Consumos y criminalización

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Por Santiago Alarcón Serna

Una de las promesas de campaña del ahora presidente Duque se refería a atacar el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente los consumos en menores de edad. Esto se intentó materializar con la expedición del Decreto 1844 de 2018 que facultaba a la fuerza pública para iniciar un procedimiento verbal inmediato a quienes portaran sustancias psicoactivas, incluso si se trataba de la dosis mínima, imponiendo una medida correctiva y destruyendo el bien. La única posibilidad que tenía la persona abordada por la Policía era probar su adicción.

El decreto tuvo varios efectos. Los jurídicos se referían a generar una prohibición administrativa al porte de la dosis mínima, otorgándole potestades discrecionales a la Policía, lo que, según sostuvimos muchos, solo iba a favorecer los actos de abuso policial dirigidos hacia los consumidores. Finalmente, se planteó que el consumo de sustancias psicoactivas solo podía darse en escenarios de adicción, y que todo lo demás debía ser castigado, dejando de lado los consumos recreativos de estas.

Unos meses más tarde la Corte Constitucional emitió la Sentencia C 253/19 en donde analizó qué tan acorde a la constitución se encontraban los artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7) de la Ley 1801/16. Estos artículos establecían que el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas era un comportamiento que afectaba la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y, por tanto, era contrario al cuidado e integridad del espacio público.

A través de la providencia del 2019, la Corte decidió que las expresiones “alcohólicas” y “psicoactivas” del literal c del numeral 2 del art. 33 y las expresiones “bebidas alcohólicas” y “psicoactivas” del numeral 7 del art. 140 eran inconstitucionales y, en este sentido, fueron declaradas inexequibles. La Corte juzgaba que el legislador había violado el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma amplia y general el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en parques y en el espacio público, argumentando además que el medio no era el adecuado para lograr el propósito buscado.

Desde ese punto estábamos en un escenario en el que, aunque el consumo, siguiendo la tesis constitucional del profesor Carlos Gaviria en la Sentencia C 221 de 1994, se encuentra protegido por pertenecer a la esfera de desarrollo y decisión personal de cada individuo, el porte se encontraba prohibido gracias al Decreto 1844 de 2018. Podíamos fumarnos un porro, pero no portarlo; ese era el despropósito jurídico que se había creado.

Tras la expedición del D.1844 muchos colectivos, ciudadanos y congresistas presentamos demandas ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de este acto administrativo. Finalmente, el órgano de cierre de lo contencioso administrativo tomó una decisión frente a una de las demandas presentadas por la representante a la cámara Katherine Miranda. En esta providencia el Consejo de Estado negó las pretensiones de la congresista de declarar la nulidad del decreto; sin embargo, y a pesar de no aceptar las peticiones de la demanda, el órgano jurisdiccional condicionó la forma en la que debía aplicarse dicho decreto. Así se estableció que para su aplicación válida se debían tener en cuenta los siguientes puntos:

Lo primero es que los verbos de porte, tenencia y posesión de sustancias psicoactivas contenidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se entenderán infringidos cuando estas conductas traspasen la esfera privada del consumidor. Y esto, según el Consejo de Estado, se da en dos casos: con la comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas y por la afectación que se genere a los derechos de terceros y/o colectivos. La segunda precisión hecha se refiere a que los policías solamente podrán hacer uso del procedimiento inmediato cuando necesiten verificar que la dosis mínima no esté siendo usada por fuera de la esfera personal, y por último recordó a la Policía, en el fallo, los parámetros definidos por la Corte Constitucional para sancionar las conductas de consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas y su consumo.

Aún no conocemos el fondo de esta decisión, pero creo que nos regresó al debate sobre los consumos recreativos que se encuentran constitucionalmente protegidos por la dosis mínima y de que no todo consumo es problemático ni debe ser atendido por un médico. Aún más, el Consejo de Estado se une a la tesis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de que el consumo de sustancias psicoactivas no puede ser criminalizado o castigado por ninguna manifestación del derecho para castigar (Ius Puniendi) que posee el Estado.

Sin embargo, volvemos a un escenario en donde sigue quedando en manos de los agentes de policía el acatar en la práctica esta modulación y, sobre todo, queda en sus manos, según su percepción, la decisión de cuándo el consumo de la dosis mínima es netamente personal y cuándo es para comercializarla. Así subsiste la duda de si el Consejo de Estado tuvo en cuenta la tesis de la dosis de aprovisionamiento desarrollada in extenso por la Corte Suprema de Justicia.

En este punto, la Corte Constitucional, en su sentencia del 2019, había dicho que los mandatarios locales debían tomar decisiones de cómo abordar en sus territorios la política de drogas. En este sentido, el ex gobernador Luis Pérez emitió para Antioquia el Decreto 3894 de 2019, en donde estableció horarios para los consumos de marihuana y otras sustancias psicoactivas; además de ello el Congreso de la República emitió en el mismo año la Ley 2000 que prohibió el porte y consumo de sustancias psicoactivas dentro de las áreas circundantes a instituciones o centros educativos, las cuales deben ser señaladas por los alcaldes. Como vemos, estamos en el mismo punto: son los mandatarios locales quienes deben decidir el rumbo del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en sus territorios, y aquí vale preguntarse qué harán los gobiernos, supuestamente progresistas, de Medellín y Bogotá.

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