A 6 meses de paro nacional, la impunidad sigue reinando en Colombia

Son tantos día a día los que simplemente no aparecen

que un día no cabrán en el subsuelo

y brotarán y cubrirán todo este territorio

Y en un macabro recorrido

exhibirán el verdadero rostro de la patria que ofrecen los sicarios”.

Fragmento del poema, desaparecidos, del poeta Jesús María Peña Marín

Por Víctor Andrés Muñoz Marín

Contexto

El paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 es el producto de la violencia, la desigualdad histórica, la coyuntura política y la recesión económica en Colombia, reflejada con altas cifras de vulneración de los derechos humanos, pobreza, pobreza extrema y desempleo en todo el territorio nacional. Crisis que con la llegada del Covid-19 agudizó el empobrecimiento de la clase obrera y popular; el gobierno central no atendió las necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables, como la alimentación y acceso a vivienda, desatando crisis multipolares, mientras la lista de políticas gestadas durante la pandemia salvaguardó a grandes empresarios y banqueros, llevando al aumento de sus riquezas.

Este paro marcó un giro de los sujetos políticos en la historia de Colombia, por sus protagonistas, su duración y expansión geográfica. Acaeció con una serie de movilizaciones, confrontaciones con la fuerza pública, asambleas populares, plantones barriales, tomas artísticas y culturales, que emergieron como ejercicios políticos de rebeldía popular. Tuvo como antecedentes el paro estudiantil del 2018 en oposición a la privatización de la educación pública; el paro del 2019 en rechazo al denominado paquetazo neoliberal de Duque, donde el joven Dylan Cruz fue asesinado por Manuel Cubillos, agente del Esmad, hoy en libertad; y el estallido social el 9 y 10 de septiembre, detonado por el asesinato de Javier Ordoñez, en la ciudad de Bogotá, por agentes de la policía tras golpearlo de manera inhumana. En ese estallido la Policía que disparó a diestra y siniestra cegó la vida de 14 personas.

Fotografías: Facebook. Le Cuento, de la ciudad de Medellín.

Cifras de violación de derechos humanos durante el paro del 2021

El 07 de octubre de 2021, la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia presentó el informe final de la Misión S.O.S Colombia. Allí registró que del 28 de abril al 28 de junio de 2021, 84 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, 75 personas fueron presuntamente desaparecidas, 1790 fueron heridas, 808 mujeres fueron víctimas de violencia policial, y se presentaron 709 denuncias por abuso de poder y agresión, y 3274 detenciones arbitrarias. El informe vislumbra el tratamiento de guerra hacia el movimiento social, dado al despliegue militar, el mal uso del armamento y la forma de operar de los agentes de la Policía y el Esmad -Escuadrón Móvil Antidisturbios- durante el estallido social.

Violación de derechos humanos en el Valle de Aburrá

Leyder Perdomo, defensor de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, manifiesta que, en el Valle de Aburrá, “desde el Proceso Social de Garantías -PSG-, se han reportado 1784 agresiones, tomando como partida el 28 de abril, cuando inició el paro nacional, hasta el 28 de agosto de 2021. Las agresiones se dividen en dos tendencias: el liberticidio, que se da cuando una persona es vulnerada en su libertad, y la indignidad, cuando se atenta contra la dignidad de las personas. El 95% de estas vulneraciones han sido por accionar policial, y lo demás por actores inscritos en el paramilitarismo.”

El liberticidio, cuenta Leyder, “tuvo un largo alcance por lo menos hasta el 15 de junio, bajo el accionar de la Policía Nacional, utilizando el Centro de Traslado por Protección -CTP-, en el paro nacional, incluso desde las manifestaciones del 2018, como un mecanismo para limitar derechos y ejercer privaciones de la libertad sin orden judicial y sin mucho requisito jurídico”.

Los CTP son empleados como una forma de castigo ejercido como medida de sanción por la policía contra el movimiento social cuya protesta es vista como un acto inmoral contra la moral paternalista del sistema y del Estado. Por ende, su fin es recriminar a las personas con amenazas físicas y psicológicas, dejando una lección patriarcal para corregir el comportamiento de la ciudadanía. “Se han dado acciones muy graves, como golpizas y desnudamientos; tal pasó en el 2019. A inicios del paro de este año, la estación de policía de Manila, en El Poblado, fue utilizada como centro de reclusión masiva, negando el ejercicio democrático de la ciudadanía para manifestarse, vulnerando su libertad, y atentando física y psicológicamente contra las y los detenidos durante las protestas, con la finalidad de castigar”, narra Leyder.

Frente al patrón de indignidad, hubo un fuerte desarrollo después del 15 de junio, con prácticas de tortura, algo de vieja data en el país, pero que ha ido cambiando sus formas con el tiempo. “Ahora la tortura a los y las manifestantes no es como en la década de los 70s, hoy se evidencia en el mal uso de las armas, consideradas de ‘baja letalidad’ como gases, aturdidoras, balas de goma, artefactos desconocidos, que son lanzados directamente al cuerpo, a sabiendas que el disparo debe de ser parabólico o contra el suelo, como dicta la norma constitucional. Durante el desarrollo del paro, se han identificado 20 casos de personas con graves heridas en la cabeza, en el rostro, destrucción de la dentadura y mutilaciones oculares, algo que viene sucediendo por lo menos desde hace 15 años; además, se han reportado golpizas de 4 o 5 policías contra una sola persona, incluso el hurto de equipos audiovisuales a grupos de prensa y de defensores de derechos humanos”, cuenta Leyder.

Detenciones, desapariciones y asesinatos en Antioquia durante el paro

En el contexto de la movilización social, en el Valle de Aburrá, se presentaron hasta el 3 de mayo 659 privaciones de la libertad, según indica el informe de la Corporación Jurídica Libertad del 5 de mayo. Sin embargo, “se reportaron hasta el 28 de agosto alrededor de 90 casos de privación de la libertad, la mayoría en el municipio de Bello, algunos en Medellín, Caldas y Envigado, que fueron hasta últimas instancias, y alrededor de 25 casos fueron reportados como legalidad de captura bajo audiencia, de los cuales a 14 aproximadamente les han impuesto cargos; dos jóvenes han sido privados de la libertad con prisión domiciliaria. Personas capturadas por el contexto de la protesta, que es distinto porque se basa en un proceso de investigación; hasta ahora se conocen 9 personas judicializadas, pertenecientes a las primeras líneas”, asegura Leyder.

En términos de asesinato, dice Leyder que “se sabe del caso de 2 personas, aún no se ha logrado determinar si tienen relación con el paro nacional. Hubo un caso en Robledo Miramar, por arma de fuego accionada por un agente de la policía contra una manifestación espontánea, y un caso en San Luis, sobre una persona que ejercía liderazgo de la movilización, incluso un liderazgo social desde antes del paro”.

Hasta el 28 de agosto, el Proceso Social de Garantías en Antioquia inspeccionó 280 casos de desaparición forzada; con el pasar del tiempo fueron apareciendo, no obstante, muchos más. “Hay 30 personas de las que no se sabe de su paradero, pero tampoco si aparecieron, porque sus datos fueron dados de manera incompleta; presumimos la desaparición, pero hasta el momento no se han logrado identificar”, dice Leyder.

Por desaparición forzada, no solo se debe comprender cuando una persona aparece en un río, una fosa común o un terreno baldío; esta también se presenta cuando la Policía retiene a una persona y la oculta, no deja que se comunique, como sucedió en algunas zonas en Cali, donde las personas fueron llevadas a lugares ajenos a la institucionalidad. “En Medellín sucedió algo particular: un camión del Ejército se llevó aproximadamente a 30 personas sin que supiéramos su fin”, menciona Leyder.

Aunque aún es acelerado afirmar si los 11 cuerpos que han aparecido en el río Cauca, entre Risaralda y Caldas, se relacionan con las y los desaparecidos en el paro, la memoria histórica del país evidencia que nuestra realidad va para esa dinámica; solo el tiempo y la memoria de los pueblos esclarecerá los hechos.

Perfil de los manifestantes

La lógica de la doctrina militar del enemigo interno, hoy no solamente es para las y los defensores de derechos humanos, el sector estudiantil y sindical; esta ha mutado, tomando a toda y todo ciudadano que proteste, como rebelde e inmoral ante el Estado, que busca desestabilizar la sociedad colombiana. A eso se refería, al inicio del paro, Álvaro Uribe Vélez al hablar de la revolución molecular disipada.

Ledyer dice que “la política tradicional del país amplió a los grupos de enemistad, expresiones alternas como los rockeros, punkeros, raperos, movimientos feministas, hippies, estudiantes, o el solo hecho de ser joven, que son estigmatizados de ser manipulados y organizados para desestabilizar el orden”. Esto ha llevado a la población conservadora y tradicional, lo que no es algo nuevo, a conformar pequeños grupos y “organizarse con varillas, palos e incluso armas blancas y de fuego, para atentar contra la manifestación, como sucedió el 29 de abril por el sector comercial cercano al Parque de las Luces, y el 28 de junio cerca al centro comercial el Diamante, donde comerciantes agredieron a grupos de prensa y de derechos humanos”.

Incluso ya son habituales las requisas en todo espacio público, sobre todo en las estaciones del metro, contra jóvenes de cabello largo, de barba, con vestimenta oscura, o de mujeres que no se alinean a un prototipo estético conservador. Cargar un casco, gafas y careta es un antecedente de “vándalo y terrorista”, según el discurso de odio de la élite tradicional y burguesa del país, y de los medios de comunicación elitistas que se han encargado de constituir imaginarios que han llevado a la desaparición y asesinato de personas que luchan por la vida, el territorio y los derechos humanos en el país.

Aunque distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han redactado un conglomerado de informes con recomendaciones al Estado, como reformar estructuralmente la doctrina militar, suspender el despliegue militar y abstenerse de utilizar algunas armas contra el pueblo, el gobierno da respuestas autoritarias, nunca habla de las personas desaparecidas y asesinadas; por el contrario, da premios a las Fuerzas Militares y a la Policía. La reciente reforma a la Policía fue cosmética, sin nada estructural y de fondo; aunque cambiaron el uniforme, la forma de operar contra la ciudadanía es la misma.

Lo que pasó en Colombia en los últimos 5 o 6 meses es lo que los manuales revolucionarios esperaban, que el pueblo se levantara. Pero no fue solo la clase obrera, sino grupos sociales excluidos de la educación, de acceder al sistema de salud, vivienda y empleo. Los grupos de primeras líneas, por ejemplo, mayormente están conformados por jóvenes negados socialmente, sin empleo, de barriadas periféricas; jóvenes que viven en la informalidad, estigmatizados por declararse opositores al gobierno.

El estallido ha sido un ejercicio de rebeldía popular, no tiene por qué ser bueno, el pueblo es el pueblo, eso es lo popular. Aunque la fuerza del paro bajó casi toda su intensidad, aun se dan expresiones de rebeldía de forma espontánea, no solo desde la confrontación a la fuerza pública, sino desde el arte, la cultura, la promoción de bibliotecas populares, como la constituida en la vieja estación el Bosque del antiguo ferrocarril, cercana al barrio Moravia y al parque de la resistencia, donde hay registro de una joven de 15 años violada por un agente del Esmad. Todos estos actos horrorosos contra el movimiento social no pueden quedar en la impunidad; la resistencia y la memoria de los pueblos se encargarán de evidenciar lo que se quiere acallar e invisibilizar.

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