¿Quiénes están matando a los líderes sociales?

 

quien esta asesinando los lideres sociales 1
Grabado: Leopoldo Méndez, Fusilamiento

Por Rubén Darío Zapata

El 16 de junio pasado, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, anunció la creación del Cuerpo Élite para la Paz. Se trata de un grupo conformado por 1088 policías, entre los que se encuentran expertos en investigación criminal, analistas y miembros de un grupo de reacción rápida, que tendrá a su cargo exclusivamente el desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Aunque tal anuncio debería llenar de confianza a los integrantes de estas organizaciones, en la práctica no ha despertado mucho entusiasmo.

La creación de este grupo responde a una de las exigencias de las FARC, planteada en el Acuerdo Final de las negociaciones con el gobierno. Según ha afirmado a varios medios de comunicación David Flórez, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica, solo en lo corrido de este 2017, han sido asesinados 62 líderes sociales, nueve familiares de integrantes de las FARC y tres guerrilleros de esa organización.

Déjà vu

La falta de entusiasmo tal vez se debe a que el Estado, en la mayoría de sus instancias, se niega a reconocer la sistematicidad de esos asesinatos, atribuyéndoselos a una delincuencia común organizada que ha llamado Bandas criminales, Bacrim. Con ello ignora, según algunos analistas, el nexo entre este fenómeno y los actuales procesos de paz y, por tanto, el fortalecimiento de ejércitos de ultraderecha dispuestos a torpedear como sea cualquier posibilidad de paz con transformaciones sociales.

Según el periodista Antonio Caballero, las matanzas paramilitares se vienen presentando frente a las narices del gobierno y de la Fiscalía, quienes aseguran que el paramilitarismo no existe. En una de sus recientes columnas de opinión en la revista Semana, titulada “Las nuevas matanzas”, Antonio Caballero recuerda que los asesinatos arreciaron a partir del 2 de octubre (del año pasado), con el triunfo del No en el plebiscito. “Pero venía(n) de atrás: desde que se iniciaron las conversaciones de paz con las FARC. A cada avance de los acuerdos en La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia: dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de desplazados: 105 el año pasado. Y muchos miembros del Partido Comunista o de Marcha Patriótica: 124 en los últimos cuatro años”.

¿Quién los mata? ¿Quién los manda a matar?, son las preguntas que lanza el periodista. La respuesta del gobierno es desconcertante: “Fuerzas oscuras”; lo mismo que hace 30 años decía el presidente Barco mientras militares y paramilitares exterminaban a los integrantes de la Unión Patriótica. “Probablemente –dice Caballero– detrás de la ola de crímenes están otra vez las mismas ‘fuerzas oscuras’ que no han dejado de obrar del mismo modo pese a sus cambios sucesivos de nombre. Ya no se llaman “narcoparamilitares” sino “Bacrim”, bandas criminales: Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, o “Ejército antirrestitución de tierras”; pero siguen siendo las mismas estructuras criminales de entonces. Y, tal como entonces, las financian los mismos viejos terratenientes de hace 30 años o los nuevos que en estos 30 años se han enriquecido con las tierras despojadas a muchos cientos de miles de familias campesinas”. Pero el gobierno y las autoridades insisten en que no tienen pistas, porque, según ellos, en tales asesinatos no existe sistematicidad.

Si bien el vicepresidente Naranjo insiste en que es parte de la función de este Cuerpo Élite combatir las “organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, en esa misma afirmación muchos reconocen justamente la negación de las viejas estructuras paramilitares.

Según Tatiana Acevedo, columnista de El Espectador, para quién las colaboraciones entre grupos armados legales e ilegales han sido constantes en la historia de Colombia, especialmente en periodos de confrontación y de reconciliación, “esta iniciativa marcaría una ruptura con narrativas históricas, pues en el pasado cuerpos exclusivos dentro de la fuerza pública han hecho lo contrario. Es decir, se han sumado a empresas paramilitares o de ejércitos privados”. No obstante, lo que hasta ahora han hecho las autoridades no es combatir esta alianza sino negarla.

¿El horizonte de hoy es distinto?

La lectura a propósito del asesinato de líderes sociales y su vinculación con el proceso de paz, que trae a la memoria el exterminio de la Unión Patriótica, es bastante compleja. El padre Francisco de Roux, por ejemplo, piensa que efectivamente hay responsabilidad del Estado en esta ola de asesinatos, pero no cree que sea una responsabilidad proactiva. “No creo que desde las altas esferas del Estado se esté dando órdenes de matar líderes. El Estado colombiano no funciona así”.

Según de Roux, también es posible que haya sectores de los organismos de seguridad y de la fuerza pública que premeditadamente no protegen. Son sectores que evidentemente no tienen interés en que el proceso de paz avance, pero cree que los altos generales y altos mandos del Ejército y de la Policía hoy están por la paz.

Desde el año 1998 hasta 2004 –cuenta de Roux–, cuando los golpes de las FARC al Ejército fueron muy fuertes, la vinculación de las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, y el paramilitarismo fue muy estrecha. Barrancabermeja fue, entre comillas, liberada del ELN y las FARC no por el Ejército ni la Policía, sino por el Bloque Central Bolívar. Y eso hubiera sido absolutamente imposible sin la connivencia con los aparatos del Estado”. Eso explica el poder que llegaron a tener las AUC en el territorio, la facilidad con que se movían, incluso en forma de Ejército, vestidos de camuflados, con jeeps y helicópteros, la espectacularidad con la que produjeron masacres técnicamente planificadas y realizadas incluso durante períodos largos de tiempo.

Eso empezó a cambiar, según el sacerdote, después de 2005, a partir de la desmovilización de los bloques paramilitares producto de los acuerdos de Ralito. “Yo siento que desde ese momento el Ejército comienza a tomar distancia”.

Y es que el horizonte de hoy es distinto, según de Roux. “Ya no hay que enfrentar a las FARC, porque han sido muy serias en todo este proceso. Por lo tanto, lo que hay es un bandidaje muchísimo más mafioso, al que le importa realmente el negocio. Ya no hay una subversión a la cual atacar y por la cual legitimarse”.

Pero ¿qué interés tienen estas bandas mafiosas en asesinar a los líderes? Según de Roux la clave está en los acuerdos que intentan lograr que el campesino deje de sembrar coca y comprometen al Estado a financiar proyectos alternativos de desarrollo. “Una vez que se fueron las FARC de esas regiones –explica el sacerdote– el mensaje que recibe el campesino por parte de estos grupos es que allí no se va a erradicar la coca, que no pueden dejar de producir porque ellos se la van a comprar de ahora en adelante. Si deciden no sembrar más coca, o se van de allí o se mueren. Inevitablemente esa es una posición en contra del proceso de paz”.

Y los que están en contra de la paz asumen, según de Roux, como enemigos a los campesinos que se la juegan por el proceso, que se quieren quedar en sus territorios y luchar contra la coca. “Y allí también se encuentran complicidades fáciles entre quienes no quieren que ese proceso de recuperación de tierras se haga porque compraron aprovechándose de que los campesinos habían sido desplazados”.

¿Cuándo se acabó el paramilitarismo?

Pero la guerra no se desarrolla hoy solo en el campo, y Medellín es un buen ejemplo de eso. Fernando Quijano, director de Corpades, una organización dedicada a la investigación de la guerra en la ciudad, discrepa profundamente de la hipótesis del padre de Roux, precisamente por su experiencia urbana.

¿Cuando acabó el paramilitarismo en Colombia?”, se pregunta. “¿Con un decreto y una desmovilización parcial de algunos bloques? Es cierto que los grupos criminales que el gobierno ha bautizado como Bacrim son mafiosos (no solo narcos), pero no han dejado de ser paramilitares”. Para el investigador, de estas estructuras ilegales hace parte todavía una línea militarista del Estado colombiano: miembros de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía, funcionarios del sector público, congresistas, políticos, empresarios.

Claro que el paramilitarismo existe –dice Quijano–. O si no, ¿qué fue entonces lo que apareció recientemente en la vereda la Cristalina de Apartadó?”. Se refiere a la incursión de un grupo de hombres armados con fusilería moderna, vestidos de camuflado y con el brazalete de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC, que pintó las paredes de las viviendas y de la escuela con letreros alusivos a su guerra: “llegamos para quedarnos”, decían algunos de los mensajes.

Aquella es una zona de fuerte presencia militar y policial, con varias bases, batallones y brigadas. Allí se desarrolla precisamente desde hace dos años la operación Agamenón contra los Urabeños, calificada como la operación más grande de la Policía en toda su historia, que sin embargo ha tenido pobres resultados según lo han informado los medios nacionales. Mientras esto pasa, los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncian que las AGC (aunque a veces se presentan ante los medios como Clan del Golfo) se mueven libremente por su territorio, amedrentando la población y realizando constantes hostigamientos. “Y a pesar de ese despliegue militar –dice Quijano–, dizque no los ven. Así mismo sucedía en el 89-90, cuando los paramilitares patrullaban aquellos territorios, con los brazaletes de ACUC o AUC”.

Eso quiere decir, según Quijano, que las alianzas continúan intactas, la nómina paralela se mantiene, la protección a las mafias y a los paramilitares se sostiene. “Si no fuera así, ¿cómo podría explicarse su expansión y crecimiento? Algo los protege. Se llama protección oficial. Esto no es asunto de dos policías por allá colaborando. Es de alto turmequé del Estado colombiano: oficiales de alto rango, políticos importantes, funcionarios de alto rango, empresarios poderosos. Eso no puede sostenerse con las empanadas de Ramón Isaza”.

A pesar del peligro que significa, no solo para la insurgencia desmovilizada sino para todo el proceso de paz, el hecho de que estas estructuras paramilitares sigan intactas, Quijano reconoce que en dicho proceso hay algo muy importante. “Ya las Farc no existen, al menos como fuerza armada. Y hoy se espera que el ELN salga de la lucha armada, en un año máximo. Eso quiere decir que al Estado y a la derecha se les está acabando el San Benito, la gran justificación de todos los males en Colombia, y entonces empiezan a aparecer los problemas reales: el crimen trasnacional, la corrupción, las alianzas non sanctas entre sectores de la institucionalidad y las mafias y los paramilitares. Y ya no puede justificarse con nada la pobreza tan alta, la gran crisis en lo social, en el sistema de salud. Hoy el gran mal no es la guerrilla, ni a ella se le pueden atribuir todos los demás”.

La dejación de armas por parte de la insurgencia es importante, según Quijano, no porque con ella se logren las transformaciones estructurales, sino porque se transforma la lucha armada en lucha política. “El camino va a ser muy largo, van a surgir nuevas siglas, nuevas guerrillas. Nuevos aparatos paraestatales. En este camino es donde vamos a probar si somos capaces de salir adelante. Yo aspiro a que este Estado se dé la pela e inicie diálogos urbanos y rurales para desmantelar las estructuras paramilitares y mafiosas y sus bandas paramilitarizadas, pero no para seguir cogobernando sino para liberar los barrios y devolvérselos a su gente. Porque hasta ahora la oligarquía colombiana se ha preocupado solo por desarmar al contradictor, dejando intacto a quien le sirve directa o indirectamente”.

Según Quijano, hoy tenemos que apostarle a gobiernos de transición, que permitan avanzar hacia los cambios fundamentales. “Pero eso requiere de la unidad, y es lo que no tenemos. Porque la filosofía de nuestra izquierda sigue siendo dividir, restar y meterse en capillas. Por eso no somos capaces de confrontar al poder real en campos y ciudades, un poder que se vale tanto de estructuras legales como ilegales, al poder mafioso, paramilitar, pero también empresarial y político. Entonces al menos presionemos a la institucionalidad para que desmantele estas expresiones mafiosas y paramilitares que controlan hoy la vida de los barrios y las veredas”.

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