Por Sara Mejía

Foto: Cortesía de Valentina Quintín

En la ciudad de la eterna primavera las mujeres en la prostitución viven un eterno infierno. Detrás del brillo de sus elevados edificios, grandes puentes y abundante fiesta se esconde una aterradora y alarmante realidad que pone a las mujeres, niñas y adolescentes de la ciudad en una situación de vulnerabilidad. Y es que, en sectores como el Parque Lleras o Provenza, que son frecuentados cada día por cientos de extranjeros, existe y persiste un escenario escabroso de explotación sexual.

Según un informe de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) junto a la Universidad de Antioquia, en el año 2022 se registró un total de 178 casos de abuso sexual a menores de edad con fines económicos en la ciudad. A grandes rasgos, Antioquia se posicionó como el segundo departamento con más víctimas de trata de personas, según datos del Ministerio del Interior en el mismo año.  Estas cifras van mucho más allá de la estadística que conforman, representan vidas en riesgo y el sufrimiento de la explotación al antojo de alguien con dinero.

Si hay algo que alimenta este sombrío panorama es la llegada de miles de extranjeros a Medellín en busca de niñas, adolescentes y/o mujeres para explotarlas sexualmente, un factor que ha venido creciendo en los últimos 2 años. Y es que, hace 2 años, la Defensoría Regional de Antioquia tuvo que emitir una alerta sobre el rapto de niños y niñas para ponerlos a disposición de extranjeros y también de colombianos en apartamentos en zonas exclusivas de la ciudad como El Poblado. Pero los menores de edad no llegan allí solamente bajo el rapto; en la ciudad, dos hombres llamados Patrick Red y Casey Brown organizan eventos conocidos como “Gringo Parties”, los publicitan abiertamente en redes sociales, exigen ciertas características en las mujeres que asistan y les prometen dinero, transporte y una fiesta libre de “presiones” para sostener relaciones sexuales.

A cambio, a los extranjeros que pagan por estar en estas fiestas les prometen mujeres “elegantes, jóvenes, sin muchos tatuajes o piercings y hermosas”, tal como dice en una de sus publicidades de Instagram. Este tipo de eventos han normalizado la visión del cuerpo de las mujeres como algo por lo que se puede pagar, ha llegado al punto en el que las mujeres que van caminando por Provenza reciben ofrecimientos insistentes por parte de extranjeros, quienes les proponen tener sexo a cambio de pagarles cientos de dólares. Muchas mujeres afirman que ya no pueden caminar solas o con su grupo de amigas tranquilamente por allí, pues se ven acosadas con estas propuestas.

Estas situaciones son la traducción material del imaginario de cientos de extranjeros que incluso publican en sus redes sociales o en grupos de chat sus deseos de encontrar mujeres muy jóvenes, niñas, y cumplir sus fantasías de abusar de ellas, tal como ocurrió hace menos de dos meses con Stefan Andrés Correa. Un hombre ecuatoriano-estadounidense al que después de ser capturado se le descubrieron cientos de chats donde preguntaba por las características de las niñas por las que iba a pagar, preguntaba sus edades, afirmaba que no quería que ellas dijeran no, porque él tenía que disfrutar “aunque les duela”.

Los registros migratorios indican que entre 2022 y 2024 este hombre ingresó 45 veces al país. ¿Cómo es posible que esto no levante sospechas entre las autoridades aeroportuarias? Y si las levantó ¿no es acaso un gravísimo caso de negligencia que se acerca a la complicidad?

Ante esta cruda realidad, ha surgido un debate sobre cómo abordar de manera efectiva el problema. Si bien recientemente se creó la Dirección de Actividades Sexuales Pagas (parte de la estructura del MinIgualdad y se ubica en el Viceministerio de las Mujeres), algunas organizaciones abolicionistas critican esta medida y argumentan que desconoce las razones subyacentes por las cuales las mujeres ingresan a la prostitución y pasa por alto el hecho de que muchas lleguen allí siendo menores de edad. ¿Son víctimas hoy y si mañana cumplen 18 años se convierten en trabajadoras y dejan de ser víctimas de explotación?

La respuesta de la institucionalidad no ha sido efectiva ni ha resuelto esta problemática; por el contrario, ha fortalecido las visiones prohibicionistas y que criminalizan a las víctimas, no brindan soluciones de raíz, salidas alternativas y garantías para las mujeres en situación de prostitución. Ante el reciente escándalo del caso de Timothy Alan Livingston, estadounidense explotador sexual de dos niñas de 12 y 13 años en el Hotel Gotham en Medellín, la respuesta de las autoridades fue laxa y este hombre logró escapar del país, impune. Posterior a ello la Alcaldía de Medellín interpuso un toque de queda (decreto 0082 del 2024) para menores de edad en aquellas zonas de la ciudad donde se concentra la prostitución, como resultado de ello se sancionaron a más de 45 menores de edad que eran víctimas y ningún proxeneta o consumidor de prostitución fue sancionado.

¿Hacia dónde se están dirigiendo los esfuerzos de las autoridades y la institucionalidad? ¿Hacia quiénes son clientes y mantienen la prostitución y la explotación sexual como un negocio lucrativo o se están concentrando en criminalizar a quienes son víctimas de un sistema patriarcal que asienta la visión de nuestros cuerpos como productos despojados de toda dignidad y que pueden ser comercializados? Es imperante que se establezcan soluciones contundentes que vayan a la verdadera raíz del problema, que cuiden de las mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas. Soluciones que lleven a la creación de las condiciones materiales adecuadas para que ellas encuentren la salida, para que la vulnerabilidad y la desigualdad no lleven a las mujeres a poner sus cuerpos a disposición del mercado. No podemos continuar legitimando el discurso de que esta ciudad es un burdel a cielo abierto.