Un nuevo escenario de impunidad amenaza a las víctimas

Acuarela de Alberto Jerez

Por Santiago Alarcón

Finalizando el mes de febrero y un poco antes de que la atención de Colombia se centrara en la llegada al país el Covid 19 y la necesidad de medidas sanitarias y económicas para afrontar la pandemia que hoy nos tiene en un escenario de cuarentena, sucedió algo igualmente nefasto para las víctimas del conflicto armado en el país. Se trata de la sentencia que fue emitida por parte del Consejo de Estado el 29 de enero, aunque solo la conocimos un mes después, y que pone en una situación de jaque a las víctimas, comprometiendo la garantía de acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de la barbarie.

La sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado, el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, tomó la decisión de realizar un cambio jurisprudencial frente a las reglas de juego referentes a la oportunidad en el tiempo que poseían las víctimas de crímenes de guerra para buscar reparaciones por medio de la presentación de demandas de reparación directa frente a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.

La decisión del alto tribunal se dio en el estudio del caso de Clodomiro Coba León, Beyer Ignacio Pérez Hernández y Yolman Pidiachi Barbosa. El 5 de abril de 2007 estas personas en el establecimiento la “Casa Roja” en Nunchía (Casanare), fueron abordados, según los demandantes, por miembros del Gaula, quienes los retuvieron y posteriormente los torturaron, para luego trasladarlos hasta el sector de “Macuco” en donde fueron entregados al Ejército Nacional.

Sus cuerpos fueron encontrados al siguiente día en la vereda Las Tapias de Hato Corozal, con 2 fusiles AK47, granadas de fragmentación y otros elementos que al momento de ser retenidos no llevaban con ellos.

A las familias de Clodomiro, Beyer Ignacio y Yolman les informaron, como en tantos otros casos de ejecuciones extrajudiciales, que sus muertes se habían dado como producto de un enfrentamiento, el cual había tenido lugar durante la operación táctica denominada “Arcano 1” contra el frente 28 de las FARC.

Pese a esta información, en un proceso penal se adelantó la investigación pertinente sobre estos hechos por parte del ente acusador y finalmente se concluyó que se habían configurado los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, secuestro simple agravado y tortura para persona protegida.

En mayo de 2014, los familiares de las tres víctimas de ejecución extrajudicial demandaron a la Nación –Ministerio de defensa, Ejército Nacional- y obtuvieron en la primera instancia una sentencia favorable emitida por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Yopal el 10 de julio del año 2017. El fallo reconoció perjuicios morales a los padres, las compañeras permanentes, hijos, hemanos y tíos de las víctimas, y ordenó un acto de disculpas públicas y a título de garantía de no repetición, la implementación de un sistema de promoción y respeto de los derechos humanos, así como la divulgación de la sentencia proferida en el asunto de la referencia.

En septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Casanare aceptó la apelación. En virtud del artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 que faculta al Consejo de Estado para resolver los recursos de apelación que sean competencia de los tribunales, remitió el proceso a la Sección tercera del Consejo de Estado para que unificara su jurisprudencia frente a la caducidad cuando se demanda por daños provenientes de delitos de lesa humanidad.

La posición, al menos desde el año 2013, había sido clara: el término de la caducidad en el caso de pretensiones de reparación directa cuando el litigio versara sobre un daño proveniente o derivado de un crimen de guerra, delitos de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, no era exigible. Sin embargo, el Consejo de Estado tomó la decisión de negar todas las pretensiones de los demandantes y asumió la postura de que el derecho de acción no había sido ejercido a tiempo, esto es, dentro de los dos años que establece el código contencioso administrativo para reclamar el perjuicio por los daños causados.

La votación de esta sentencia no fue unánime al interior del Consejo de Estado: 3 votos en contra y 5 a favor fue el resultado determinante en la emisión de la providencia. Los tres jueces disidentes de la decisión argumentaron, como ha sido claro en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Consejo de Estado, que las víctimas necesitan una protección o prerrogativa extra dada su condición y que negárselas a través de la imposición de un criterio procesal formalista es llevarlas a escenarios de impunidad.

Ahora nos encontramos ante un escenario complejo para las víctimas y los procesos que se encuentren en curso. En el caso en cuestión, además de negar las pretensiones de los demandantes, fueron condenados al pago de los costos judiciales. La defensa de los derechos de las víctimas bien deberá librarse a través de una solicitud de nulidad de la sentencia del Consejo de Estado, a través de una acción de tutela ante la Corte Constitucional contra esta providencia judicial por un defecto sustancial, o bien en un escenario internacional como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta, por medio de una providencia, garantice el acceso a la administración de justicia de las víctimas y arregle el terrible error cometido por el Consejo de Estado.

Un comentario

  1. Horror del Consejo de Estado, que desconoció los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del mismo bloque de constitucionalidad. Como quiera que es un defecto del tribunal administrativista, por vía de acción de tutela contra sentencia, podría restablecerse los rectores juris que antecedían a esa decisión.

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