Sistema de salud en Colombia: un carrusel de la muerte

La reforma pensional, de salud y laboral, han sido un dolor de cabeza para los trabajadores y el pueblo en general. No hay una línea en todas ellas que pueda calificarse de progresista. En ningún artículo está claro el derecho a una buena remuneración, a una salud previsora, a una pensión digna. La ley creada a imagen y semejanza de un Estado oligárquico, aplica el derecho en contravía de los intereses obreros y populares.

POR áLVARO lOPERA

Dibujo por Víctor Cuartas

Elvira tuvo hace poco un derrame cerebral que se atendió urgentemente en el hospital Pablo Tobón Uribe al no tener respuesta alguna de la EPS Coomeva. A mi padre lo tuvieron que atender en la Clínica Medellín, porque tampoco lo quisieron recibir en la IPS universitaria León XIII por allá en el año 2007. Y allí, cada día, con un buen taxímetro de cobro, mi hermana tenía que cancelar diariamente en la caja más de un millón de pesos por los “esfuerzos” que hacían los médicos por “sacar adelante” a quien había sufrido una arritmia que finalmente lo llevaría a la muerte tres semanas después.

A Elvira, adulta mayor, la debía atender Coomeva, a quien le cotizó por más de 24 años. Terminó “bien atendida” en una entidad privada que no le solucionó todo lo que requería. Seguían varios exámenes, entre ellos una resonancia magnética, que según la Superintendencia de Salud en menos de dos semanas tendrían que practicársela, lo que tampoco se cumplió.

Mi padre, si bien recibió los primeros auxilios, no contó con suerte puesto que la clínica le dio de alta dos días después de iniciado el tratamiento y de haber pagado más de 3 millones de pesos. Todo sucedió a raíz de la puesta en escena de una tutela que obligaba a esa institución a hacer el tratamiento correspondiente sin cobro alguno, pues era un paciente de la tercera edad vulnerable en extremo y ad portas de morirse por un evento manejable con la medicina actual.

Cuando presentamos la tutela, la clínica ya había arreglado la cama donde él reposaba momentos antes. Entonces, al ver la nota del alta que le entregaban de una manera tajante y sin que el médico diera la cara porque “se encontraba en una reunión muy importante”, mi padre no quiso permanecer allí más tiempo, a pesar de mis súplicas, pues se sentía profundamente humillado.

Elvira, con un derrame a cuestas, esperó pacientemente que se le hiciera la resonancia, pero esta fue postergada por falta de agenda y el miedo la vencía. Su hermano, desesperado, la llevó a una clínica privada. Pagó seiscientos mil pesos y después de hacer todo lo anterior lo llamaron de Coomeva para que Elvira pasara a hacerse el examen.

Mi padre, protegido en principio por la tutela y casi expulsado de la clínica Medellín, se fue para su casa con una orientación sencilla: “tome 1 o 2 aspirinas diarias para evitar que se le haga un coágulo en la sangre y le dé una trombosis”. Dos semanas después sufrió un desmayo y un derrame que le afectó parte del cerebro. En ese mismo momento, el médico que le dio de alta le informó telefónicamente al hijo mío que su abuelo necesitaba urgentemente la instalación de un marcapasos. Ya era muy tarde. Habíamos ido con él a la IPS universitaria, donde fue puesto en una camilla, en un pasadizo por donde pasan cientos de visitantes, en medio de decenas de enfermos que no podían tener solaz en habitación alguna.

El hermano de Elvira se dispuso a ir por el dinero a Coomeva, y ahí inició su otro Calvario: tenía que llevar todos los recibos que demostraran que había pagado lo que decía, y aún sigue haciendo trámites sin que haya podido recuperarlo. A la preocupación por su hermana se le suma la incertidumbre de la devolución de esa suma que tanto requiere, pues es un hombre humilde.

En los últimos días de su vida, mi padre entró en el lento trasiego a la muerte: inyecciones de vitamina K iban y venían mientras estaba en medio de ese maremágnum de hombres y mujeres enfermos postrados en camillas como en un hospital de guerra. Que se le aumentó la viscosidad de la sangre, pues hay que bajarla; que se le bajó, hay que subirla. Después lo llevaron a la sala de cuidados intensivos y solo alcancé a verlo una vez, vulnerable, entubado, pálido y con un rictus que avisaba el rigor mortis. Solo un día pasó allí y nada se pudo hacer, pues el preámbulo fue lo suficientemente malo como para no darle esperanza alguna. Un marcapasos era la solución: escasos 3 millones de pesos le costaba al sistema de salud.

Elvira no solo tenía que hacerse urgentemente la resonancia, sino también pedir cita con el neurólogo, el neurocirujano y el psiquiatra, por aquello del síndrome de abstinencia que aparece después de haber consumido sustancias opiáceas para el dolor o el malestar. Pero aún sin tener el examen de la resonancia, Coomeva ya le había dado la cita para el neurólogo: era como votarla, porque sin resonancia el neurólogo no podía concluir nada.

Estos dos ejemplos, que se repiten en nuestro entorno a la saciedad, muestran cómo, en Colombia, los pacientes entran en un proceso lento de muerte cuando cualquier enfermedad, que puede ser tratada humana y oportunamente, los arrincona sin compasión. El sistema de salud colombiano que no previene nada, los termina relegando a ese ostracismo del aislamiento en donde deja de reconocerles los derechos mínimos que, como personas y aportantes al sistema de salud, tienen.

Elvira no sabe si estar triste o simplemente desesperanzada. Se siente mejor, pero queda todo por hacerse hasta salir adelante. Los obstáculos que tiene que saltar se multiplican cada día. Ahora se enteró, en carne propia, que al actual sistema financiero de salud ella poco le importa.

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