El retorno de la seguridad democrática

Más de 350 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las FARC y, según el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia 2018, publicado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en el 2018, las agresiones contra defensores de derechos humanos se incrementaron en un 83% con respecto al 2017. En el último tiempo, además, han arreciado las amenazas firmadas por estructuras paramilitares contra organizaciones sociales, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Para intentar comprender esta paradoja, el Colectivo habló con Yesid Zapata y Wiston Gallego, de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad respectivamente, las dos organizaciones que realizaron el informe.

Por Equipo de redacción

Foto: Fundación Paz y Reconciliación.

Según Yesid Zapata, esto expresa una intención firme de algunos sectores políticos y económicos del país que ven en el proceso de paz un enemigo para sus intereses, sobre todo por lo que tiene que ver con el reconocimiento de la verdad histórica. “Tienen miedo que se conozcan los verdaderos perpetradores de la violencia, entre los que sabemos que hay personas de muy alta posición”.

Wiston Gallego, por su parte, asegura que no ha habido voluntad política de parte de este gobierno para garantizar el ejercicio político de los líderes y lideresas sociales. Una prueba de ello es lo que pasa en el Bajo Cauca, donde hay más de 4000 militares y las estructuras paramilitares se mueven libremente y controlan casi por completo la vida de las comunidades, extorsionando incluso al dueño de una gallina, un marrano o una vaca. De hecho, lo que pareciera evidenciarse, según Wiston, es que el paramilitarismo se envalentonó después de la elección de Duque como presidente y por eso arremeten abiertamente contra las organizaciones sociales, sin que el gobierno tome cartas en el asunto, a pesar de las cifras escandalosas de asesinados y a pesar de las amenazas tan directas.

Por lo demás, Wiston señala que algunas instituciones creadas para la implementación de los acuerdos de paz ni siquiera han sido reconocidas o impulsadas por este gobierno. “Por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías para el desmonte del paramilitarismo no se ha reunido más de un par de veces, y lo hizo no por iniciativa del gobierno, sino por la presión de la comunidad internacional o de la misma Procuraduría. Y la política de sometimiento concertada entre el gobierno Santos y las llamadas bacrim no la ha retomado Duque”.

No obstante, según Wiston, no es solo el paramilitarismo el que se envalentonó con la llegada de Duque al gobierno, sino todos los sectores ultraconservadores del país. Por eso las agresiones contra los líderes vienen de muchos lados, incluso de funcionarios públicos que han asumido la estrategia del señalamiento aun sin pruebas judiciales.

Vuelven los falsos positivos

Recientemente el periódico The New York Times publicó un artículo en el que mostraba cómo el comandante del Ejército colombiano había dado una directriz a los altos oficiales para que multiplicaran el número de individuos capturados o dados de baja en sus operaciones militares, así esto implicara en algunos casos la violación a los derechos de los ciudadanos. Según Yesid, el periódico solo está haciendo público algo que ya se sabía. “Y es que los falsos positivos no han parado, solo que durante el gobierno de Santos se redujeron un poco como consecuencia de los diálogos con las FARC. El caso es que ahora, algo que ha sido desde hace años el modus operandi del Ejército se convierte en una política oficial”. No hay que olvidar, además, insiste Yesid, en que en los falsos positivos fue muy importante la alianza de altos oficiales con grupos paramilitares, que secuestraban a los líderes y se los entregaban al Ejército para que los presentaran como abatidos en combate.

Por eso, las Farc insistieron durante las negociaciones en que se revisara la doctrina militar con la que han sido formados por casi un siglo los militares colombianos, una doctrina que se basa en la idea del enemigo interno: es decir, en ver en cada ciudadano un potencial guerrillero. Pero ese fue un punto que el gobierno no estuvo dispuesto a negociar.

Lo que se pretende imponer es un modelo económico

Yesid y Wiston coinciden en que esta arremetida contra el movimiento social no va solo en contra de la implementación de los acuerdos, sino que pretende eliminar todos los obstáculos para la implementación del modelo de desarrollo impulsado por la élite. Por eso, mientras buena parte del movimiento social se concentraba en movilizarse contra las objeciones del presidente Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, el Congreso de la República aprobó sin muchas dificultades el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde realmente se materializa el modelo económico y las agresiones contra las comunidades en sus territorios.

¿Por qué el modelo necesita la doctrina militar?

Se supone que la doctrina del enemigo interno se basa en la lucha contra el comunismo y, potencialmente, contra los movimientos insurgentes. Pero en una sociedad supuestamente democrática, donde la guerrilla más grande y antigua del continente se ha desmovilizado, la estrategia debería perder sentido. Por lo demás, el modelo neoliberal y extractivista impuesto en Colombia es el mismo que se impuso en otros lugares del planeta sin recurrir a esta presión militar sobre la ciudadanía. La pregunta entonces es por qué en Colombia la élite recurre a ella.

Yesid intenta responder esta pregunta desde la perspectiva de un defensor de derechos humanos: “El defensor es el ambientalista, el campesino, el estudiante, el que defiende los derechos étnicos y territoriales de las comunidades y todo el que va en contravía del modelo que la élite quiere implementar. Esos líderes no son el modelo de persona que requiere el país, según estos sectores de poder. Lo que pretenden entonces es una homogenización de la población que destierre para siempre la semilla de la rebelión y la subversión”. Wiston lo ve de manera similar. Según él, lo que está implementando la élite, a través del gobierno Duque, es una estrategia disuasiva. “La posibilidad de organizaciones guerrilleras en el futuro la asusta mucho, pero no pretende evitarla por medio de las transformaciones sociales e institucionales que hagan posible el bienestar para todos, sino a través del miedo y el cierre del pensamiento crítico”.

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