¿Descuido, ignorancia o irresponsabilidad?

A propósito de la negligencia de la Administración en Bello

Por Betty Ciro

En octubre del 2018 comenzó a operar de manera parcial la PTAR Aguas Claras, desde entonces hay quejas por los constantes malos olores. Foto: Esneyder Gutiérrez

Una nueva preocupación aqueja a los habitantes de Bello. Esta vez se trata de la Sentencia de segunda instancia emitida el 3 de septiembre de 2020, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, que falló a favor de Empresas Públicas de Medellín y en contra del municipio de Bello una demanda interpuesta en 2011 en contra de la Resolución 2915 de diciembre 28 de 2009.

¿Cuál es el contenido de la Resolución?

Dicha Resolución fue emitida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Bello para determinar la participación y liquidar la plusvalía generada por los predios de propiedad de EPM en los cuales se construiría la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR. Pues bien, Empresas Públicas de Medellín, aunque pagó al municipio de Bello la plusvalía liquidada en un monto de $89.527 millones de pesos, no quedó conforme con ese cobro por lo que interpuso el Recurso de Reconsideración, medio idóneo para el caso.

El municipio de Bello tenía un año para resolver el Recurso de Reconsideración y, por supuesto, notificar la decisión de forma personal a EPM, pero no sucedió así. Si bien el municipio, mediante Auto del 18 de agosto de 2010, declaró improcedente el Recurso, nunca lo notificó a EPM. Por este olvido, descuido, irresponsabilidad, o mala asesoría jurídica, se configuró el Silencio Administrativo Positivo que consiste en que si no hay respuesta se entiende que es positiva y el paso siguiente es darle cumplimiento. En este caso, devolver el dinero pagado por EPM.

Pero no siempre que la Administración omite la respuesta a un Recurso se configura el Silencio Positivo. Por regla general, la omisión de respuesta produce el Silencio Negativo, es decir, se niega la petición; sin embargo, la Ley establece unos casos en los cuales ese Silencio es Positivo, como si la autoridad lo hubiera resuelto en forma favorable como en el caso que nos ocupa; así lo regula el Estatuto Tributario Nacional en su Artículo 732 y 734, adoptado por el Acuerdo 13 de 2007 del Concejo Municipal de Bello Artículos 153 y 155.

¿Cuáles son las implicaciones de este Fallo?

La más grave y que perjudica directamente a los bellanitas es que el municipio tendrá que devolver los casi $90 mil millones que pagó EPM por plusvalía “generada en los predios que se ubican en el Polígono No. 2 de la Fracción del Área Urbana del Municipio de Bello, ubicada en la Llanura Aluvial del Río Aburrá …” Desde ya se preparan dirigentes políticos de la oposición, líderes, activistas sociales y organizaciones de la comunidad para exigir que dicho dinero no lo tengan que pagar los ya menguados bolsillos del pueblo bellanita, sino que se ejerza la Acción de Repetición contenida en el Artículo 90 de la Constitución Política y en el Artículo 2 de la Ley 678 de 2001, que dice así: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”.

Sostienen los autores de esta exigencia que el alcalde que ordenó el cobro de la plusvalía y que permitió con su conducta omisiva esta condena para el municipio, debe pagar con su propio peculio la condena de esta demanda porque, agregan, “ese dinero se esfumó como por arte de magia, no se sabe en qué se lo gastó el alcalde Óscar Andrés Pérez”, el mismo que ejerce como mandatario en el actual momento.

También se deberá exigir repetición en contra de quien ejercía la alcaldía durante el período de 2011 a 2015 (Carlos Alirio Muñoz), tiempo durante el cual transcurrió la demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que hubo fallas en la asesoría jurídica, según lo narra la Sentencia de Segunda Instancia, porque el municipio no contestó la demanda y al ejercer el Recurso de Apelación no controvirtió los argumentos de la Sentencia.

¿Qué pasa con la PTAR?

Mientras que EPM espera el cumplimiento del fallo, los habitantes de los sectores aledaños a la PTAR continúan siendo afectados por los olores nauseabundos que emanan de dicha planta. Según Saúl Gualdrom, miembro del Comité y de la veeduría de Afectados de la PTAR, “la cuarentena que les tocó vivir en sus propias casas fue el peor castigo. Los malos olores son permanentes, excepto cuando anuncian visita de un ente ambiental o de cualquier autoridad administrativa, entonces como por arte de magia desaparecen casi por completo estos”. La explicación es que “apagan”, por así decirlo, o le bajan la intensidad a la operación de la planta, mas no porque estén aplicando soluciones de fondo.

Saúl cuestiona la actitud de EPM y de la autoridad ambiental que permanentemente alaban la PTAR como un ejercicio de altruismo, sin tener en cuenta el menoscabo de la salud del 25% de la población de Bello y el perjuicio económico que se materializa en la desvalorización de sus propiedades.

La pelea que han adelantado los pobladores organizados en el Comité de afectados ha logrado entre otros frutos que EPM aplique 36 correctivos en busca de reducir los malos olores, pero llama la atención que varias de esas acciones parecieran responder a errores u omisiones en la construcción.

La afirmación que ha sido reiterada por organizaciones populares del municipio es que EPM no busca ningún objetivo altruista, sino mejorar sus ganancias en tanto, por un lado, cobran más en la factura de servicios públicos y, por otro lado, mejoran la producción de energía en las hidroeléctricas de Porce I y II al evitar inconvenientes con el buchón de agua.

El 19 de octubre es una fecha importante en tanto vence el plazo otorgado por el Juez de tutela para que EPM acabe con los malos olores emitidos por la PTAR.

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