“Acá, llevando la vida a los empujones”

Víctimas del desarrollo en Medellín

Por Álvaro Lopera

La casa derruida de Cristina, Fotos: Cristina


Cristina, Diana y Julio son tres personas a los que la vida les cambió completamente por una obra humana, por una decisión técnico-administrativa de la burocracia institucional: se necesitaba una obra, y la decisión fue la destrucción del hábitat, del modo de vida de cientos de familias que le estorbaban al diseño. El Metro de Medellín, producto de su crecimiento operacional, requería ampliar la estación Acevedo –ubicada en el norte de la ciudad-, para darle cabida al metro cable El Picacho, el cual alimentaría a dicha estación, la misma en que tiene asiento el metro cable de Santo Domingo y el Parque Arví.


Los hechos


A Cristina, heredera de dos pequeñas casas que tenía su madre en el sector de La Paralela y de las cuales vivía, le notificaron en 2018 que debía aceptar un dinero que le estaban ofreciendo, que por cierto era muy poco, o de lo contrario sus casas serían expropiadas. Hecha la ley, la obra va a las buenas o a las malas. Y para ello la institucionalidad aplica la práctica del “policía bueno y el policía malo”. El policía bueno intenta que aquel imputado por un delito, sea inocente o culpable, confiese a las buenas, con consejos, en medio de risas y de agua y gaseosas.
En este caso, el Metro, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) o la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) envían un enjambre de profesionales jóvenes, casi todos de universidades públicas: psicólogos, sociólogos, ingenieros y trabajadores sociales, a poner en escena la obra que “generará desarrollo y empleo en la ciudad y de la cual estaremos todos orgullosos”. Empiezan haciendo la labor de marketing y, entre risas, consejos y gaseosas se empieza a colar en el seno de las comunidades el mensaje, ese sí más violento: es así o es así, pero aún conservan la risa y el buen trato.
Estos ladinos profesionales que trabajan con la conciencia de un inconsciente, y que saben –como buenos inmorales- que «si ellos no hacen el trabajo lo hacen otros», después de hacer la tarea propagandística de vender una imagen corporativa y menguar la rebeldía de muchos pobladores, terminan señalando a toda(o)s aquella(o)s que dignamente se oponen a la vulneración de sus derechos.
Y sin aún llamar al policía malo, convocan a la comunidad y le explican lo peligroso que son esos elementos revoltosos que solo sirven para dividir al barrio, a sabiendas que lo expresado por el proyecto de la Alcaldía y del Metro es maravilloso. Y logran dividendos: muchos son cooptados y los “revoltosos” son aislados, y muchas veces estigmatizados y amenazados.
Cristina, Diana y Julio, el mismo que de acuerdo a sus palabras lleva “la vida a los empujones”, fueron tres “renegados” que optaron por la oposición civil al proyecto. Y los tres terminaron sin ningún tipo de acuerdo, con sus casas en el suelo, sus en un carro de basura y sus familiares, como en el caso de Julio, sacados a los empellones para una casa que tiene la Alcaldía en el Centro de Medellín.


El golpe, gota a gota


Cristina envió a su compañero, un día de abril de 2018, a recoger la cuenta de servicios y este encontró a unos trabajadores, maza y barra en mano, derrumbando muros y tirando el techo al suelo. Los pocos enseres, incluidos los de un inquilino, estaban apilados con los escombros. Ahora Cristina sobrevive vendiendo productos por catálogo y con una pequeña colaboración de su anterior compañero.
Julio, un día cualquiera, después de resistir la obstinación del funcionario “bueno” que lo llamaba a firmar y a recibir el “dinerito” que le estaban ofreciendo, se despertó en medio de la algarabía del policía malo, pues decenas de policías y personal de la Personería y Procuraduría “copaban el espacio de puente a puente en La Paralela, como si fuera un hombre más peligroso que Pablo Escobar”, según sus palabras. Al salir abruptamente y dejar a su anciana madre adentro –como si al cerrar con doble seguro la puerta de la calle, las fuerzas del mal no le pudieran hacer nada-, vio cómo la Policía en un alarde de inhumanidad derribaba su puerta con una barra y sacaba a los empellones a su vieja inválida de casi cien años de edad y la subía violentamente a un vehículo oficial.
Sus documentos más importantes se perdieron en medio de ráfagas de vientos que, como huracanes, aumentaban la desgracia en esa volqueta que trasteaba sus pobres corotos a la tierra de nunca jamás. Su madre moriría dos meses más tarde de tristeza, seguramente, la misma que competía con un tumor que la tenía muy disminuida.
Julio, hijo único, es un palero que ha vivido al pie de su trabajo, el río Medellín, el cual ha sido su sustento. Día a día, se despedía de su madre, a quien acompañaba una señora que la cuidaba, lo cual para él era una bendición. Su vida siempre ha sido muy humilde, pero ahora es miserable. Él, desde el primer momento, solicitó cambiar su casa por otra vivienda. Ahora, sin ningún acuerdo o dinero entregado por alguna de esas instituciones oficiales, sobrevive en medio del hambre, el desempleo y la falta de vivienda, aunque resiste e intenta con los pobres ingresos que la pandemia le permite tener, vivir en una piecita, en la misma Paralela, cerca de su río padre.
Diana, gran lideresa, ha sufrido lo indecible por hacer conciencia, por caminar la palabra de la resistencia haciendo los llamados pertinentes para fundamentar la oposición al proyecto tal como estaba planteado por la institucionalidad. Tachada de peligrosa para el barrio y para sus pobladores, fue lentamente llevada al ostracismo y señalada como una agente del mal vivir y de la negación de las cosas buenas para los pobladores. Tenía su casa en La Paralela y allí vivió con sus padres los mejores años, una gran parte de su vida. Vivía en un tercer piso y en el primero, que era propiedad de un hermano, se aposentaba su negocio de confección.
Agitó las aguas de la resistencia y llamó a impedir que el desahucio procediera por la vía administrativa sin consultar las necesidades básicas de vivienda de la población y sin negociar justamente con nadie. Fue arrinconada y obligada a aceptar un dinero so pena de perderlo todo; y ahora, su hija debe $50 millones que tuvo que prestar para vivir en un tercer piso con su familia, lejos de su barrio e imposibilitada de volver a producir. Amenazada, tuvo que viajar a otra ciudad a protegerse y a conseguir el escaso dinero que en Medellín ya no pudo adquirir. Mientras tanto, las enfermedades atacan a su hijo y a ella, pero el trabajo actual no le alcanza para tratarlas.
De 608 viviendas afectadas, después de tres años, perviven cerca de 345 en conflictos, a cuyos propietarios no se les ha ofrecido solución alguna. Sin embargo, el 14 de abril de este año, Marinela Quintero, trabajadora social y funcionaria del Metro, en una reunión virtual titulada de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, desarrollada en facebook, hablaba de la exitosa política social que se implementó en La Paralela.

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