Volqueteros arrinconados por el pico y placa ambiental en Medellín

Foto: Tomada de la página AVA,
Asociación Volqueteros Unidos de Antioquia

Por Jhon Mario Marín Dávila

Las medidas de pico y placa ambiental tomadas en el Valle de Aburrá, de acuerdo con el Decreto 0279 del 21 de febrero del 2020, articulo 2, permitieron a los vehículos de modelos posteriores a 2009 trabajar seis horas al día, mientras que los modelos anteriores se quedaron sin posibilidad de trabajar durante todo el día en que les correspondía el pico y placa. Esto afectó sobre todo a un grupo de volquetas antiguas, que no fueron consideradas para repotenciación con base en el estudio de fuentes móviles que realizó el Área Metropolitana en 2016 y de acuerdo con el decreto 2502 del año 2002 del Ministerio de Transporte. Es decir, no pudieron cambiar su motor por uno más moderno y avanzado.

Debido a esto, los volqueteros denuncian al POECA (Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica) del Área Metropolitana, que construyó y avaló, con estudios de la Universidad Pontificia Bolivariana, datos falsos que anuncian que el 93% de causante de P.M 2.5 son las fuentes móviles, sin tomar en consideración que estas son producidas también por incendios o fábricas. También dice el estudio que en el Valle de Aburrá hay 4.440 volquetas, cuando según las Asociación de Volqueteros de Antioquia- AVA, solo hay 1.400.

Además, dicen los volqueteros que sus vehículos no son los más contaminantes en el Valle de Aburrá, precisamente porque son nómadas, en su mayoría trabajan más en las afueras del Área Metropolitana. La AVA afirma que una administración no puede basarse en estudios errados para tomar decisiones de ciudad, más cuando perjudica la productividad en el territorio; por eso exige al gobierno corregir esos errores y dar realmente soluciones de fondo como la implementación del biocombustible y el ecoetiquetado en las volquetas.

Los volqueteros han demostrado que las volquetas están en muy buenas condiciones, sustentando esto en la prueba piloto de ecoetiquetado presentada a la anterior administración del Área Metropolitana a finales del año 2019. En esta prueba se certifica que los motores de las volquetas cumplen con la normativa ambiental vigente, en cuanto a la emisión de PM 2.5.

La Asociación también le ha solicitado al Ministerio de Minas y Energía que autorice el uso del bio-combustible B50 contemplado en la ley 939 de 2004, que es un combustible limpio y amigable con el medio ambiente, contrario al combustible Diesel de norma B10, que genera más PM 2.5. En este momento la Asociación está a la espera de que el Ministerio les de el código SICOM que autorice la mezcla del combustible B50. De esta manera podrían bajar el PM 2.5 entre un 80 y 90 % y presentar un mejor mantenimiento preventivo y correctivo de las volquetas.

Con resistencia a los grandes poderes, personas que no tienen mucha experiencia en lo gremial, buscan mostrarles a los gobernantes que ellos están peleando por algo justo, real. Quieren demostrarles a las autoridades que técnicamente están equivocadas, que hay que cambiar este tipo de normativas que provienen de una mala fundamentación, para que no afecte la productividad de la región, del sector y de los miles de personas y familias que viven del transporte de tierra, arena y materiales. Además, la afectación que recae sobre los volqueteros se extiende a aquellas personas que prestan su servicio como montallantas, mecánicos, latoneros, pintores, muelleros, estaciones de servicio, etc. Y aclaran que mueven una gran industria, siendo un gremio de construcción e infraestructura que hace parte de los primeros renglones de la economía del país.

Mario Marín, integrante de la Asociación de Volqueteros, argumenta que “las personas al no conocer la historia clara y el proceso de las volquetas nos estigmatizan. Sin saber que en el 2008 se eliminó la chatarrización, por falta de compromiso del gobierno nacional y a raíz de intereses oscuros que hicieron perder más de 300.000.000.000 de pesos que habíamos pagado con pólizas y sobrecupos”. Al impedirles la chatarrización y, por tanto, la reposición de sus volquetas, los dejó sin posibilidades de renovar y por eso los congeló como poseedores de las volquetas más antiguas.

“Tampoco tenemos un sistema de costos -continua Mario-, es decir, una tarifa basada en la utilidades y costos del trabajo que realizamos; y al tener que someternos en estas condiciones a la ley de la oferta y la demanda nos vemos imposibilitados de hacer una proyección financiera en el tiempo para determinar nuestras inversiones en la renovación. Por ahora, estamos sujetos a la voluntad del gobierno nacional y local para poder repotenciar y renovar nuestros vehículos, acorde al decreto 221 del 14 de febrero 2020”.

Según cuenta Luis González, presidente de la Asociación Volqueteros Unidos de Antioquia, esta organización nació como respuesta a las decisiones injustas de los gobernantes que afectaban a los volqueteros. Según él, el peajito social de Navarra, en el norte de Aburrá, construido en 2005, fue pensado como un apoyo temporal para la concesión. Pero en 2010 el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, decidió de manera inconsulta poner allí una tarifa plena, a pesar de que a solo seis kilómetros estaba el peaje el Trapiche y que, según la ley, en el territorio del Área Metropolitana no debería haber peajes de costo nacional.

“De esta manera -comenta Luis- afectó a los volqueteros, dado que los botaderos de tierra y las canteras de material de tierra se encuentran en inmediaciones de los dos peajes. Las volquetas deben ingresar a estos botaderos y canteras más de tres veces al día”. Ante esta injustica surgió la necesidad de agremiación y creación del AVA.

Hoy la Asociación tiene como propósito la integralidad, el bienestar emocional y social, y una conciencia de ecociudadanía en sus afiliados. Promueve que se trabaje con más compromiso en la seguridad vial, estar más compenetrados con el trabajo, prestar un mejor servicio, interactuar con toda la movilidad y los actores viales con orden, respeto y cordialidad, hacer el trabajo lo mejor posible en los tiempos acordados de forma honesta y responsable, cumplir con toda la normatividad inherente al tema de residuos, escombros y con varias resoluciones y decretos de ley las cuales están presentes. Pero también confrontar a las autoridades ante las disposiciones injustas que los afecten, como es en este caso las disposiciones del pico y placa ambiental que no consultan las reales condiciones en que trabajan los volqueteros.

Foto: Mario Marín

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