Corrupción y política en el Tránsito de Bello

Por Betty Ciro

Foto: Tomada de pulzo.com


Entre el 1 y el 3 de octubre de 2018, titulares como estos se destacaron en periódicos, noticieros de radio y televisión y en portales de internet:
“Negocio con los comparendos en Bello se manejaba desde las oficinas de movilidad”. “Fiscalía captura 19 funcionarios de tránsito por presunta corrupción en Bello Antioquia”. “Capturados 19 funcionarios del tránsito de Bello acusados de corrupción”. “Por corrupción, capturados 19 funcionarios de tránsito de Bello y uno de Medellín”. “Capturan agentes de tránsito por recibir sobornos en Bello (Antioquia)”. “Capturan a 20 agentes de tránsito de Bello (Antioquia) por presunta corrupción”.

Efectivamente, en ese momento se registró un gran despliegue de esa noticia entregada por Raúl González Flechas, director de fiscalías de Medellín, quien se refirió al listado de posibles delitos que les serían imputados a los 19 funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bello, capturados: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato, concusión, corrupción al sufragante y violación de secreto de las decisiones que se estaban tramitado al interior de la Secretaría.

En las investigaciones desarrolladas durante un año por el ente acusador, encontraron que las tarifas oscilaban entre 30 mil y 400 mil pesos; así, si usted no tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-, o no había realizado la revisión técnico mecánica o su pase estaba vencido, le cobraban 30 mil pesos, pero si se trataba de no pagar o de “borrar” varios comparendos, la tarifa era mucho más alta, 400 mil pesos; por omitir la realización de una prueba de embriaguez, el cobro era de 200 mil pesos.

Pero, ¿cómo encaja el delito de corrupción al sufragante en esta lista de infracciones relativas al Código Nacional de Tránsito? Una de las funcionarias que hacía parte del engranaje de corrupción detectado en la Secretaría de Movilidad de Bello, aprovechaba los “infractores” que se convertían en contactos a quienes ofrecía dinero para que votaran por Olga Suárez Mira, quien aspiraba al Senado, y por Mauricio Parodi, aspirante a la Cámara. Vale recordar que la señora Suárez Mira no resultó electa en esa oportunidad para el Senado, el señor Parodi, en principio tampoco alcanzó, no obstante, asumió como representante a la Cámara porque a su copartidario José Ignacio Mesa Betancur le fue anulada su curul por el Consejo de Estado.

Esto no es cosa del pasado


Luz llegó bien temprano en la mañana hasta las oficinas del Tránsito de Bello. Su objetivo: notificarse de la fotomulta que le habían impuesto. Lo primero que le interesaba era conocer el motivo de la infracción, pues aunque sospechaba que se trataba del vencimiento de la revisión técnico mecánica –que olvidó renovar por motivo de la pandemia- (el carro ha permanecido guardado en el parqueadero por más de un año), debía cerciorarse, y aunque no le había sido notificada personalmente, no iba a esperar para que luego le salieran con que la habían notificado por aviso o que la habían emplazado mediante publicación en la cartelera de la Secretaría, así las cosas le tocaría pagar el ciento por ciento de la multa.

Seguidamente a la notificación, realizó un paneo por el lugar para identificar el lugar dónde realizar el curso. Al visualizar el aviso se dirigió allí, expresó su objetivo, de inmediato le solicitaron que cancelara 50 mil pesos y le preguntaron quién le había recomendado el lugar; sin más, le extendieron un certificado de asistencia al curso. Luz no podía salir del asombro, había demasiadas inconsistencias: eran las 9 de la mañana, el certificado decía que ella había asistido al curso de 8 a 10 A. M. Quiso obtener claridad, pero la respuesta fue, “tranquila, vaya pague el resto allá en la oficina del Tránsito, no hay ningún problema”.
Luz buscó dónde tomarse un tinto, primero para esperar que fuesen las 10 porque era incapaz de presentarse con un documento que certificaba algo que no era cierto y, en segundo lugar, para analizar un poco más las ideas apilonadas en su cerebro. Se había notificado a las 8 y 45, tenía en sus manos un documento que certificaba su asistencia a un curso inexistente que le sería tomado como requisito para el pago del 50% de la multa. Sin mucho convencimiento caminó hasta la taquilla, extendió el certificado y efectivamente, el funcionario le recibió el dinero. Para Luz, la conclusión es: las multas son un negocio, no hay detrás ninguna sanción pedagógica.

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