La cuestión LGBTI dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” tiene como ejes estructurantes la legalidad, el emprendimiento y la equidad, siendo en este último eje donde se encuentran incluidos los temas relacionados con las identidades de género, la diversidad afectivo-sexual, el enfoque de género, la paz y el territorio, entre otros. Dicho eje esencialmente debería buscar el reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad en todos sus ámbitos como parte fundamental de la convivencia pacífica. Sin embargo, este Plan de Desarrollo no tuvo en consideración los avances que durante los últimos años se habían logrado en Colombia en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTI.

Por Jair Eduardo Restrepo Pineda

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En este sentido, durante el gobierno anterior, el Ministerio de Justicia venía adelantando el proceso de construcción de la Política Pública para la Población LGBTI; sin embargo, en el actual plan de desarrollo no se plantean los mecanismos necesarios para la implementación de la misma en los ámbitos territoriales, y se concentra fundamentalmente en el reconocimiento y compensación de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas del colectivo LGBT a lo largo de los años del conflicto.

Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no establece los procesos para la implementación del Decreto 762 de 2018 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo fin es adicionar al Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, la obligación de adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esto, con miras a garantizar el acceso a derechos fundamentales en condición de igualdad con el resto de población, así como el reconocimiento –y resarcimiento- de la población LGBTI como un grupo históricamente violentado en el territorio nacional.

En el Decreto 762 de 2018 se establece que la obligación generada por el mismo es de alcance nacional y que corresponde al Ministerio del Interior, mediante la conformación de un Grupo Técnico para la garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de los Sectores Sociales LGBTI. Pese a ello, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque no hace mención alguna sobre la política nacional a desarrollar para la consecución de los objetivos planteados en la norma expedida, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos territoriales.

Es evidente que el actual Plan de Desarrollo deja de lado los aspectos fundamentales que deberían asegurar los derechos de las personas LGBTI, y principalmente desconoce la política pública destinada a esta población, la cual fue expedida el año pasado por el gobierno nacional, mediante Decreto 762 de 07 de mayo 2018. Este hecho seguirá condenando a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas a la exclusión y marginación social, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. Esta situación pone en riesgo los avances alcanzados en materia de reconocimiento, inclusión y participación de la agenda LGBT en el país, tales como la implementación de la política pública destinada a las personas LGBT en los ámbitos locales, o la necesidad de adelantar cátedras sobre diversidad sexual e identidades de género en las instituciones educativas, entre otras.

Se puede afirmar entonces que estos avances están siendo limitados por el Gobierno central. Esta es una respuesta a los compromisos adquiridos durante la campaña política con grupos políticos de derecha y con otros de ideología religiosa, los cuales han expresado abiertamente su inconformidad frente a los avances relacionados con el género y la diversidad sexual. Para tal fin han utilizado el concepto de “ideología de género”, que no hace otra cosa que confundir a las personas y genera en ellas un rechazo sobre la temática, tal es el caso de los partidos políticos Conservador y Colombia Justa Libres, entre otros.

Esta situación ya había sido identificada por algunos líderes del movimiento LGBTI, tales como Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, quien manifestaba que “los sectores de iglesias cristianas acudieron a la misma técnica que emplearon en el Acuerdo de Paz para excluir a la población LGBTI. Dicha acción tendría dos vías: Borrar lo que no les gusta o con lo que no están de acuerdo; e incluirse como grupo discriminado, con la particularidad de no hacerlo como personas, sino como instituciones religiosas que son víctimas de este flagelo”. Por tanto, el actual gobierno no solo está desconociendo las disposiciones normativas vinculantes del ordenamiento jurídico nacional, sino también las directrices que ha consignado la Corte Constitucional en sus sentencias con relación a la no discriminación de la población LGBTI, específicamente la sentencia T-314/11 que exhorta a las instituciones nacionales a diseñar e implementar políticas públicas nacionales destinadas a la población LGBTI que se encuentren articuladas en los entes territoriales.

Finalmente, aunque el Plan Nacional de Desarrollo concibe la paz como un deber y un derecho fundamental que busca conseguir a través de la erradicación de la violencia, la inclusión de poblaciones históricamente violentadas y la promoción de la convivencia y el diálogo social, no establecen las medidas para tal fin. Por el contrario, parece invisibilizar a las poblaciones que han sufrido los rigores del conflicto armado colombiano, pues al desconocer el proceso de paz y no establecer claramente los mecanismos para la inclusión social de los grupos afectados por el conflicto armado, termina por marginarlos y excluirlos.

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