“El huevo de Llorente”: la nueva reforma tributaria de Duque

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

Foto: CARLOS ORTEGA / EFE

El chantaje del déficit fiscal

En las últimas décadas, al menos desde la retórica de los gobiernos, el déficit fiscal ha sido una de las preocupaciones persistentes, y para resolverlo han intentado aumentar los ingresos fiscales, entre otras cosas, a través de la modificación de los impuestos.

En efecto, el déficit fiscal es una realidad macroeconómica del país, lo que es discutible son las causas que lo provocan. La economía colombiana, desde la década de los 90, ha venido acumulando grandes déficits fiscales, y entre las principales razones que lo explican están, primero, el aumento persistente de la deuda externa, tanto pública como privada, que para el 2000 se ubicaba en un 10% del PIB (cerca de 40 mil millones de $USD) y que para el 2021 representa más del 63% del PIB (unos 140 mil millones de $USD) según MinHacienda/Dian. Por otro lado, está la alta dependencia de los ingresos del Estado de los precios del petróleo, lo que hace que los mismos sean bastante inestables, sumado a la corrupción, a variados e inequitativos beneficios tributarios para sectores privilegiados, y a una alta evasión y elusión de impuestos.

En lo que concierne a la corrupción, el déficit fiscal viene siendo alimentando por los grandes desfalcos al erario público por cuenta de los políticos y funcionarios públicos; entre los más sonados están Reficar, las vías 4G, la caída de puentes como el de Chirajara, entre otros. Algunos estudios señalan que esta práctica le ha costado a Colombia en los últimos 20 años unos 189 billones de pesos, pero los efectos no son solo económicos sino también sociales y políticos. Los sectores más afectados por la corrupción, entre el 2016 y el 2018, son, según Transparencia por Colombia, los de educación, infraestructura y transporte, seguidos de la función pública y los servicios públicos. De esta manera, se pierde cerca de un 4% del PIB en corrupción.

Por último, los niveles de evasión (no pago) y elusión de impuestos (interpretación jurídica de las normas para no pagar) es muy elevado en Colombia. Para el 2019, la evasión del IVA era de 20,7 billones de pesos y la evasión por parte de las personas jurídicas llegaba a un valor de 21,6 billones, según MinHacienda/Dian. A lo anterior se suma la corrupta contratación oficial, la cual es todo un cáncer para el presupuesto.

Pero el gobierno de Duque sostiene hoy que el déficit fiscal se ha profundizado por los recursos que ha tenido que invertir para atender la pandemia, a sabiendas de que pocas familias pobres han sido beneficiadas con estos recursos y que muchos de ellos se han perdido en la telaraña de la corrupción. No ha señalado que, a pesar del déficit fiscal, y en plena pandemia, su gobierno se gastó $7900 millones de pesos en tanquetas para el ESMAD, que ha comprado 23 camionetas blindadas con un costo aproximado de $9600 millones de pesos para la Policía Nacional, que ha entregado $2,2 billones de pesos en subsidios a los sectores económicos más poderosos del país, que se gastará más de $6 mil millones en su programa de televisión hasta el 2022, que ha hecho contratos por más de $3 mil millones para mejorar su imagen, y mucho menos que piensa comprar entre 20 a 25 aviones de guerra, cada uno con un valor de US$180 millones a US$200 millones, es decir, que la compra total estaría alrededor de los US$4000 millones (Revista Semana del 13 de marzo de 2021), equivalentes a cerca de $14 billones de pesos, todo financiado con nuestros impuestos.

La “nueva” reforma: elitista, asimétrica y ni tan nueva

Adicional al objetivo de querer obtener más recursos, lo que hay de fondo en las reformas tributarias neoliberales, desde la década de los 90, es una tendencia a redistribuir la carga tributaria de los más pudientes hacia los estratos sociales de más bajos ingresos, reduciendo los impuestos de renta de las personas jurídicas (empresas y las sociedades), lo que ha estado acompañado, adicionalmente, de la continua amenaza de la eliminación de los parafiscales (los que financian al ICBF, las cajas de compensación familiar y el SENA), aumentar el IVA, la base gravable (que más personas de bajos ingresos paguen impuesto) y la tarifa de impuesto de renta que se cobra a las personas naturales. Evidencia de esto es que el gobierno desea recaudar, por concepto de IVA $10,5 billones y por impuesto a personas naturales $16,8 billones, mientras las personas jurídicas (empresas y sociedades) solo aportarán $3 billones, sumado a $5,1 billones que ya tiene el SGP (Sistema General de Participaciones). Así espera obtener un recaudo total de $25,4 billones, según MinHacienda/Dian.

Entre las perlas de la tercera reforma tributaria de Duque, están:

  • Aumento de impuestos directos (como el impuesto a la renta que grava los salarios) e impuestos indirectos (IVA, Gasolina, servicios funerarios, etc.), los cuáles afectan sobre todo a los de más bajos ingresos.
  • Aumento del IVA: siempre se ha querido subir, pero además aplicarlo a más bienes de consumo; hoy cerca del 90% de los productos y servicios que consumen las familias pagan ese impuesto.
  • Impuesto a la gasolina y ACPM: elevaría inmediatamente el costo del transporte de alimentos, que sumado al aumento del IVA, elevaría de manera considerable el costo de vida de los colombianos.
  • Impuestos para pensiones y aumento de la base gravable (que más personas de bajos ingresos paguen): ampliar la base gravable para el impuesto sobre los ingresos, reduciendo el tope del salario gravable, que estaba en $4 millones mensuales, a $2.5 millones. Según el propio ministro de hacienda, un trabajador que devengue $3 millones tendrá que pagar mínimo $400 mil de impuestos al año.
  • Facultades especiales para que el presidente pueda suprimir y fusionar entidades públicas y congelar los salarios del sector público hasta por 5 años.

Para cuando se publica este artículo el movimiento social ha logrado dos supuestos triunfos: primero, el gobierno ha manifestado que retira la reforma, pero esto configura no más que una estrategia política por parte del mismo para calmar los ánimos. Lo cierto es que el gobierno construirá un nuevo proyecto de reforma menos ambicioso este año, y tal vez uno nuevo el próximo, que a cuenta gotas logre lo que no se pudo lograr en este. El otro es que el ministro Carrasquilla renunció, pero realmente lo hizo porque fue nombrado presidente de las asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los bastiones de la tecnocracia neoliberal colombiana.

El pueblo colombiano debe tener claro que la lucha social continúa, y que esta debe tener como meta la renuncia de Duque y su equipo de gobierno, pero sobre todo la lucha debe ser por el desmonte del modelo neoliberal mafioso que nos gobierna en Colombia hace más de 20 años.

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