciudadanos, diferentes organizaciones sociales de diferentes municipios, el director de la UMATA del municipio, entre otros, le hicieron llegar una carta en la que expresaban su preocupación por la comunicación de la Agencia Nacional de Minería. También le informaban del inicio de un proceso de defensa del territorio con acciones de socialización, sensibilización, concientización, convocatoria, movilización social y defensa jurídica y política. Además pedían su acompañamiento efectivo, en cumplimiento de su compromiso suscrito el 3 de octubre de 2015 en la finca El Oasis.

La comunidad se está moviendo. Según Orlando, diferentes organizaciones, colectivos o individuos se han venido sumando contra la megaminería en el territorio. Entre ellas se destacan Juntas de Acción Comunal, instituciones, organizaciones de campesinos, las mujeres cafeteras, las escuelas campesinas de agroecología, el colectivo Unidos Somos Jóvenes Diferentes, y mucha gente de la comunidad y otros procesos que se han creado a partir del tema megaminero, como Colombianos por el Agua y Quindío sin Megaminería.

Ellos tienen claro que la llegada de este tipo de actividades económicas solo beneficia a las grandes empresas que desarrollan la explotación, mientras a las comunidades, al territorio y al ambiente no les quedan sino los problemas. “Es bien sabido que donde han llegado estos proyectos no queda nada más que destrucción. No se encuentra hoy en el mundo una sola persona (fuera de quienes implementan los proyectos) que dé testimonio de que la minería a gran escala no genera conflictos sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales. En el departamento hemos vivido de la producción de alimentos, y tanto estos como el agua son los amenazados por este tipo de proyectos”, concluye Orlando.

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