Por Rubén Darío Zapata

“El obrero es en la fábrica como una ficha de ajedrez”, Ilustración: Carlos Rengifo

La reforma laboral fue hundida en la comisión séptima del Senado de la República, después de haber sorteado la discusión en la Cámara de Representantes y haber sufrido allí varias mutilaciones. En la comisión séptima no se permitió siquiera la discusión ni hubo la posibilidad de discutir algunas propuestas alternativas que, supuestamente, pretendían subsanar falencias de la propuesta que había salido de la Cámara. Simplemente ocho de senadores integrantes de esta comisión se amangualaron e impusieron votar como primera opción el hundimiento de la reforma.

No era ni siquiera una reforma revolucionaria, simplemente pretendía recuperar para la clase obrera algunas conquistas que le habían sido arrebatadas por la ley 50 de 1991 y por sucesivas reformas durante los gobiernos de Uribe Vélez, quien también fue el ponente de la ley 50. Por supuesto que lo que se evidencia en la actitud de los ochos senadores que hundieron la reforma, y que no son los únicos que en el Congreso se oponen cerreramente a las reformas sociales, es una gran intransigencia, el convencimiento de poseer un gran poder que les permite cerrarse a cualquier negociación que ponga en entredicho el más pequeño de sus privilegios. Pero detrás de ello hay también una concepción del sentido de las reformas, que da cuenta de un sentimiento parecido de los capitalistas en el mundo, amparados en la concepción neoliberal de la economía y del Estado.

Para los neoliberales, toda posibilidad de bienestar social para los sectores populares pasa primero por las ventajas que con ello obtenga el capital. O, dicho de otra manera, el bienestar de los sectores populares lo puede garantizar solo el capital, y no el Estado, en la medida en que mantenga y fortaleza los flujos de acumulación. En la práctica este principio ha sido refutado por la vida misma, pues la acumulación de capital casi nunca garantiza mejorías para los sectores populares y sí en cambio lo contrario. Pero a la élite capitalista la coherencia de sus principios y el respaldo en las evidencias empíricas le importa un bledo y por eso quiere defender tozudamente, y no solo con el discurso sino también con las armas, sus principios.

En el caso de la reforma laboral, lo que alegan sus opositores es que no genera empleo. Pero se olvidan que las reformas sociales fueron concebidas como un mecanismo de redistribución de la riqueza en la sociedad para garantizar condiciones de vida digna para unos sectores que, abandonados a su suerte, es decir al hambre del capital, perderían incluso su condición de seres humanos. La reforma laboral no tiene como función generar empleo, para ello existen otros mecanismos y tiene mucho que ver con el real compromiso de la clase empresarial de sustentar en el largo plazo sus ganancias a partir del incremento constante en la productividad, el empleo y el consumo. La función de una reforma laboral es garantizarle a la clase obrera condiciones de vida digna no solo en el trabajo sino por fuera de él.

Por eso insiste en la regulación de la jornada laboral, de los salarios, de los derechos asociativos, del descanso en los festivos y su remuneración doble en caso de que se trabajen, etc. Pero los neoliberales confunden, y no por ignorancia, el bienestar de los trabajadores con el bienestar del capital, hacen depender el primero exclusivamente del segundo. Así, la ley 50 fue una reforma laboral a la medida del capital. La precariedad de los trabajadores a finales de la década de los 80 del siglo pasado fue la justificación para la reforma laboral que se pretendía con la ley 50. Pero esto era solo una disculpa oportunistamente aprovechada por los tecnócratas neoliberales. El propósito realmente era precarizar aún más las condiciones laborales y a los trabajadores para garantizar mejores ventajas al capital. La idea era que, reduciendo los costos laborales, el capital iba a estar más interesado en generar empleo: he ahí su política de generación de empleo. 30 años después vemos que el resultado fue todo lo contrario.

El caso es que la reforma laboral impulsada por el neoliberalismo eliminó prácticamente la estabilidad laboral, acabó con las asociaciones sindicales, estancó el crecimiento del salario real y declaró que el día iba desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche y que los domingos y festivos eran días como cualquier otro de semana, a fin de evitar el pago por recargo. Todo ello con el fin de disminuir los costos laborales para el capital. La ley 50 precarizó profundamente la vida laboral en Colombia sin contribuir para nada en la generación de empleo. Y ahora el reclamo frente a la propuesta de reforma laboral de este gobierno es que no genera empleo y carga demasiado a los empresarios. Lo que piden quienes se oponen a la reforma laboral no es otra cosa que más precarización para el trabajador y ventajas para el capital; es decir, todo lo contrario de lo que debería ser la reforma laboral, según el espíritu con que fueron concebidas las reformas sociales.

Esta es la actitud de una élite empresarial que ha decidido vivir de la renta más que de la producción y por eso se niega a fortalecer el desarrollo industrial y agroindustrial, a la implementación de una verdadera modernización del campo a partir de una reforma agraria, al fortalecimiento de una educación científica que pueda contribuir al desarrollo tecnológico propio, etc. Esta actitud ya no es posible combatirla sino desde la presión social en las calles, en las empresas, barrios, veredas y universidades. De lo contrario, la precarización de la vida en nuestro país puede alcanzar ribetes inimaginables.