En Bello, la Ley es letra muerta

Betty Ciro

Ilustración: Irene Cuesta

Las 8 de la mañana del domingo 12 de agosto de 2019 era la hora de la cita concertada con anterioridad entre la comunidad del barrio Villas de Comfenalco, perteneciente a la Comuna 5, y otros líderes y organizaciones sociales del municipio de Bello. El objetivo: recuperar una de las zonas verdes aledañas a la quebrada La García, propiedad del barrio Villas de Comfenalco, que, según el denominador común en Bello, pretende ser urbanizada ilegalmente, lo cual, sin embargo, es tolerado por la institucionalidad.

La alerta fue accionada por líderes del barrio, que gracias a la comunicación con organizaciones de otros sectores, y con la participación en el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental –PROCEDA-, liderado por la Universidad de Antioquia, han comprobado cómo en muchos sectores de Bello, donde han construido urbanizaciones, las zonas verdes dejadas en cumplimiento de las normas urbanísticas, han sido también construidas y vendidas sin que las autoridades municipales actúen para impedir que sucedan tales anomalías. Esto muy a pesar de que el Decreto municipal 0193 de 2011 en su Artículo 129, estipula:

“Todo desarrollo urbanístico y constructivo que se realice en el territorio municipal, en el área urbana y rural debe cumplir con el aporte de Obligaciones Urbanísticas, las que se podrán realizar con aportes como lotes de terreno para el caso de zonas verdes, ejecución de construcciones nuevas, realización de ampliaciones y adecuaciones en los equipamientos existentes que determine por orden de prioridades la Secretaría de Planeación Municipal”.

La comunidad de Villas de Comfenalco no quiere que se repita la historia de Las Araucarias 1 y 2, Los Búcaros, Niquía… donde las zonas verdes, los retiros de las quebradas y cualquier espacio dejado libre por las urbanizadoras, hoy no existe, pues allí otras personas que no necesitaron aprobación alguna también construyeron y vendieron. No se sabe cómo consiguen la licencia de construcción ni cómo obtienen los servicios públicos domiciliarios, pero de lo que se tiene certeza es que por allí no aparece ningún funcionario del Municipio a exigir cumplimiento de requisitos.

Tampoco se sabe qué pasa con las quejas o con las solicitudes de intervención que los habitantes llevan a la Secretaría de Obras Públicas, porque jamás paran dichas construcciones.

Ni siquiera se cumplen los fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia. Hace más de dos años, con fecha 25 de mayo de 2017, este ente judicial invalidó un Acuerdo Municipal que buscaba expandir el área urbana en medio millón de metros cuadrados sin respetar los suelos de protección o zonas de protección y conservación ambiental. Hoy, la Administración municipal continúa expidiendo a las constructoras las respectivas licencias sin respetar el fallo del Tribunal.

Solicitud a la Administración

Los líderes sociales de Villas de Comfenalco, a la par que arrancaron el cerco en la zona verde que pretende ser construida ilegalmente, tienen claro que van a realizar la defensa de las zonas comunes de su barrio unidos y con el apoyo de otras organizaciones sociales de Bello, pero también saben que es obligación de la Administración municipal el cumplimiento de la Constitución y la Ley. Ya iniciaron la gestión ante las autoridades municipales: radicaron carta en la Secretaría de Obras Públicas y se entrevistaron con el secretario de esta dependencia, quien les exhibió un gran libro que contiene la intervención programada para dicho barrio. ¡Vaya sorpresa¡, las zonas que allí figuran arborizadas, con jardín y muy bonitas, en la práctica están llenas de construcciones hasta el borde mismo de la quebrada, es decir, ni en Obras Públicas ni en ninguna otra dependencia saben que ni la norma de 30 metros de retiro de las quebradas se cumple en su municipalidad.

Lo que se preguntan los líderes de la comunidad es por qué la Administración no realiza estas intervenciones planeadas, aun más, por qué ni siquiera las socializa con la comunidad, pero sí permite que los ilegales se apropien de ellas sin ningún impedimento.

En la carta radicada en Obras Públicas, la comunidad de Villas de Comfenalco, Villa de Los Ángeles y Villa María exponen cómo los contratistas, traídos por el Área Metropolitana para efectuar intervenciones en la Quebrada, abandonaron las obras dejando “gran cantidad de escombros, pisos duros, varillas de inicio de columnas, estanques, cabinas de madera con sanitarios, tuberías de agua, que han traído desorden y alentado construcciones ilegales”.

La misma comunicación fue radicada en la Personería como defensora de los derechos de los ciudadanos. Y la radicarán en la Secretaría del Medio Ambiente y en todas las dependencias que sea necesario, pues lo que tiene claro la comunidad es que no se rendirá.

Después de la acción del domingo 12 de agosto, la comunidad identificó otra dependencia que debe vincular al proceso. Ahora se dirigirá a la Fiscalía para poner el denuncio por violación de domicilio. Se trata del robo de la cadena y el candado que cierra la reja, y del cambio de la chapa de la puerta de una de las sedes de la Acción Comunal del barrio Villas de Comfenalco.

De los terrenos del municipio también se apropian

La apropiación privada no solo ocurre con los terrenos comunes de las urbanizaciones, también sucede con los terrenos del municipio. Esto fue lo que ocurrió en la Obra Dos Mil, sector situado a unas 5 cuadras del parque principal. Allí, por la construcción de la Obra dos Mil, abrieron varias carreras para dar salida tanto al norte como al sur. Para prolongar la carrera 55 fue necesario demoler la casa de don Eduardo, la de Cuchita y la de don Humberto; por todas ellas, sus propietarios recibieron la indemnización correspondiente. Como las casas eran tan grandes, alcanzó el espacio para construir la carrera, para levantar una cancha y un parque infantil.

El parque infantil fue muy efímero porque muy pronto empezó a levantarse allí un modesto local para vender comidas. Los habitantes del sector acudieron a todas las instancias municipales a elevar su queja porque estaban invadiendo el parque infantil, pero el viacrucis al que sometieron a aquellos vecinos terminó cansando a quienes se habían atrevido a levantar su voz, mientras tanto la Acción Comunal del barrio parecía estar de acuerdo con semejante barbaridad porque, igual que la Administración municipal, no movió un dedo para impedir la obra. Pasaron solo algunos años para que los habitantes del sector presenciaran un gran negocio de helados, comidas y una licorera, todo ello en un terreno que según reza la Constitución en su Artículo 63, es inalienable, inembargable e imprescriptible.

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