Soberanía, terrorismo de Estado y silenciamiento de medios

Por Álvaro Lopera

Colombia es una bacanal de contratos y licencias fáciles. Y no es solo la contratación estatal, corruptísima por cierto ($50 billones son robados anualmente), sino también esa contratación y licenciamiento exprés que se le da al gran capital que quiera acometer proyectos de todo orden sin puja alguna del Estado en lo concerniente a la defensa de los ecosistemas, de los derechos sociales de las comunidades y etnias –afectadas por la minería, hidroeléctricas, por la destrucción de nacimientos de ríos en páramos, etc.–, y de la soberanía nacional.

Colombia tiene en su haber 9.602 licencias mineras aún en páramos y en zonas tradicionalmente de vocación agrícola; permisos de prospección para el fracking, autorizaciones para explotar tierras con monocultivos (soya, sorgo, aguacate hass) en el sur del país y en la zona andina, especialmente con capitales de origen extranjero; permisos para talar bosques enteros; vistos buenos para que el capital financiero nacional e internacional se apropie de tierras baldías. La ANLA, fundada en 2011, es la agencia para otorgar más que para negar licencias ambientales: todo o casi todo es aprobación a ojos cerrados, pues en esta agencia no asoma un resquicio de soberanía ni de dignidad.

En Colombia existen múltiples explotaciones mineras para las cuales el Estado no tiene un control claro de ellas, tanto en lo concerniente al respeto al medio ambiente y a las comunidades como a la producción a boca de mina. Queda en manos de los capitales y de sus administradores informar sobre el respeto a los territorios –las Corporaciones Autónomas Regionales, en su gran mayoría, están cooptadas– y lo que produce cada uno de sus emporios mineros, información que en últimas se utiliza para casi nada porque las regalías que en este país se pagan por los despojos de los bienes comunes son pírricas. Se puede asegurar que Colombia es adalid de cobros bajos en impuestos reales a la minería (oro, carbón, esmeraldas, metales, petróleo, etc.) en el mundo.

La otra cara de la moneda

Nuestro país tiene un récord en Latinoamérica: es el único que tiene en su haber 7 bases militares norteamericanas (algunas fuentes hablan de 9), a lo que se agrega la inmunidad (impunidad) para cada uno de los militares yanquis que se mueven en nuestro país como si fuera una finca de recreo. Se agrega a esto un acuerdo del año 2009 con Estados Unidos que consiste en que en el momento que así lo dicte el alto mando militar gringo, los aeropuertos internacionales del país se ponen a entera disposición de sus fuerzas armadas.

En ciencias políticas se entiende la soberanía como el poder supremo de la voluntad general del pueblo o la nación; se considera sinónimo de independencia o de un poder popular directo o delegado, con competencia total. Este país tiene en su haber un sino trágico: esta soberanía, si bien está ratificada en la Constitución y se habla de ella en los artículos 3-9-103-212-217 y 365, es desconocida en la práctica. Acá roban ríos –patrimonio de comunidades ancestrales– y se los entregan al capital extranjero; se estacionan tropas norteamericanas sin aprobación del Congreso; las tropas gringas violan derechos humanos de poblaciones enteras –como lo evidenció el profesor Renán Vega– y no hay denuncias, ni siquiera en tribunales norteamericanos.

Colombia hace parte de la OTAN como un convidado, por ahora, pero la jugada estratégica tiene que ver con que el país se pone al servicio del brazo armado internacional del capital imperialista, rompiendo la unidad latinoamericana, nombrada por la CELAC como zona de paz. Ahora al gobierno de Duque le dieron la orden de recibir temporalmente 4.000 refugiados afganos “mientras se estudian sus hojas de vida para que entren a Estados Unidos”, y este obedeció. Es muy sospechoso que esto suceda en un país que, de acuerdo a la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR), es el número uno en el ranking de desplazados internos del mundo. Todo indica que, además, es una jugada política del imperialismo para lavar la deteriorada imagen del gobierno narcofascista de Duque, después de la terrible represión contra nuestro pueblo en el marco del paro nacional, a lo que se suman las elecciones generales a la vuelta de la esquina. Con la OTAN participaron muchos mercenarios afganos, además de traductores. ¿Qué llegará a este país tan sumido en la violencia y en la violación de derechos humanos, de un país donde la violencia exacerbada de los extremismos fundamentalistas y de la OTAN anuló los derechos de las mujeres y el derecho del pueblo afgano a vivir en paz?

España: referente y espejo histórico

Terminada la Guerra Civil Española y tomado el poder por el fascismo en España, se vino encima la Segunda Guerra Mundial en donde hubo una alianza militar del poderío soviético con el imperialismo occidental contra el fascismo de Alemania, Japón e Italia. El triunfo de la alianza soviética llenó de expectativas al pueblo español, pues Francisco Franco era un fascista aliado de Hitler. Las guerrillas, conocidas como maquis, confiaban en que esta alianza acabaría con el poder de Franco. Pero no fue así. La dictadura fascista, aún honrada en el Estado español, siguió asesinando, desapareciendo y esclavizando a los derrotados españoles que lucharon por la III República. Y todo permaneció igual hasta 1975, año en que murió el dictador.

Después de la Segunda Guerra se inició una lucha sin cuartel contra la Unión Soviética, y Estados Unidos y sus aliados desplegaron lo que se llamó la Guerra Fría. Franco se posicionó como un gran aliado contra el comunismo y por ello cedió la soberanía española posibilitando bases militares norteamericanas desde 1953 y haciéndose el de la vista gorda con los accidentes que hubo con artefactos nucleares gringos. Los medios occidentales ocultaron sus atrocidades mientras la OTAN hacía de las suyas con la operación terrorista denominada Gladio, con la cual asesinaron y encarcelaron a innumerables luchadores revolucionarios europeos.

Colombia cuenta con una narco-oligarquía, un narco-Estado, un narco-ejército, un paramilitarismo narcotraficante verdugo de poblaciones enteras; una iglesia que calla las atrocidades del régimen –con contadas excepciones– como si la doctrina católica le impusiera la complicidad con el crimen y el latrocinio; una academia que, en su mayoría, opta por la autocensura permanente y desaparece el pensamiento crítico de las aulas; un poder que acomete los peores crímenes de lesa humanidad desde hace décadas y asesina excombatientes acogidos a los Acuerdos de Paz de 2016, a líderes sociales, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en cantidades asombrosas; participa en asesinatos y atentados a presidentes de otras naciones y masacra al pueblo en un paro nacional transmitido en vivo y en directo por las redes sociales. Y el mundo calla, y los medios nacionales e internacionales se transmutan en cómplices.

Se repite la historia del franquismo: entrega de soberanía y cuidado de espalda. Toda una transacción geopolítico-económica en donde quienes pagan con sangre e infelicidad son los pueblos.

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