Preso/a es quien no lucha, somos pueblos tras la reja

Por Equipo Jurídico Pueblos 

Fotos: Equipo Jurídico Pueblos

Durante siete días consecutivos, frente a la sede del Inpec nacional, ubicada en la calle 26 de Bogotá, de desarrolló la jornada por la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad. A pesar del sol y la lluvia, del hostigamiento policial y el cansancio, mujeres familiares de presxs políticxs y sociales denunciaron públicamente las precarias condiciones que se vive en las cárceles y el maltrato que reciben por parte del Estado, que se mantiene indolente, sin garantizar los estándares mínimos en materia de derechos humanos.  

No es extraño para nadie que en los establecimientos carcelarios de Colombia se tortura y humilla a los presos y a sus familiares. Pero, además, la institucionalidad ha generado y difundido en amplios sectores de la sociedad la idea del merecimiento del castigo al infractor/a de la ley y de la cárcel como único escenario para purgar la pena.  

Lo que poco se discute y difunde es que la ley penal en Colombia criminaliza y sanciona severamente la pobreza, el pensamiento crítico y toda oposición al modelo de sociedad imperante, mientras promueve la impunidad de los crímenes cometidos desde las estructuras de poder hegemónico. Las cárceles se han convertido en centros de disciplinamiento social en los principios y valores del capitalismo y constituyen la única alternativa del Estado para resolver todos aquellos conflictos que sobrevienen al desconocimiento de su obligación de generar condiciones de vida digna para toda la población. Esta es la razón por la que los centros de reclusión se encuentran sobrepoblados y son sinónimo de vulneración de derechos humanos. Las condiciones inhumanas que se viven en las prisiones son producto de problemáticas de carácter estructural, pero también de la concepción de justicia imperante.  

Las razones para protestar son muchas. El hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, según el INPEC, es del 28,9 %, es decir que 104.315 personas privadas de la libertad son almacenadas en estructuras con capacidad para 80.941. En estas cifras no se cuentan las personas que están en los centros transitorios de reclusión, los cuales también se encuentran atestados. A esto se suma la falta de infraestructura adecuada, el suministro de alimentos en malas condiciones, con baja carga nutricional, en raciones recortadas y por fuera de los horarios establecidos, así como la pésima prestación del servicio de salud. Adicionalmente, los centros de reclusión se han convertido en espacios de segregación, donde las y los reclusos son separados abruptamente de sus redes de apoyo familiar y del resto de la sociedad.  

Por otro lado, el tratamiento penitenciario no solo responde a una política de maltrato y humillación constante y de restricción excesiva de derechos al interior de las cárceles; también carece de espacios de trabajo, estudio, recreación y enseñanza con verdadera vocación integradora o con capacidad de contribuir a los proyectos de vida diseñados desde las y los internos. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes difícilmente son sancionados, lo cual contrasta con sanciones disciplinarias o castigos velados (como los traslados o la obstaculización de ingreso a las visitas) recurrentes contra las personas que denuncian las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la prisión.  

No gratuitamente la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, lo que demuestra que en Colombia se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de los/as preso/as. Esta situación refleja, no tanto la incompetencia e ineptitud de los distintos gobiernos de turno para hacer frente al problema carcelario, como la existencia de una política estatal. Esto quiere decir que el Estado, de manera premeditada, maltrata a la población reclusa y a sus familiares.  

Lo más grave de todo esto es que las reclamaciones justas de quienes están en prisión son tramitadas por la vía del castigo y la represión. El 23 de marzo de 2020 se perpetró una masacre en la cárcel Modelo de Bogotá, 24 personas fueron asesinadas y otras 85 fueron heridas, en estado de indefensión total, por participar en una jornada de protesta nacional con la que pedían medidas de prevención eficaces de la Covid-19. Margarita Cabello Blanco, actual procuradora general, que fungía entonces como ministra de justicia, justificó el crimen bajo la falsa excusa de que el Inpec y la fuerza pública intervinieron para frustrar un plan de fuga. Lo que, de ser así, tampoco legitima estas ejecuciones extrajudiciales.  

En tiempos de pandemia, estas carencias se han profundizado, haciendo la población carcelaria aún más vulnerable. Las visitas familiares fueron suspendidas mientras perviven los problemas de comunicación con el exterior. Lo mismo pasó con las entrevistas con abogados/as, obstruyendo el derecho a defenderse, aunque los juicios continúan su curso normal. La alimentación sigue siendo precaria, lo cual afecta el sistema de defensas de las personas privadas de la libertad.

El sistema de salud no fue reforzado, lo que significa que los tratamientos pendientes (en su mayoría ordenados por vía de acciones de tutela) se frenaron y la población contagiada no recibe la atención adecuada. Los sitios de aislamiento son precarios e indignos. Las oficinas jurídicas mantienen un accionar dilatorio de los trámites de beneficios de excarcelación, lo que se traduce en que el hacinamiento continúa siendo un factor que impide el distanciamiento social recomendado para prevenir el contagio. Todos los programas de trabajo, estudio y enseñanza se frenaron.  

Fuera de eso, el Decreto emitido en el marco de la emergencia sanitaria y con el que se buscaba excarcelación extraordinaria de personas para reducir el hacinamiento, reprodujo e incluso recrudeció el sistema de exclusiones de la ley ordinaria, lo que conllevó a que no más de 950 personas fueran beneficiadas con la detención o prisión domiciliaria transitorias. Todos estos factores combinados se traducen en la imposición de una pena de muerte y/o degradante contra la población reclusa.  

El gobierno nuevamente optó por despojar de la condición humana a las personas privadas de la libertad, poniendo en alto riesgo al resto de la población. Una indiferencia característica del capitalismo, que permanentemente y por distintos medios sacrifica las vidas de la gente pobre  

Las jornadas por la libertad y la vida de las personas privadas de la libertad se realizaron también en Cúcuta, Cali, Ibagué y Valledupar. Dentro de varias cárceles, los detenidos hicieron huelgas de hambre y cacerolazos. En medio del confinamiento nacional, la movilización fue el recurso necesario para hacerse sentir. Las prisiones y las calles se llenaron de dignidad, entre actos culturales, artísticos, murales, música protesta, rap y punk. Integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, ex-detenidos/as políticos y sociales, población trans, anarquistas, camilistas, jóvenes de barrios populares, el movimiento estudiantil, docentes universitarios, vecinos del sector, concurrieron al sitio de la protesta, haciendo de la solidaridad una acción emancipadora, que inundó de esperanza las celdas y los hogares de quienes están en prisión.  

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