Por Fredy Márquez Véliz

Roberto Sánchez, candidato de centro – izquierda disputará la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori Foto: Connie France, AFP

Hablar hoy del Perú es hablar de una profunda crisis política y social que todavía no encuentra salida. Detrás de la aparente estabilidad macroeconómica existe un país fracturado entre una élite económica que conserva el control del Estado y una mayoría popular que continúa esperando cambios profundos en el modelo neoliberal instaurado desde los años noventa. La elección de Pedro Castillo en 2021 representó un hecho histórico para millones de peruanos pobres, campesinos y excluidos. Maestro rural y dirigente sindical, Castillo simbolizó el ingreso al poder de sectores históricamente marginados por las élites limeñas. Su victoria expresó el rechazo popular al centralismo, al abandono estatal y a décadas de desigualdad social.

Sin embargo, desde el inicio de su gobierno enfrentó un cerco político permanente. Las clases dominantes jamás aceptaron plenamente su triunfo electoral. Los grandes medios de comunicación, sectores empresariales y el Congreso desarrollaron una estrategia constante de desestabilización basada en acusaciones permanentes, bloqueo institucional y confrontación política. En ese proceso, el papel de Keiko Fujimori y del fujimorismo ha sido decisivo. Aunque perdió las elecciones presidenciales de 2021, el fujimorismo mantuvo una enorme capacidad de poder dentro del Parlamento, del sistema judicial y buena parte del aparato propagandista. De hecho, puede afirmarse que en los últimos años quienes realmente han condicionado y gobernado el Perú han sido las mayorías conservadoras enquistadas en el Congreso.

El fujimorismo y sus aliados utilizaron sistemáticamente mecanismos de vacancia presidencial, censuras ministeriales y bloqueo parlamentario para impedir cualquier intento de reforma política o económica. El Congreso terminó convertido en un verdadero centro de conspiración antidemocrática y desestabilización permanente.

La caída y posterior encarcelamiento de Pedro Castillo en diciembre de 2022 profundizó aún más la crisis política. Para millones de ciudadanos del Perú profundo, especialmente en las regiones andinas, aquello fue vivido como una destitución ilegítima y como la confirmación de que el sistema político peruano sigue funcionando para proteger los intereses de las élites tradicionales.

Las protestas sociales que siguieron a la caída de Castillo fueron respondidas con una fuerte represión estatal. Cerca de setenta personas murieron y más de mil resultaron heridas durante las movilizaciones, particularmente en regiones del sur andino como Puno, Ayacucho, Cusco, Apurimac. Hasta hoy, las investigaciones no han identificado responsables políticos ni materiales por esas muertes. Por el contrario, numerosos dirigentes sociales y participantes de las protestas han sido perseguidos judicialmente y estigmatizados desde sectores políticos y mediáticos bajo acusaciones de “terrorismo”, reproduciendo viejas prácticas de criminalización de la protesta social en el Perú.

Pero, además, la caída de Castillo dejó otra consecuencia importante: la desintegración de la izquierda peruana como fuerza articulada y con capacidad nacional de conducción.

Hoy la izquierda aparece fragmentada, dispersa y sin liderazgos sólidos. Existen organizaciones progresistas, sectores sindicales y movimientos sociales activos, pero no existe una referencia política capaz de canalizar el enorme descontento popular acumulado en el país.

En ese escenario aparece Juntos por el Perú, espacio político que tiene entre sus principales figuras a Roberto Sánchez. Se trata de una propuesta de centroizquierda que plantea reformas democráticas y sociales dentro de mecanismos institucionales. Entre sus principales propuestas destaca el reemplazo de la Constitución de 1993, heredada del régimen de Alberto Fujimori, mediante un proceso democrático y participativo.

Esa propuesta conecta con una de las principales demandas surgidas durante las protestas sociales de los últimos años: la necesidad de construir un nuevo pacto social que permita superar el modelo neoliberal extremo instaurado en los años noventa.

Sería un error afirmar que la izquierda se ha debilitado tanto que no es una opción de gobierno en el escenario político peruano, porque lo que sí persiste es un importante bolsón electoral popular y contestatario, especialmente en las regiones del sur andino.

Moquegua, Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y otras regiones continúan expresando un fuerte rechazo al modelo neoliberal. Y no es casualidad. Son precisamente territorios ricos en minerales y recursos naturales donde operan grandes transnacionales mineras que generan enormes ganancias mientras las poblaciones locales siguen enfrentando pobreza, contaminación ambiental y abandono estatal. Allí permanece viva una memoria política de lucha social, exclusión histórica y resistencia frente al centralismo limeño. También sigue presente una fuerte demanda de soberanía sobre los recursos naturales y de redistribución de la riqueza nacional.

El gran problema del campo popular peruano es que hoy no existe un liderazgo capaz de representar esa emoción política contenida ni de articular un proyecto nacional alternativo.

Mientras tanto, la derecha conserva importantes cuotas de poder económico, judicial y mediático. El fujimorismo continúa siendo uno de los principales articuladores del modelo neoliberal peruano y mantiene una importante capacidad de influencia política.

La campaña electoral hacia 2026 ha confirmado el profundo nivel de fragmentación política que atraviesa el país. En una primera vuelta marcada por la dispersión extrema, con 36 candidaturas presidenciales, quedó en evidencia la crisis de representación y la incapacidad del sistema político para construir proyectos nacionales sólidos. Diversos sectores sostienen, además, que esta fragmentación ha resultado funcional al fujimorismo, históricamente interesado en impedir la consolidación de una alternativa popular unitaria.

Tras esa primera vuelta, el escenario quedó polarizado nuevamente entre Keiko Fujimori, quien disputa por cuarta vez la presidencia de la República, y Roberto Sánchez, representante de una propuesta reformista de centroizquierda que plantea cambios constitucionales y reformas democráticas. La actual segunda vuelta refleja las tensiones centrales del Perú contemporáneo: de un lado, la continuidad del modelo neoliberal defendido por el fujimorismo y las élites económicas; y del otro, una demanda popular de cambios estructurales que todavía busca una representación política sólida.

En el plano geopolítico, los sectores conservadores peruanos mantienen una clara alineación con la nueva derecha radical internacional. Existen coincidencias políticas con el gobierno de Javier Milei en Argentina, con sectores de la extrema derecha española vinculados a VOX, con posiciones abiertamente proisraelíes y con una política exterior subordinada históricamente a los intereses de Estados Unidos.

Para estos sectores, el Perú debe continuar funcionando como una economía abierta al capital transnacional y alineada geopolíticamente con Washington. Por ello rechazan cualquier intento de integración latinoamericana autónoma o de fortalecimiento de proyectos soberanos en la región.

El Perú vive hoy una paradoja permanente: existe un enorme malestar social y un fuerte deseo de transformación, pero todavía no aparece una fuerza política capaz de convertir ese descontento en mayoría organizada. El país parece dividido entre un establishment que busca preservar el modelo neoliberal y amplios sectores populares que continúan esperando cambios profundos en la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios públicos, la descentralización y la soberanía económica.

Lo que ocurra en la segunda vuelta electoral del próximo siete de junio, será importante no solo para los peruanos, sino también para América Latina. Bajo la aparente estabilidad económica existe un país profundamente desigual, donde millones de ciudadanos sienten que la democracia todavía no ha sido capaz de mejorar realmente sus condiciones de vida. Y mientras no aparezca una fuerza política capaz de organizar ese descontento popular, el Perú seguirá siendo un escenario de intensas disputas sociales y políticas en torno a su futuro.