“No más Guacal” dicen en San Antonio de Prado

Por Maribel García Restrepo

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Foto: Carlos Andrés Garzón

“No más Guacal”. Esa es la consigna con la que el movimiento ciudadano del Corregimiento de San Antonio de Prado, de Medellín, y de Heliconia manifiesta su rechazo al Centro Industrial del Sur, llamado El Guacal. Este relleno sanitario lleva más de 10 años en la zona generando, según los vecinos, graves daños ambientales y sociales representados en la pérdida de la continuidad del ecosistema Cuchilla El Romeral, el envenenamiento de fuentes de agua, la pérdida de bosque natural, el aumento del tráfico de camiones y tractomulas sobre vías no aptas y la pérdida de vidas humanas por accidentes de tránsito.


El Centro Industrial del Sur está ubicado en Heliconia, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el Alto La Guaca o La Humadera, dentro del distrito de manejo integrado La Cuchilla El Romeral, área protegida como ecosistema estratégico del Valle de Aburrá. Es un productor de aguas y biodiversidad, donde nace la Quebrada Doña María. Cuenta con un área de 384 hectáreas, rodeada de bosques naturales andinos y algunas plantaciones.

El proyecto obtuvo una licencia ambiental en el año 2005, otorgada a la empresa EVAS S.A. E.S.P. por Corantioquia, para 24 años de funcionamiento. La licencia contempla la separación, recuperación, tratamiento y disposición de residuos ordinarios, hospitalarios, industriales, escombros y lodos.

“Este proyecto tuvo inicios muy oscuros”, manifiesta Julio César Cano, vocero del movimiento ciudadano de San Antonio de Prado, refiriéndose al momento en el que el proyecto entró en las fases de construcción y operación. “La sociedad propietaria del proyecto estaba conformada por el Municipio de Envigado y unos privados con nexos paramilitares; para lograr la apertura no dudaron en intimidar a las personas opositoras con llamadas amenazantes”. Ante el silencio y el temor de la comunidad, el Centro arrancó y elevó vertiginosamente la recepción de residuos de 150 hasta 1.200 toneladas por día, atendiendo a 23 municipios.

En contraste, las condiciones de la licencia se incumplieron año tras año. “En menos de un año, el lugar se convirtió en un botadero a cielo abierto, donde no se realizaban las actividades planteadas en la licencia ambiental”, comenta Julio César. Dichas actividades comprendían la separación de los residuos sólidos para su posterior comercialización y transformación, el enfardado o compactado en cubos de los residuos no aprovechables para ser depositados, ya secos, en el vaso o zona de disposición, y el cubrimiento de la zona de relleno para controlar el exceso de agua y posterior vertimiento de los jugos de la basura, o lixiviados, a las quebradas, con el agravante de que al eliminar la opción de recuperación de materiales, el vaso se colmató en solo 10 años. “Fue un proyecto vendido como una gran solución ambiental de alta tecnología, y resultó solo un show donde los procesos rápidamente dejaron de operar y lo único que quedó en funcionamiento fue el botadero”, concluye Julio.

La planta de tratamiento de aguas diseñada para tratar 1 litro y medio de lixiviado por segundo también se colmató, pues tenía que procesar el jugo generado por la descomposición de la basura más una gran cantidad de agua lluvia, aumentando el flujo a 6 litros por segundo, razón por la cual no se lograba la eficiencia esperada. “La capacidad instalada no alcanzaba y tuvieron que recurrir a descargar aguas sin tratar completamente e inclusive se descargaban lixiviados clandestinamente en la noche”.

En el año 2009 un camión de la empresa Coambiental cargado de sodio cianuro, compuesto altamente tóxico, se volcó en pleno parque, generando una emergencia ambiental y la evacuación de la población cercana al evento. Para septiembre de 2014 ya se registraban 15 personas fallecidas por accidentes de tránsito relacionados con carros transportadores de residuos.

La resistencia

La comunidad organizada del corregimiento no se ha quedado quieta ante el daño ambiental y social que se ha venido infringiendo durante más de 10 años. “Se han realizado manifestaciones, plantones, cabildos abiertos, reuniones y un foro para informar acerca de la situación y rechazar las inconsistencias e incumplimientos de la empresa, exigiendo además el cobro de las sanciones a la misma por el incumplimiento de la licencia ambiental y, en todo caso, la revocatoria de la licencia”, manifiesta Carlos Andrés Garzón, vocero del movimiento.

“A finales de 2014, Corantioquia se comprometió a exigir el pago de una multa a EVAS por el daño ambiental a tres fuentes de agua, las cuales fueron analizadas por la Corporación a petición de la mesa ambiental. Sin embargo, de esto no se nos ha notificado nada”, comenta Julio, quien además sostiene que “Corantioquia siempre ha defendido este proyecto con más ahínco que la misma EVAS. La basura es un negocio y esta entidad prioriza el lucro por encima del bienestar de las personas y del ambiente”.

A mediados de 2015, la empresa solicitó una licencia con modificación de actividad para una nueva zona de disposición, ubicada en un cañón de 22 hectáreas con bosque natural y fuentes de agua. Según lo proyectado por la empresa, allí se dispondrían los desechos por otros 30 años. La solicitud esta vez omitió la opción tecnológica de la separación de residuos, recuperación, enfardado y disposición de residuos secos, argumentando que no era una opción económicamente posible, dejando solo la del relleno convencional. Corantioquia negó la licencia, manifestando que el vaso nuevo no era viable y que no se podía permitir el cambio de actividad por las implicaciones ambientales, por lo que debía proceder a las actividades de cierre del vaso lleno.

Esta acción se considera una pequeña victoria del movimiento, como resultado de un conjunto de análisis técnicos y evidencias fotográficas y videos que ha venido entregando a las autoridades. Sin embargo, las declaraciones del gobernador de Antioquia acerca de una posible sociedad entre la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Envigado y la de Medellín, y otros privados para viabilizar una nueva fase del Guacal han puesto en alerta máxima a la comunidad.

Julio manifiesta que “los daños ambientales ocasionados por esta nueva fase pueden provocar que este ecosistema y, particularmente el municipio de Heliconia, sea llevado a una situación de inviabilidad, debido al envenenamiento o pérdida de las fuentes de agua para abastecer a su propia comunidad”. En correspondencia, el requerimiento de la comunidad ha cambiado y ya no espera el cumplimiento de la licencia ambiental de la empresa EVAS, sino la revocatoria total de la misma por parte de la autoridad Corantioquia, es decir, el cierre definitivo del Guacal.

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