Por equipo de redacción

Foto: Cortesía estudiantes Surcolombiana

Recientemente el presidente Gustavo Petro Sancionó la Ley 2307 del 2023, que garantiza la gratuidad de la matrícula en las Instituciones de educación superior públicas. Esta ley fue uno de los estandartes de la campaña presidencial de Petro y su sanción expresa un compromiso real con lo prometido: garantizarles a todos y todas el derecho a la educación, una de las grandes deudas históricas del estado colombiano con la población más vulnerable a lo largo de toda la historia republicana. Con todo, esta ley en su aplicación aún suscita algunas preguntas.

Algunas limitaciones

Para empezar, los impactos del proyecto no se verán inmediatamente, en la medida en que pretende aplicarse de manera gradual, empezando desde unos niveles mínimos. Los incrementos en los recursos para este programa estarán condicionados por la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional.

Dado un presupuesto anual de la nación, el incremento del presupuesto destinado a las matrículas en las universidades e instituciones universitarias públicas dependerá de disminuir el presupuesto de otros sectores, por ejemplo, el de seguridad. Una disputa que se torna compleja cuando, en el marco de las elecciones regionales, los medios masivos y las élites políticas se han empecinado en sembrar el miedo en la población presentando la inseguridad en las calles de las grandes ciudades como consecuencia de la desinversión del gobierno nacional en el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Por otro lado, el decreto estipula un mínimo de edad de 28 años para quienes aspiran a acceder al beneficio de la matrícula cero. Eso implica que quienes hoy ya pasan de los 28 años y no han podido ingresar a la universidad por falta de recursos, no lo podrán hacer ya. Y quienes hoy tienen menos, pero no pueden acceder por falta de disponibilidad presupuestal del gobierno, en unos años ya no lo podrán hacer por exceder los límites de edad.

La gratuidad y la redistribución

El propósito de la política de gratuidad en la educación es contribuir a cerrar la brecha social, ahondada permanentemente por la desigualdad en las oportunidades. Es un hecho que en país con una estructura tan desigual como la nuestra, quienes más recursos tienen son los que pueden ingresar más fácilmente a la universidad y quienes ingresan a la universidad son quienes amplían su espectro de oportunidades económicas, intelectuales y sociales. La política de gratuidad pretende cortar este círculo vicioso. Pero en su encabezado ya la ley anuncia que los beneficios están dirigidos a todas las personas que estudian un pregrado en una institución universitaria pública, independiente de su estrato socioeconómico. Quiere decir que, en teoría, el Estado se obliga a financiar la educación superior pública de ricos y pobres.

Eso tendría sentido en un país con abundantes recursos económicos dedicados a la educación. Pero no es el caso de Colombia, y por eso la inversión en educación y el incremento de recursos para ella se hace depender siempre de la disponibilidad presupuestaria. Fiel al principio de la redistribución de la riqueza para generar un contexto de equidad, el gobierno debería financiar prioritariamente la matrícula de quienes no pueden pagar y exigir que quienes sí tienen paguen y en proporción a lo que tienen. De lo contrario, el Estado estaría desviando recursos para atender las necesidades de los más vulnerables hacia los más pudientes, lo cual sería una redistribución al revés, muy al estilo de las políticas neoliberales.

¿Y el examen de admisión?

Aunque el examen de admisión se presenta como una política de selección de los mejores (puro darwinismo social) lo cierto es que responde más bien a la imposibilidad de garantizarle la educación a todos y todas.  La mejor manera de garantizar que a la universidad lleguen jóvenes preparados y talentosos es fortaleciendo la educación básica pública, pero los gobiernos del último medio siglo han optado más bien por debilitarla para rentabilizar el negocio de la educación privada.

Las familias de clase media han entendido esto y por eso envían a sus hijos a colegios privados de mejor calidad y enfatizan en sus últimos años de formación en la preparación para el examen de admisión pagada en instituciones privadas. Eso explica la recomposición social vivida por la universidad pública en las últimas décadas, con mayor ingreso de personas de clase media alta y barreras de entradas o permanencia para los más empobrecidos. Por eso el espacio que más crece en dichas universidades parece ser el destinado a parqueaderos.

Si el gobierno mantiene la gratuidad de las matrículas para todos, independiente del estrato socioeconómico al que pertenece, sin modificar para nada sus políticas de admisión, estará fortaleciendo esta tendencia perversa. Cierto que la ley amarra en principio el beneficio de la gratuidad para quienes están inscritos en el Sisbén en las categorías más bajas. Pero en teoría se deja abierta una puerta que en la práctica ya está de par en par: exigirle al Estado la financiación de la educación de los más ricos, incluso en detrimento de los más pobres.

¿Y los posgrados?

En el discurso oficial parece naturalizarse la idea de que el posgrado es una especie de lujo que solo quienes tienen con qué deberían darse. Pero en la práctica, en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, los posgrados son hoy una necesidad importante. Hay muchas empresas donde el acceso y los ingresos dependen de los posgrados realizados. En las mismas universidades, todas las convocatorias docentes exigen título de posgrado, en su mayoría doctorado.

Pero los posgrados de la universidad pública dejaron de ser públicos, si alguna vez lo fueron, hace muchos años. La matrícula del posgrado tiene un precio estándar, independiente del nivel de ingresos del aspirante. Y casi siempre está entre los 8 y los doce millones, dependiendo del programa.  

La ley que garantiza la gratuidad en la matrícula en universidades públicas se limita a los pregrados. Así que no mueve las bases ni la lógica que han privatizado los posgrados, sin atenerse a la realidad de que hoy en el mercado laboral una persona que solo tiene un pregrado es como quien hace 20 años solo tenía el bachillerato. De esta manera profundiza las brechas de desigualdad, dejando cerrado el posgrado a los más pobres.

Con un agravante: hoy las universidades, por dirección del mismo Ministerio de Educación, han establecido una especie de división del trabajo entre los programas de pregrado y posgrado. Los primeros forman mano de obra calificada y barata, sin enfocarse para nada en los procesos de investigación e innovación tecnológica y científica. Por lo tanto, mantener la gratuidad solo en el plano de los pregrados no solo mantiene al país en su dependencia tecnológica y científica de los grandes centros de desarrollo económico, sino que amarra a los pobres en su lugar histórico: trabajadores calificados, pero baratos y precarizados. Ojalá, en el diseño de aplicación del decreto, el gobierno tenga en cuenta estas situaciones y otras que seguramente irán apareciendo en la medida en que nos atrevamos a hacer un análisis serio y riguroso de la política que encarna la ley que acaba de sancionar.