Ecuador se moviliza frente al nuevo banquero que también es presidente

Por Juan Diego Suárez

Foto: tomada de laizquierdadiario.com

El pasado 26 de octubre de 2021, el movimiento indígena ecuatoriano, los sindicatos y el movimiento popular iniciaron un nuevo ciclo de movilización frente al gobierno de Guillermo Lasso, el banquero que asumió la presidencia en junio de este año. Estas movilizaciones han sido enfrentadas con un decreto de emergencia que ha tenido como consecuencia la creciente militarización del país, panorama que se ha vuelto normal en el contexto latinoamericano y que nos pone de frente a una derecha que ya no siente complejos para recurrir a la militarización como recurso inmediato para enfrentar la oposición política y social.

La ruta de los gobiernos empresariales parece clara en la región: subida de los combustibles, restricción de los derechos laborales y represión frente a la reacción de las poblaciones que no se quieren dejar imponer las consecuencias de la crisis económica que trajo la pandemia del covid-19. En el caso de Ecuador, el detonante ha sido la subida de los precios de la gasolina, elemento vital para la sobrevivencia de los pequeños agricultores y trabajadores que han visto amenazado su mínimo vital por un gobierno que apenas llega.

Según Hatari Sarago, miembro de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (Fenocin), esta serie de protestas que se han venido dando bajo el gobierno de Guillermo Lasso demuestra que “los gobiernos neo-liberales siempre trabajan desde el primer minuto para los organismos multilaterales, siempre tratando de dividir”. Este punto evidencia que, a pesar de los procesos políticos que han permitido la llegada de gobiernos neoliberales como el de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, las organizaciones sociales del Ecuador tienen una capacidad rápida para identificar y empezar un proceso de oposición organizada con base en reivindicaciones que afectan la vida diaria de las personas. Reivindicaciones sobre la canasta básica, la producción rural y la gasolina, entre otros, son algunos de los “asuntos materiales sobre los que debe volver toda movilización, porque son los problemas que afectan a las bases”, dice Sarago.

Este tipo de conflictos en el contexto de Ecuador no son nuevos, inclusive en el último gobierno de Rafael Correa, el debate en torno a las reservas petroleras del Yasuní ubicadas en el piedemonte amazónico, fue la última muestra de un largo conflicto que se abrió entre este y diversas organizaciones como la Confederación de Nacionalidades del Indígenas del Ecuador (CONAIE). Estos conflictos en torno a la extracción o no de los recursos naturales fue una de las zanjas que se abrió entre el gobierno de la Revolución Ciudadana (el partido de Rafael Correa) y los movimientos sociales.

Posteriormente vino el gobierno de Lenin Moreno que, a pesar de haberse elegido con las banderas del partido de la Revolución ciudadana, inmediatamente dio un giro de 180 grados y comenzó a gobernar con los partidos de la derecha, en una de las contorsiones políticas de entreguismo a la derecha más vergonzosa de la historia latinoamericana. Esto dio nacimiento a un gobierno profundamente débil, que basó toda su acción en la persecución de Rafael Correa y la consecuente judicialización del legado político del correísmo. De igual manera, el gobierno de Lenin Moreno tuvo que enfrentar una serie de protestas en octubre de 2019.

Este clima de fragilidad de los gobiernos tiene su contraparte en los movimientos sociales, cuya escisión se hizo evidente en las elecciones presidenciales de 2021. Por un lado, estaba el candidato Andrés Arauz, que representaba el legado de Rafael Correa, y, por el otro, se encontraba Yaku Pérez, candidato de origen indígena y que fue la opción de muchos movimientos, incluyendo a grandes sectores de la CONAIE y al instrumento político de esta organización, el partido político Pachakutik. A pesar de que Arauz logró pasar a segunda vuelta frente al derechista y social-cristiano Lasso, muchos sectores de los movimientos sociales e indígenas decidieron abstenerse o inclusive votar por la derecha como una manera de rechazar cualquier tipo de alianza con el legado político de Rafael Correa, sin importar las consecuencias.

La elección de Guillermo Lasso, un banquero y reconocido representante orgánico de la clase empresarial ecuatoriana, vuelve a poner en el palacio de Carondelet (Sede del gobierno del Ecuador) a un representante de las finanzas, uno de los buenos muchachos que inclusive apareció recientemente en los Pandora Papers. El involucramiento del recién elegido presidente de la república en este escándalo de sociedades internacionales y evasión de impuestos le hizo evidente a muchos sectores populares que este banquero no es más que otro señor que viene a defender sus negocios y negociados en el poder, un hecho básico que muchas veces olvidamos en otras partes del continente.

Aunque no es posible decir que la elección de Lasso es producto directo de la división del movimiento social, sí fue un factor fundamental que la CONAIE y el partido político Pachakutik descartaran cualquier alianza táctica para derrotar a la derecha. La fragmentación y las disidencias del movimiento permitieron la continuidad de la derecha en el gobierno, un proceso que puede servir como espejo a Colombia para saber cuales son las consecuencias de entregar el control del aparato estatal a la derecha. A pesar de que los logros de un gobierno progresista sean muy moderados y los reales alcances de las transformaciones desde el Estado puedan estar constreñidos por la realpolitik, que implica estar al mando del ejecutivo, ejemplos como el de Ecuador demuestran que el simple entreguismo a los gobiernos de las finanzas tendrá las consecuencias esperadas.

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