¿Por qué elevar la prohibición del paramilitarismo a norma constitucional?

prohibir el paramilitarismo
Foto: colombiainforma.info

Por Rubén Darío Zapata

En los últimos días de agosto se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma constitucional para prohibir el establecimiento de grupos armados (guerrilleros, paramilitares y bacrims) en el territorio nacional, aparte del Ejército y la Policía. Lo que ha llamado la atención, sin embargo, es que los detractores de dicha reforma constitucional sean justamente el grupo de empresarios y políticos que más han tenido que ver con el impulso del fenómeno paramilitar en el país, ganaderos y comerciales y el Centro Democrático.

La prohibición se dirige precisamente, según lo ve el analista Julio César Londoño, a la organización de grupos paramilitares, pues la acción guerrillera está proscrita hace décadas como un crimen de insurgencia, y las bacrim son delincuencia común. Pero el Consejo Gremial ha enviado a la Cámara de Representantes una carta enfática deplorando la medida, con el argumento de que prohibir el paramilitarismo carece de efectos porque “siempre ha estado prohibido formar cuadrillas o bandas de personas armadas”. Además, insiste, tal medida “degrada, de manera inexorable, la legitimidad del Estado”.

No obstante, según Londoño, “si hay que prohibir el paramilitarismo es porque está permitido. En efecto, siempre lo ha estado. Es una institución antiquísima. Y admirada”. Por lo demás, tal como asegura el analista e investigador Francisco Gutiérrez, cerrarle la puerta al paramilitarismo no puede minarle la legitimidad al Estado. “Me da la impresión de que se trata de lo contrario: de conquistarla, después de haber permitido o promovido esta pesadilla”.

Efectivamente, la legalización del paramilitarismo en el país puede rastrearse en las acciones de los distintos gobiernos. A mediados de los años 40 del siglo pasado, Ospina Pérez rompió la neutralidad de las Fuerzas Armadas, para armar chulavitas en función de exterminar a los liberales y aniquilar su caudal electoral. Bajo el auspicio de este gobierno, este grupo masacró en Ceilán, Valle, a 150 personas en un mismo día, en 1947, y después siguió la carnicería.

En 1965, el gobierno de Guillermo León Valencia firmó el decreto 3398, que facultaba al gobierno para emplear a personal civil en operaciones paramilitares y a dotarlos de armas de uso privativo de las fuerzas militares. A finales de esa década, el gobierno de Lleras Restrepo no solo confirmó el decreto sino que lo amplió a la facultad de conformar grupos de civiles armados con el argumento de que las comunidades tenían derecho a defenderse de las amenazas de la guerrilla.

Amparados en estas disposiciones legales, creció el paramilitarismo de una manera incontenible en la década de los ochenta, hasta el punto de que en 1989, el presidente Barco, impresionado por la masacre de la Rochela y el asesinato de varios candidatos presidenciales, expidió el Decreto 813 para combatir a los “grupos de justicia privada”. “Sin embargo –escribe Julio César Londoño–, como Colombia es varios países, el mismo año el presidente de la Federación de Ganaderos del Magdalena, Iván Roberto Duque, conocido luego como “Ernesto Báez”, presentó en sociedad su proyecto político Morena, Movimiento de Restauración Nacional”.

Pocos dientes tuvo la iniciativa de Barco. Al contrario, en 1994, César Gaviria firmó el decreto 356, que le dio vida a las famosas Cooperativas de Vigilancia –Convivir, propuesta impulsada por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, que fortaleció de tal manera el paramilitarismo a finales de los noventa, hasta el punto que a principios del siglo XXI ya se movían como un gran proyecto nacional que se proponía “refundar la patria”.

Lo curioso es que quienes impugnan la iniciativa de elevar a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo sean aquellos que lo han impulsado o se han usufructuado de él, y que lo hagan negando justamente la responsabilidad del Estado y de algunos gremios económicos en el avance del paramilitarismo.

Muchos, al contrario, ven en esta acción un reconocimiento del paramilitarismo como una política que el Estado ha implementado durante más de cincuenta años con la disculpa de su lucha contrainsurgente.

Para el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe, por ejemplo, la aprobación de la iniciativa en la Cámara es un avance simbólico en la construcción de la paz en nuestro territorio. De hecho, responde al compromiso de elevar a rango constitucional los acuerdos alcanzados entre las FARC y el gobierno, entre los cuales estaba la desarticulación del paramilitarismo y el deslinde definitivo del Estado frente a estas organizaciones. Y es que, aunque quiera negarse, el paramilitarismo sigue vigente y en solo este año ya ha asesinado a 32 miembros de las FARC o familiares.

“Yo no creo –dice el representante– que el hecho de que se eleve a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo implique que estos grupos desparezcan automáticamente. Los grupos paramilitares tienen una dimensión armada, política, social, económica, y los acuerdos son claros al reconocer esto. Pero se percibía que su persistencia iba a ser un obstáculo para el proceso de paz y por lo tanto el Estado tenía que asumir el compromiso de desarticularlo y debía empezar por desligarse de él”.

En ese mismo sentido, según Uribe, los acuerdos prevén otras acciones: Ya hay una unidad especial de investigación del fenómeno paramilitar y se creó también una Policía especial para el desmonte de los paramilitares. “Lo que ha pasado con los planes pistola en estos días es precisamente porque la Policía ha estado atacando a los paramilitares en algunas regiones. Yo creo que hoy el paramilitarismo no tiene la dimensión que tenía antes. Pero hay presencia de grupos paramilitares en varias regiones del país y lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente”.

Entendiendo entonces al paramilitarismo como un fenómeno multidimensional, la decisión del Estado de separarse de él es indispensable, pero, según varios analistas que han puesto el ojo crítico en los compromisos del Estado, su eficacia se verá contrarrestada por una cultura que ha hecho carrera en Colombia y se expresa perfectamente en la doctrina militar que asume a la oposición como un enemigo interno. Justo aquella doctrina que el gobierno se negó a poner en discusión en las negociaciones con las FARC.

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