Movilización de maestros por la Educación

movilizacion de maestros 2
Foto: pulso.com

Por Rubén Darío Zapata

El paro del magisterio estalló al mis mo tiempo que los paros cívicos del Chocó y de Buenaventura, y por los mismos días que los trabajadores de otras entidades públicas cesaron actividades. Sin embargo, fue el más difícil de levantar. Aunque las demandas de los pobladores del Pacífico eran estructurales y reclamaban el pago de una gran deuda histórica que tenía el Estado con estos territorios, la distancia entre gobierno y maestros parece todavía más insalvable, en la medida en que lo que aquí puso en juego el gremio magisterial fue toda la política educativa del Estado.

Desde luego, dice Over Dorado, directivo de FECODE, dentro de la garantía de ese derecho están las prestaciones sociales y el salario de los docentes, que hoy, según estudios realizados por entidades particulares, se encuentra un 18% por debajo del salario promedio de otros profesionales. Pero lo que más preocupa al gremio docente es la fuerte desfinanciación de la educación pública básica y media, que se ha ido acumulando desde 2001, gracias a la reforma al régimen de transferencias.

En este sentido, se han identificado 4 brechas que han venido creciendo y afectando gravemente la cobertura y la calidad de la educación en Colombia: Por una parte, según las proyecciones del DANE, los jóvenes entre 5 y 16 años que deberían estar en el sistema educativo son 10.251.670, pero en este momento hay por fuera del sistema 1.490.993; eso sin contar los jóvenes que están estudiando en instituciones privadas (1.533.000, el 83% de ellos son de los primeros 4 estratos), y que la cobertura en jardín y prejardín es cero.

En cuanto a la canasta básica educativa, el mismo Ministerio de Educación ha calculado que la canasta de un niño en preescolar cuesta $5.812.562, de los cuales el gobierno solo está desembolsando $2.417.706, menos de la mitad. La canasta percápita en básica primaria tiene un costo de $4.732.637 y el gobierno solo entrega hoy $1.934.165. Lo mismo sucede en la básica secundaria y en la media, cuyos costos por cabeza son $4.681.755 y $5.169.190 respectivamente y el gobierno entrega alrededor de la mitad. Por otra parte, FECODE cuestiona la forma en que el gobierno pretende implementar la jornada única en las instituciones educativas, sin destinar presupuesto para la dotación de los jóvenes y la infraestructura adecuada, sin alimentación ni transporte, y sin tener en cuenta la sobrecarga laboral y el hacinamiento en las aulas. Por último, como producto de la reforma constitucional de 2001, los entes territoriales dejaron de recibir unos $138 billones, de los cuales aproximadamente 73 billones corresponderían al sector educativo. Hoy mismo hay un déficit cercano a los $600 mil millones para culminar el año lectivo 2017, que se profundizará en 2018 en 1.1 billones.

Todo eso determina, explica Dorado, unas condiciones de trabajo deplorables tanto para docentes como para estudiantes. “Salones vetustos, ausencia de patio de recreo, instalaciones agrietadas, hacinamiento en las aulas de clase, falta de espacios para el bienestar de docentes y de estudiantes, carencia de agua potable, alimentación, carencia de material didáctico y grandes problemas de salud tanto en niños como en docentes por la contaminación visual, auditiva y ambiental”.

Todos estos factores, sin lugar a dudas, determinan la calidad educativa. Por eso, según FECODE, el futuro de la educación pública en Colombia depende, en gran medida, de que
se puedan cerrar estas brechas y encontrar otro modelo de financiación de la educación.

Problemas del SGP

El Sistema General de Participación-SGP se creó en 2001 con la ley 715, como resultado de una reforma a los artículos 396 y 397 de la Constitución Política de 1991, que definían el sistema de transferencias que la Nación debía hacer a los entes territoriales (departamentos, municipios y distritos) en el marco de la descentralización administrativa. Con estos recursos, los entes territoriales debían atender las necesidades de educación y salud, y a partir de la reforma se le agregó además la atención de otros rubros de propósito general como agua potable, saneamiento básico, deporte, cultura, más los recursos para los resguardos indígenas y municipios ribereños al río Magdalena, entre otros. Lo peor es que se desvincularon las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación-ICN, reduciéndolas a un monto básico, ajustado cada año a la inflación.

Dicha reforma se realizó en un contexto en que el gobierno alegaba crisis económica y, por lo tanto, la necesidad de disminuir las transferencias. Sin embargo, se planteaba como transitoria, con efectos solo hasta 2008. No obstante, en 2007, el gobierno de Uribe Vélez logró una prórroga hasta 2016, respondiendo a los acuerdos con la OCDE que le obligaba a disminuir crecientemente el gasto fiscal.

Propuestas

Como consecuencia de esto, la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación vía transferencias bajaron del 46% en 2002 al 26,7% hoy. Y hasta ahora no se anuncia ninguna reforma constitucional para resolver esa desfinanciación del SGP.

Lo que plantea FECODE, entonces, es una reforma estructural para recuperar el acuerdo constitucional: las transferencias territoriales deben representar un piso mínimo de los ICN. “Se debe plantear una transición al alza, hasta mínimo 46,5%”. Además, “se requiere una fórmula estructural de financiamiento de la educación, pasar, como mínimo, de 2,17 a 4,2 % del PIB en Educación durante los próximos 10 años, para cubrir las primeras 2 brechas, y atacar de manera sustancial las otras dos”.

FECODE exige que los recursos de Educación representen al menos el 58,5% de la totalidad del SGP (Actualmente 53% realmente asignado, y 55,65% nominalmente). Y que esos recursos estén protegidos, de manera que no disminuyan en términos reales con relación al año anterior. Esto, independientemente del comportamiento de la Economía y de los ICN.

Al momento de imprimirse esta edición, el magisterio seguía en paro, con el 90% de los docentes movilizados. Pero con un desgaste muy grande, después de un mes en las calles, y afectado por la retención de sus salarios. Por lo demás, la salida de los estudiantes a vacaciones podría representar un golpe fuerte a la dinámica de movilización y protesta. Sin embargo, según Over Dorado, FECODE seguiría insistiendo en este punto. Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y otros gobernantes locales, le han exigido al presidente la instalación inmediata y permanente de una mesa para discutir la reforma constitucional que modifique el SGP. Esa mesa debería estar integrada por alcaldías, gobernaciones, presidencia, Congreso de la República, FECODE y demás dolientes de la educación y del desarrollo social. Tal vez la conciencia y participación de los sectores populares en esta lucha logre una actitud menos intransigente del gobierno.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s