Decreto 1174: el último clavo del ataúd de los derechos laborales

Por Edisson Barrera, Reinaldo Medina y Pablo Castaño

Imagen: Getty Images

Nuevamente el Estado, a través del ejecutivo, y como máximo representante de las élites políticas y económicas de Colombia, vuelve a configurar dispositivos jurídicos con el fin de seguir en la vía de la desposesión de los derechos laborales que son conquistas históricas del movimiento obrero y sindical.

El 27 de agosto se expidió el decreto 1174 de 2020, el cual, además de conllevar una serie de disposiciones jurídicas que reforman en parte el sistema pensional, abre la caja de pandora del robo de derechos laborales para dar respuesta a la insistente demanda de los empresarios de Colombia: permitir por ley el trabajo por horas, esto es, la posibilidad de que ese pago sea por debajo del ya paupérrimo salario mínimo.

Resulta necesario precisar que el decreto 1174 tiene un efecto inmediato frente a la imposibilidad de organizarse en un sindicato, ya que el trabajador al estar contratado por horas no tiene un contrato laboral sino comercial, el cual está sometido a las reglas del mercado de las pulgas laboral que no permite organización gremial alguna; de esta manera se cercena la negociación colectiva y se debilita aún más el movimiento sindical.

No se puede desconectar esta contrarreforma laboral y las que vendrán del momento económico actual en tanto el capitalismo sufre una de sus mayores crisis, pues la tasa de crecimiento global es negativa. La única forma de recuperar la caída tendencial de la tasa de ganancia es aumentando la explotación con salarios bajos o aumentando la jornada laboral sin una nueva remuneración, como está sucediendo con el teletrabajo. Para ello utilizan, además de los recursos de la violencia, mecanismos jurídicos que flexibilizan los derechos de los trabajadores.

Las pensiones cercenadas

Además del golpe certero dado por el mencionado decreto a los trabajadores activos en materia de contratación e ingresos, se sumaría el arrasamiento del sistema integral de Seguridad Social, al despojar a los trabajadores de conquistas adquiridas en más de un siglo de luchas incesantes, tales como el Sistema General de Pensiones. Desde comienzos del siglo XX, se recogieron las primeras normas de protección pensional, especialmente del sector público, hasta que, en 1966, con el decreto 3041, se aprobó el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte. La ley 90 de 1946 ya había establecido el seguro social obligatorio y había creado el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS).

En 1993 se aprobó la ley 100, promovida por Uribe Vélez, que permitió la participación del capital inversionista mediante los fondos privados de pensiones, convirtiendo el derecho de una vejez digna en una mercancía financiera. Luego vino la ley 797 de 2003, que incrementó las cotizaciones y la edad de jubilación, disminuyó la fórmula del cálculo pensional y bajó el tope de la mesada pensional al 80% del salario base de liquidación. Más tarde el acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la mesada 14 e impuso más condiciones para obtener la pensión en el régimen de transición y su limitación hasta 2014.

Esta serie de normas retardatarias se quedan cortas comparadas con el adefesio del decreto recién impuesto, pues éste elimina en la práctica el Sistema Pensional. Al permitir que los patronos contraten por horas y paguen menos del salario mínimo, los exime de una cotización real y solamente tendrán que aportar al sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) un 15% del ingreso del trabajador –lo cual no es legal bajo la legislación vigente-. Con los BEPS, los trabajadores no tendrán, al final de su vida laboral, una pensión sino la devolución de un ahorro, que en valores actuales no superaría los 250 mil pesos mensuales, muy por debajo del salario mínimo. Vale anotar que su salud quedaría en manos del precario SISBEN (sistema subsidiado por el Estado). Como dice el gobierno en su portal sisben.gov.co, “el Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”. Y es cierto: así quedará la gran mayoría de trabajadores de este país.

De tajo se viola la Constitución y la ley, según las cuales no pueden haber pensiones por debajo del salario mínimo; a su vez, desaparecerían otras modalidades actuales de pensiones, tales como las de invalidez, supervivencia y alto riesgo, así como las anticipadas por invalidez o hijos discapacitados.

Parafiscales o salario social

Además de la degradación pensional, se permite al patrón que no cotice aportes parafiscales dirigidos a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF, que de alguna manera constituyen el denominado salario social de los trabajadores. Las Cajas de Compensación nacieron por la lucha obrera, luego de conquistarse en la Convención Colectiva de Ferrocarriles de Antioquia en 1949 y por la lucha establecida en 1957 en todo el territorio nacional. Las Cajas, pese a múltiples reformas, prestan todavía hoy servicios recreativos, de salud, educación, vivienda, subsidio familiar y subsidio al desempleo por espacio de seis meses, entre otros.

El SENA, que ya tuvo un recorte sustancial en su presupuesto, dejaría por fuera a más de cien mil estudiantes y se vería al borde del colapso con este nuevo recorte, limitando aún más la capacitación de amplias masas del pueblo en la llamada “Universidad de los pobres”. Igual suerte correría el ICBF, cuyo servicio de Bienestar tendería a desaparecer, con los graves efectos para la población trabajadora.

El pierde pierde del trabajador

El Estado le deja las manos libres al empresario para proceder a hacer las debidas modificaciones en las plantas de personal y, de esta manera, aumentar la rentabilidad de las empresas a costa del salario. El decreto hace un planteamiento demagógico de proteger al trabajador por un año, es decir, supuestamente el patrón no puede cambiarle el contrato en ese período de tiempo, pero la jugada que le queda a este es la terminación del contrato de la planta existente de obreros, no el cambio del contrato; por las conocidas razones del gran ejército de reserva (desempleados e informales) que se tiene en este país, la nueva contratación se haría con la nueva base salarial inferior al salario mínimo, sin vulnerar el decreto.

Queda el camino de la demanda por inconstitucionalidad, pues el decreto derrumba lo fundamental de una relación laboral y pensional. Pero también queda el camino de la protesta y la resistencia, siendo la huelga general y el paro herramientas de lucha válidas en cualquier país en donde el capital sea el rector de la economía y la política.

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